Las veces que Alejandro Navarro defendió a las empresas de Alberto Scuncio, el cuestionado proveedor de cajas del gobierno

“El cierre es injusto y arbitrario ya que la deuda que registra el municipio con la embotelladora pertenece a una razón social distinta que se fue a quiebra con anterioridad”.

Así, el 25 de marzo de 2015 el senador Alejandro Navarro defendía a la Embotelladora Dos Banderas e intercedía ante el municipio de Coronel, que por entonces había definido decretar la clausura de la empresa por el no pago de patentes municipales.

La defensa del parlamentario no habría llamado la atención si no fuera porque la embotelladora es parte de una de las sociedades de propiedad de Alberto Scuncio Umaña, argentino que es dueño de la principal empresa proveedora de cajas del plan Alimentos para Chile, que durante dos meses entregó canastas de alimentos tras un anuncio del Presidente Piñera. El problema es que tanto Scuncio y una de sus sociedades están en medio de un juicio con el Banco Security, que entre 2019 y 2020 decidió congelar sus cuentas atribuyéndolo a sospechas de una eventual conexión con lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Mientras, en paralelo, según reveló esta semana El Mostrador, son objeto de una investigación por parte del Departamento de Justicia de EE.UU. por sus vínculos con Venezuela, país al cual exportan alimentos que van a parar a las cuestionadas cajas CLAP.

Tanto Navarro como Scuncio -el primero, públicamente, y el segundo a través de sus redes sociales-, han apoyado al chavismo y al actual presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

“Esta empresa ha debido sortear el terremoto del 2010, un proceso de quiebra, siendo recién en enero de 2012 autorizada por Tribunales para la continuidad de giro, por lo que los trabajadores podían seguir desarrollando sus labores mientras la empresa estaba a cargo de un síndico de quiebras quien ordenó las deudas, con el objeto de poder atender el pago de todos sus créditos”, defendió luego Navarro, en una publicación en su sitio web.

El senador se enfrentaba con el entonces alcalde de Coronel, Leonidas Romero, hoy diputado de RN por la zona. Romero, así como aseguran en privado otros dirigentes y exdirigentes opositores del sector, afirma que entre el senador y Scuncio había una cercanía. Navarro, quien ha sido consultado por este y otros medios en varias ocasiones, ha guardado silencio hasta ahora.

Romero apunta dos ejemplos. El primero fue algo que a Romero le tocó de cerca.

“En Coronel hace varias décadas que se instalaron con una empresa embotelladora de bebidas, llamada Point Cola y conocida en la región como Caca-Cola. Estuvo funcionando en el gobierno regional de René Carvajal, que es el marido de la exdiputada Clemira Pacheco. Estuvo décadas funcionando sin patente municipal ni permiso sanitario. Por eso la demandamos. Cuando asumí demandé a la empresa y en esa oportunidad, un funcionario y amigo del senador Navarro, llegó a hablar conmigo para que no cobrara”, recuerda Romero.

“No le hice caso y seguí adelante. Conozco la relación de cercanía y amistad que mantiene el senador Navarro con esta familia que la verdad es que es bastante irregular como funcionan”, afirma.

El diputado recuerda que cuando demandó a la empresa, “tenían que pagar cerca de $500 millones en patentes. Pero fueron tan astutos que la iniciación de actividades primero estaba a nombre de él (Alberto Scuncio), después la traspasó al nombre del hijo y luego a su mujer. Tienen todos los resquicios legales para no pagar. No sé si el actual alcalde siguió con la demanda, pero a mí me preocupa lo que está ocurriendo, porque siguen adjudicándose proyectos a nivel nacional donde sin duda hay un acto de corrupción tremendo y donde los asesores del presidente Piñera tienen que informarle”.

El segundo capítulo fue la entrega de parte de Navarro de agua embotellada luego del terremoto de 2010. “No teníamos agua potable, fueron varias semanas. Y el senador Navarro entregó agua envasada con el logo de la Point Cola, era un regalo. Pero al poco andar, una vez que se normalizó la situación, Navarro hizo presión, y entregó al Gobierno Regional una factura cobrando, y se le pagó toda el agua que inicialmente era un regalo. Hizo gestiones para que le pagaran a su amigo Scuncio. Se pagó eso”. El diputado afirma que “da la impresión de que más que cercanía de amistad, fueran socios”.

