Las medidas de extrema seguridad con Los Piratas de Aragua en el tribunal y cómo la Fiscalía está protegiendo a los testigos clave del caso

Por tercer día consecutivo la mañana de este jueves se reanudó de manera reservada la audiencia de reformalización de 14 integrantes de la célula en Chile de la banda Tren de Aragua, Los Piratas de Aragua. Es precisamente esa vinculación, y peligrosidad de los imputados, la que ha llevado al Poder Judicial, la Fiscalía y Gendarmería a tomar extremas medidas de seguridad para que se pueda llevar a cabo la comunicación de cargos de la organización criminal que es acusada, entre otras cosas, de secuestrar y asesinar a Ronald Ojeda.

En detalle, el Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (Ecoh) de la Fiscalía, en una investigación de los fiscales Héctor Barros y Álex Cortez, vincula a esta banda a al menos seis casos de alta complejidad, entre los que se encuentran extorsiones a comerciantes, secuestros y hasta homicidios.

Por lo mismo, y considerando que los líderes de la organización criminal están vinculados directamente con los principales líderes de la banda internacional que incluso ha sido declarada agrupación terrorista por Estados Unidos, ha llevado a las autoridades chilenas a tomar resguardos, ya que amenazas, motines y hasta huidas de cárceles figuran en el historial delictual del Tren de Aragua.

A esto se suma que audiencias con este número de imputados y peligrosidad delictual no había sido algo habitual hasta ahora en el sistema de justicia chileno. Sin ir más lejos, una de las pocas experiencias se vivió hace algunos meses y fue en la Región de Arica y Parinacota, donde la Fiscalía regional formalizó y llevó a juicio -ya condenados- a los integrantes de Los Gallegos. En esa oportunidad también se tomaron una serie de medidas de seguridad, se dictaminaron comparecencias telemáticas y se resguardó a las víctimas y testigos.

La segunda etapa de la audiencia de reformalización, que comenzó este martes, corresponde a la comunicación de cargos de imputados que ya están presos y es la continuación de la formalización de la banda de la semana pasada, instancia en la que se levantaron cargos en ausencia en contra de tres sujetos detenidos en el extranjero, además de otros dos detenidos recientemente en la toma Santa Marta, en Maipú.

Desde entonces Gendarmería aumentó la protección en el Centro de Justicia, donde incluso se pudo ver el despliegue de funcionarios del Centro Especial de Adiestramiento Canino (CEAC), quienes resguardaban la zona acompañados de perros entrenados en materia de seguridad. Desde la institución, si bien no detallan las medidas de seguridad, más aun considerando el perfil de los imputados, sí sostuvieron que “existe un operativo coordinado también con Carabineros para este tipo de situaciones”.

La policía uniformada, por su parte, también dispuso de funcionarios policiales en el exterior, donde incluso se bloquearon los estacionamientos del frontis del recinto judicial ubicado en la Avenida Pedro Montt.

Pero no solo en el exterior del Centro de Justicia se tomaron medidas de seguridad, sino que también en su interior. Tras la reanudación de la audiencia, y en un extenso debate, tanto la Fiscalía, querellantes y defensas discutieron cómo debía llevarse a cabo la instancia, en la que los defensores plantearon posibles dificultades en su trabajo si es que no estaban presentes los imputados.

Y es que a esa hora la jueza del 11° Juzgado de Garantía de Santiago ya tenía en su poder -según lo expuso en la audiencia- un informe enviado por Gendarmería, y al que tuvo acceso La Tercera, en el que la institución pedía al tribunal que los integrantes de Los Piratas no fueran trasladados al tribunal “por razones de seguridad para minimizar cualquier riesgo o escenario que pudiera afectar la esfera de custodia”.

El escrito presentado por la institución penitenciaria pedía que los imputados no fueran trasladados de las cárceles, como ocurre en toda audiencia, y que comparecieran desde los recintos en los que están recluidos ante la “eventual ocurrencia de un evento crítico, como un intento de evasión o de extracción en las dependencias del tribunal, situación que podría poner en riesgo directo no solo la integridad de los mismos internos, sino que de los intervinientes en la audiencia, de los funcionarios judiciales, del personal de Gendarmería y de terceros que concurran al Centro de Justicia”.

A la magistrada, según comunicó en la audiencia reservada llevada a cabo en la sala 101 del Centro de Justicia, el Código Procesal Penal le permite poder establecer la manera en la que deben comparecer los imputados y, además, dio cuenta que se trata de una banda vinculada al Tren de Aragua y que en otras causas con la misma relación se han tomado medidas similares a las pedidas por Gendarmería sobre la comparecencia a través de Zoom.

En ese sentido, según la resolución de la magistrada, el tribunal estimó “que la petición debe ser acogida ya que además en este caso la audiencia que se está realizando se está llevando a cabo con 14 imputados, lo que hace más peligrosa la situación de seguridad, por la gran cantidad de internos que concurre, los cuales incluso ya se encuentra privados de libertad por delitos graves por otros tribunales”.

Pese a eso, el tribunal también consideró los incidentes planteados por las defensas y determinó que una los abogados tendrá una hora, antes de la audiencia, y otra hora después, para entrevistarse con sus defendidos. Además, después de la Fiscalía y los querellantes -entre ellos la familia de Ronald Ojeda, representada por Juan Carlos Manríquez y el Ministerio del Interior- tendrán tiempo para poder hablar con ellos y preparar sus defensas.

Solo en la causa de Ronald Ojeda, uno de los seis casos que la Fiscalía le imputa a Los Piratas de Aragua, el Ministerio Público tiene siete testigos reservados, quienes han entregado testimonios claves en la indagatoria. Incluso, uno de ellos expuso que el secuestro y asesinato del exmilitar había sido ordenado y pagado por el régimen de Venezuela.

En ese sentido, y considerando el riesgo que estos corren al haber expuesto dicha información, es que la Fiscalía los tiene considerados en la Unidad de Víctimas y Testigos. Dicha repartición, según establece el sistema, se encarga de entregar protección y apoyo a las personas vinculadas a una causa ya sea como víctimas o testigos de un caso.

La protección o apoyo que se entrega va a depender del riesgo que tenga cada persona en una causa. El 2024 la Fiscalía Nacional explicó que “las prestaciones son múltiples y variadas, y responden a un análisis de un equipo multidisciplinario que analiza caso a caso. Pueden variar desde resguardo de identidad durante proceso penal tanto en la etapa investigativa como durante el juicio oral; reubicación temporal o permanente; medidas de seguridad personales y domiciliaria; protección especial de las policías, entre otras”.

En este caso, según fuentes de La Tercera, los testigos y víctimas de la causa contra Los Piratas tienen diferentes grados de protección, desde contactos directos de emergencia con el Ministerio Público y las policías, hasta reubicaciones. Pese a eso, estas se manejan con el mayor recelo y protección; de hecho, solo un número muy acotado de personas puede conocerlas.

Consultados al respecto, desde la Fiscalía Metropolitana Sur afirmaron que estas no pueden ser entregadas, pero especificaron que son aplicadas por la Unidad de Víctimas y Testigos del Equipo ECOH.