Las razones que obligaron al receso del juicio de SQM por financiamiento irregular de la política

A pocos días de que se cumpla un año del inicio del juicio por el caso SQM -que investiga el presunto financiamiento irregular de parte de la minera no metálica-, el Tercer Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal (TOP) de Santiago decretó su suspensión temporal por las vacaciones de todos los intervinientes en la causa.

El receso del juicio, que comenzó el 13 de febrero de 2023, se determinó luego de que las defensas ingresaran en noviembre una solicitud formal para su suspensión. Se espera que el proceso se extienda por dos años, incluso los intervinientes sostienen que podría durar otros tres años más.

En la causa, en la cual se investiga el presunto financiamiento irregular de la política, con delitos como cohecho, están acusadas ocho personas, entre ellos el exministro de Economía Pablo Longueira (exUDI) y el excandidato presidencial Marco Enríquez-Ominami (ex-PRO). Además de otros seis imputados, como el otrora director ejecutivo de SQM, Patricio Contesse.

La investigación y juzgamiento de esta causa, ya se ha extendido por ocho años -desde 2015-. En este periodo, el caso SQM ha tenido una serie de contratiempos, los que incluso tuvieron que aplazar el inicio del juicio oral a comienzos de febrero del año pasado. Además de eso, los imputados en la causa también han recurrido a otras instancias acusando una “pena anticipada” precisamente por la extensión que ha tomado el caso, llegando hasta la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional (TC).

La solicitud de suspensión del juicio oral fue ingresada en primera instancia por la defensa de Patricio Contesse, Carmen Valdivieso, Marisol Cavieres, Marcelo Rozas, Roberto León y Pablo Longueira el 9 de noviembre pasado. Requerimiento a la que posteriormente también se plegaron, un día después, los abogados del excandidato presidencial del PRO y de Cristian Warner, exasesor de ME-O.

Todos los intervinientes de la causa estuvieron de acuerdo con la solicitud de suspensión, según consta en el expediente e historial del caso, en el cual también consta el requerimiento que ingresó la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, para allanarse a lo solicitado por las defensas. Algo a lo que también se sumó el Servicio de Impuestos Internos (SII), querellante en el caso.

El requerimiento de todos los intervinientes finalmente fue acogido por las magistradas del tribunal, decretando así la suspensión del juicio desde este lunes 5 de febrero y hasta el 16 del mismo mes, fundado principalmente en que el 13 de febrero se cumple un año desde que comenzó la última etapa de la causa que se investiga desde 2015. Durante la última audiencia de este viernes, el TOP concluyó que se retomarán las audiencias el próximo lunes 19 de febrero.

Ciro Colombara, abogado de Marco Enríquez-Ominami, sostiene que frente a un juicio que lleva ya un año “no hay otra que parar por vacaciones, especialmente por las magistradas, que son las únicas que deben estar todos los días. No así por los abogados del Ministerio Público que se turnan para ir, y menos por las dos abogadas de la Fiscalía que tienen dedicación exclusiva desde hace 9 años”.

La defensa de Pablo Longueira, Joanna Heskia, afirma por su parte que las magistradas tienen que asistir todos los días, “ha sido un juicio sumamente largo y yo creo que ni siquiera vamos en la mitad todavía. Espero que este tiempo de suspensión o de receso permita repensar a la Fiscalía su forma de presentar su prueba porque, a juicio de esta defensa, se ha hecho muy poca selección de la prueba, y como ya he señalado antes, se ha presentado prueba absolutamente sobreabundante”.

Uno de los últimos hitos que ha marcado el desarrollo del juicio de SQM, es precisamente la resolución de otras instancias judicial o tribunales respecto a esta causa. El 28 de abril del 2023 la Corte Suprema consideró que la asistencia diaria obligatoria -como ocurre en todos los juicios- de los intervinientes era ilegal considerando la extensión que tendrá la instancia en este caso, decretando que los intervinientes deben estar presentes sólo cuando se exponga prueba que los vincule.

A dicha resolución de comienzos del año pasado, hace algunas semanas se ha sumado el Tribunal Constitucional (TC) que ha acogido particularmente los requerimientos ingresados por los intervinientes que pidieron que se declarara inconstitucional la comparecencia diaria de los imputados. De hecho, incluso las mismas magistradas del Tercer Tribunal Oral en Lo Penal de Santiago recurrieron por lo mismo.

El tribunal encabezado por Nancy Yáñez declaró inconstitucional dicha comparecencia, por lo cual estableció que los imputados no están obligados -al igual que la Suprema- a asistir todos los días. Colombara concluye que están “muy satisfechos con que el TC nos haya dado la razón, al igual que a las magistradas. La pretensión en contrario de los abogados del Ministerio Público era absurda y solo tenía como objeto transformar el juicio oral en una pena anticipada. Pretender que una persona que se presume inocente deba estar durante 2 o 4 años de 9 a 14 horas en un tribunal, significa que no pueden trabajar ni tener una vida normal. Es decir, arruinar su vida”.