“Javiera Martínez es probablemente la mejor directora de Presupuestos que hemos tenido (...) y en esa comparación me incluyo”. Con esas palabras el ministro de Hacienda, Mario Marcel, blindó ayer a Javiera Martínez (RD).

Las declaraciones del jefe de las arcas fiscales respondieron a los cuestionamientos que han surgido en la oposición respecto del rol de la ingeniera civil en el lío de platas entre fundaciones y el Estado, en que el Ministerio Público indaga delitos de corrupción y que mantiene complicado al gobierno del Presidente Gabriel Boric. A él se sumó hoy la jefa del gabinete, Carolina Tohá, quien señaló que “Javiera Martínez no ha hecho nada malo″ y la vocera Camila Vallejo, quien sostuvo que “esto tiene que ser siempre caiga quien caiga, pero no por eso deben pagar justos por pecadores”.

A la directora de Presupuestos se le cuestiona por cambios que flexibilizaron la ejecución del Presupuesto 2023 en la partida de Gobiernos Regionales, lo que -a juicio de la oposición- habría facilitado el polémico esquema de transferencias. Además, su nombre ha surgido en el mapa de la crisis por integrar el Consejo de Auditoría que -según reveló La Segunda- eliminó el año pasado la obligatoriedad de requerir información sobre conciliaciones bancarias, transferencias, sumarios, estados financieros, conflictos de interés, entre otros, en los procesos de auditoría de la ejecución de recursos de cada ministerio.

¿Pero qué hay detrás de la defensa de Marcel? En el gobierno afirman que ambos cuestionamientos son injustos y confunden cuestiones básicas respecto del rol de la Dipres, por lo que el ministro se vio en la necesidad de aclarar.

Hacienda y Dipres explican -en privado- que Martínez identificó en la Ley de Presupuestos 2022 que había mayores incentivos a transferir a instituciones privadas por sobre las públicas y a una tardía ejecución presupuestaria. Y que, a partir de ese diagnóstico, se propusieron modificaciones en el proyecto de Ley de Presupuestos de 2023, el primero de esta administración y actualmente vigente. “Este reordenamiento implicó crear una partida presupuestaria y modificar glosas, lo que se realizó para equiparar la regulación de los Gobiernos Regionales a la del Gobierno Central”, afirman en Palacio.

En ese sentido, en La Moneda argumentan que los convenios que investiga hoy la Fiscalía contemplan recursos de la Ley de Presupuestos 2022 -tramitada en 2021- o anteriores. “Por el contrario, los cambios cuestionados por la prensa escrita en la partida de los gobiernos regionales se realizaron a la Ley de Presupuestos 2023. Por lo mismo, los problemas detectados en los convenios de Gobiernos Regionales no pueden obedecer a cambios que se implementaron en un año posterior”, señala una fuente que conoció del proceso.

Respecto del Consejo de Auditorías, en el Ejecutivo recalcan que la instancia no se ha reunido durante este gobierno, por lo que ninguna decisión pudo haber pasado ni por Martínez ni por la subsecretaria de Segpres, Macarena Lobos. La determinación, como señalaron desde Segpres en un comunicado el viernes, tuvo consideraciones meramente técnicas y no políticas.

En la Dipres además enfatizan que dentro de sus funciones está realizar reasignaciones presupuestarias, pero que eso es solo una tramitación procedimental, donde no hay un pronunciamiento sobre el mérito del gasto ni de la institución ejecutora, sino que revisa la disponibilidad de recursos y la ejecución presupuestaria del servicio.

Pero entre sus críticos también han cuestionado el vínculo de Martínez con Daniel Andrade, expareja de la diputada Catalina Pérez y representante legal de Democracia Viva, fundación por la que se destapó el escándalo por los convenios. La actual jefa de la Dipres también fue pareja de Andrade. Pero en el gobierno explican que su vínculo con él terminó mucho antes de que la ingeniera asumiera en el gobierno y que ninguna de sus decisiones pudieron entonces ir en línea con cualquier beneficio hacia él como -dicen- han buscado “instalar injustamente” desde sectores interesados.

