Las razones de La Moneda para optar por Morales y la tibia reacción del PC y PPD en el Senado

A pesar de que al mediodía de ayer La Moneda aún no enviaba su propuesta de nuevo fiscal nacional, la Comisión de Constitución del Senado acordó citar para el próximo lunes a una sesión especial para analizar la nominación del Presidente Gabriel Boric.

Según informó el presidente de la instancia, el senador Matías Walker (Partido Demócrata), una vez que sea escuchado el candidato planteado por La Moneda, la idea es votar el martes 29 o miércoles 30 su nombramiento en la sala de la Cámara Alta, lo que requiere del consentimiento de 33 senadores.

Si bien en el gobierno había confianza en que se tendrían los votos, había una cuota de suspenso respecto de si el fiscal regional metropolitano Centro Norte, José Morales, alcanzaría los apoyos suficientes para asumir por un plazo de 8 años la jefatura del Ministerio Público. De hecho, las reacciones a su nominación fueron tibias, aún cuando era uno de los favoritos dentro de la lista de cinco postulantes que elaboró la Corte Suprema tras un concurso público.

Ayer, solo Walker y los jefes de senadores de la UDI, Iván Moreira, y del PS, José Miguel Insulza, expresaron señales positivas, mientras que desde el PC, RN y la bancada del PPD optaron por la cautela.

“Nos parece que es una designación que guarda relación con una de las primeras mayorías de la Corte Suprema y, por lo tanto, corresponde apoyar la nominación que hace el Presidente de la República. Necesitamos un fiscal nacional que esté empoderado”, dijo Walker.

“Valoramos que el Presidente Boric se haya tomado el tiempo necesario... Tenemos una buena impresión del fiscal José Morales”, expresó Moreira, quien añadió que esperaba que su nombre “sea ratificado”.

“Voy a votar por quien designó el Presidente de la República. (Además), haber obtenido 17 votos de 20 ministros de la Suprema... Eso me basta”, señaló Insulza, quien admitió que en su bancada no hay unanimidad: “Es una decisión de cada cual”.

Con mayor prudencia reaccionó el senador independiente PPD, Pedro Araya. “Me interesa conocer cuál es su visión y sus propuestas. El Senado debe hacer una exhaustiva revisión de los antecedentes de José Morales para ver si reúne los méritos para ser fiscal nacional”, comentó.

En RN las opiniones estaban divididas, pues antes de la nominación algunos apoyaban al abogado Ángel Valencia y otros al fiscal regional de Aysén, Carlos Palma. Mañana los senadores discutirán el tema en su almuerzo de bancada, pero algunos ven un pronóstico positivo de que no habría un rechazo al candidato. “Todos los candidatos tenían atributos para poder ejercer el rol de fiscal nacional en un momento clave. Por supuesto que Morales era uno de los buenos nombres”, dijo el senador y presidente de RN, Francisco Chahuán.

Mayor distancia hubo desde el Partido Comunista. “Valoro la decisión que tomó el Presidente”, dijo el jefe de los senadores PC, Daniel Núñez, quien precisó, sin embargo, que “voy a estudiar con mucho detalle los antecedentes del candidato Morales. Su quehacer. Y nos interesa que él se defina en temas sensibles. Es esencial para nosotros saber que no va a haber ningún trato privilegiado para ningún sector de la sociedad ni sector político ni poder económico”.

Un poco más explícita fue la diputada PC Karol Cariola, quien si bien no le corresponde votar en esta nominación, dijo que “personalmente tenía diferencias y observaciones sobre el comportamiento histórico que ha tenido el señor Morales”.

Si bien la idea del Mandatario era enviar su proposición la semana pasada, los vetos cruzados, la falta de entusiasmo que había en el gobierno respecto de los cinco nombres que escogió la Corte Suprema y la renuncia informal de uno de los postulantes, enredaron la decisión presidencial.

Incluso, fuentes de La Moneda admiten que se consultó informalmente al máximo tribunal la posibilidad de rellenar la quina enviada inicialmente, dado que el abogado penalista Rodrigo Ríos expresó a algunos medios de comunicación su ánimo de no seguir en carrera.

El problema es que las renuncias no están contempladas por la ley del Ministerio Público ni por la Constitución, por lo que la respuesta de la Suprema fue que no cabía esa alternativa, señalan fuentes gubernamentales.

La jugada del gobierno era precisamente incluir a una de las candidatas que quedaron fuera de la selección, por ejemplo, la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, o la secretaria general de la Contraloría, Nelly Salvo, ambas abogadas cercanas ideológicamente al oficialismo.

Aunque la quina elaborada por la Suprema tenía dos claros favoritos -el fiscal Morales y el abogado Valencia (ambos empatados con 17 votos expresados por los altos magistrados dentro del proceso de selección del Poder Judicial)-, al primero le favoreció el respaldo que le brindaron dirigentes de derecha y su experiencia a cargo de una fiscalía compleja en temas de seguridad y delincuencia.

“Para nosotros es muy importante que exista como prioridad la seguridad ciudadana, que haya importancia en la lucha contra el crimen organizado y también mejorar los resultados en materia de persecución penal y la respuesta a las víctimas”, dijo la ministra vocera Camila Vallejo tras la reunión del comité político ampliado, en La Moneda.

“Los criterios utilizados son aquellos que buscan sintonizar con las prioridades de los chilenos (…). El nombramiento se basa en un paso previo, es uno de los candidatos que alcanza mayor apoyo de la Corte Suprema”, añadió la titular de Justicia, Marcela Ríos.

Los vetos también jugaron un rol en este proceso. De hecho, una de las primeras desechadas en la ronda de consultas que realizó la ministra de Justicia, Marcela Ríos, fue la jefa de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público, Marta Herrera. Si bien la abogada fue la tercera más votada por los ministros de la Suprema (con 9 preferencias), su rol como asesora en el equipo de Abbott, de quien existe una mala evaluación entre senadores, le jugaba en contra. En el Congreso, eran varios que advertían que rechazarían una carta que significara la continuidad de la gestión del exfiscal nacional.

Incluso, entre los senadores generó preocupación la versión de que La Moneda propondría a Herrera, a sabiendas de que sería rechazada en el Senado, con el mero objetivo de obligar a la Suprema a rehacer la quina. La Constitución señala que en caso de que la carta nominada por el Presidente no cuente con la aprobación de dos tercios de la Cámara Alta (33 senadores), el máximo tribunal debe escoger un nuevo nombre para completar la quina, reemplazando el nombre del rechazado. Así sucesivamente, hasta que se logre un consenso.

Por ello, la lista al final de posibles al final se redujo a solo tres favoritos: Morales, Valencia y Palma (quien obtuvo siete votos en la Suprema), ya que Rodrigo Ríos, además de su renuncia informal, estaba igualmente descartado por ser el menos votado por los magistrados (con solo tres apoyos) y tener un antecedente negativo en su trayectoria al haber defendido a un narcotraficante en un juicio de extradición.

Respecto de Valencia, si bien era el preferido en la Comisión de Constitución del Senado, grupos feministas lo cuestionaron por haber defendido al juez de garantía de Rancagua, Luis Barría, quien fue formalizado por una caso de abuso sexual.

A Palma, en tanto, sectores de izquierda lo veían más ligado a la derecha. De hecho, uno de sus principales promotores era el senador UDI por Aysén, David Sandoval, aunque también contaba con el apoyo de algunos integrantes de las bancadas de RN, del PS y del PPD.