Esa crítica la ha transmitido públicamente el senador Fidel Espinoza (PS) y de manera menos explícita el exabanderado presidencial José Antonio Kast (Partido Republicano). Andrade, cuando rompió el silencio la semana pasada en Chilevisión, sostuvo: “Yo no he hablado con Martínez desde que terminamos”.

Pero lejos de despejar el camino para Martínez, el respaldo de Marcel, Tohá y Vallejo terminó poniéndola en el centro del debate esta mañana. El titular de Hacienda volvió a abordar sus dichos, mientras que dirigentes opositores fueron consultados y redoblaron su ofensiva.

“Este país ha tenido muy buenos directores de Presupuesto. Los he conocido prácticamente a todos, pero a ninguno de nosotros nos tocó hacer un ajuste fiscal como el que tuvimos en 2022. Ese ajuste fiscal no solo fue profundo, sino que se hizo sin conflicto político y protegiendo a las familias de menores ingresos. Para mí ese fue un desafío que a ninguno de nosotros nos tocó y Javiera Martínez lo hizo con brillantez. No son cosas que salgan en los diarios o que llamen la atención”, reiteró Marcel.

En la derecha, en tanto, subieron el tono contra Martínez. “A Chile Vamos le llama mucho la atención la operación blindaje a la directora de Presupuestos (...) nos lleva a una sospecha mucho mayor”, dijo esta mañana el líder de la UDI, Javier Macaya.

“Aquí lo que estamos planteando es transparencia, en la medida que las autoridades tengan la capacidad de aclarar las dudas. Lo que pasa en este momento es que no hay confianza, y eso es mayoritario en la ciudadanía. No hay despeje de toda la nebulosa que rodea todos estos casos de corrupción. Somos respetuosos de la facultad del Presidente para tomar sus decisiones. Pero hay momentos en que el costo de esas decisiones, o de la permanencia de algunas personas, es mayor para el país que removerlas”, agregó la líder de Evópoli, Gloria Hutt.

Su par de RN, Francisco Chahuán, advirtió que “nos parece complejo las instrucciones para flexibilizar los requisitos de antigüedad para que fundaciones puedan obtener fondos públicos. Y nos parece compleja las discrepancias que ha habido entre ministros de Estado, particularmente el ministro Montes. Respecto de la actuación de la Dipres, creemos que acá debe darse cuenta de cuál fue el origen de las instrucciones que permitieron que los departamentos de auditoría no informaran adecuadamente respecto de las transferencias de terceros”.

En el gobierno no sorprende la defensa de Marcel a Martínez. En La Moneda su calidad técnica es valorada de manera transversal. Tanto así que tras conocerse el escándalo por el lío de platas, el comité político le encargó especialmente a ella y a Lobos que hicieran un levantamiento de información de todos los convenios.

Martínez fue uno de los cerebros de Revolución Democrática, junto al ministro Giorgio Jackson (Mideso) y el ahora jefe de asesores del Presidente, Miguel Crispi. Sus orígenes políticos provienen de Nueva Acción Universitaria (NAU), tras su paso por Ingeniería Civil en la Universidad Católica, donde incluso llegó a ser primera secretaria ejecutiva de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (FEUC).

En el 2013 fue jefa de campaña de la carrera de Jackson para la Diputación y entre 2014 y 2016 fue uno de los rostros de la denominada “colaboración crítica” del Frente Amplio al gobierno de Michelle Bachelet, sumándose a los equipos del Ministerio de Educación que lideraron primero Nicolás Eyzaguirre y luego Adriana Delpiano.

La ingeniera de 36 años también fue fundadora de la Fundación Rumbo Colectivo, instancia que fue plataforma para lo que serían las bases del programa de gobierno del Presidente Boric. De hecho, ella fue su jefa de programa y luego tuvo un rol clave en la elaboración de la reforma tributaria.

Sobre su relación con el Mandatario, en el gobierno aseguran que se trata de un vínculo de respeto y confianza política.