Hay un registro factual de ello. El 24 de enero de 2011, un concejal UDI de la comuna de Yumbel, Freddy Winter, reclamó en un concejo municipal -que entonces dirigía el fallecido alcalde Camilo Cabezas- la entrega de botellas de agua por parte de Navarro, cuyas etiquetas habían sido cambiadas por fotos del senador. Las botellas, además, habían sido repartidas por funcionarios municipales.

“Sr. Presidente, solicito por su intermedio una pronunciación de la Unidad de Control sobre el siguiente tema que involucra a la Administración. Con fecha 20 de Enero del presente mes, se entregó a los peregrinos que asisten a la festividad de San Sebastián, botellas con agua (Botella desechable de 500 cc de agua purificada marca Du Four), cuyos envases contenían a mi juicio propaganda política aludiendo al Alcalde Camilo Cabezas y al Senador Alejandro Navarro, para la distribución se utilizó personal Contratado por la Municipalidad (...), uso de choferes y vehículos Municipales”, denunció el concejal, según se lee en el acta del 24 de enero de 2011.

Dufour era una de las marcas producidas por la Embotelladora Llacolén, propiedad de Scuncio, que en 2015 cambió al nombre Dos Banderas. En 2002, el argentino había creado la sociedad “Dufour Bebidas S.A.” junto al fundador de Sky Airlines Jürgen Paulman y al emprendedor Marcelo Guital, quien creó Aguas Benedictino. Hoy, Holger Paulman (hijo de Jürgen) y Guital afirman que los negocios se discontinuaron y que no mantienen relación con Scuncio.

La denuncia del concejal Winter terminó con una investigación especial de la Contraloría al municipio de Yumbel. El 27 de septiembre de 2011, el órgano sostuvo que el alcalde Cabezas “habría contravenido el principio de probidad administrativa (...) al emplear bienes de la institución en en actividades ajenas a la función municipal”. Además decretó una investigación sumaria por el uso de autos municipales.

Un año después, en 2012, tanto el senador Navarro como su par PS Juan Pablo Letelier defendieron a la empresa. Lo hicieron en la sala del Senado, al argumentar en un proyecto que reformaba a la entonces Superintendencia de Quiebras.

“Debo dejar constancia de las paradojas que vivimos y que se reflejan en una empresa llamada Embotelladora Llacolén”, dijo Letelier, según consigna el acta de la sesión del 20 de junio de 2012.

“Su comportamiento con motivo del terremoto en la Octava Región fue considerado heroico, porque entregó a los damnificados más agua que la que procuró ESSBIO. Sin embargo, fue saqueada y destruida en esos días tan oscuros después del sismo. La aseguradora se demoró muchísimo en pagarle los daños, pese a tener contratado el seguro con el banco que, a su vez, era su acreedor. Entonces, lo paradójico de la vida es que una empresa que se destacó por su desempeño en la Región del Biobío, en la zona de Concepción, Coronel, Lota y alrededores, durante meses ha estado intervenida por la Superintendencia de Quiebras. De modo que se está a punto de destruir una empresa que, si no fuese por los fenómenos de la naturaleza, se encontraría sana, distribuyendo sus productos en el mercado. ¡Es una paradoja!”, dijo.

Momentos después, fue el turno de Navarro. “Actualmente, como ya señaló el Senador Letelier, hay una compañía en dificultades en mi Región: la Embotelladora Llacolén. Y todo indica que el único que quiere la quiebra es el síndico. No la desean ni los acreedores ni los trabajadores ni los propietarios, pues la empresa está en condiciones especialísimas de vigencia total”.

¿Qué dice Scuncio? La Tercera PM le consultó sobre sus vínculos con el senador Navarro, y el empresario argentino aseguró conocer al parlamentario debido a su actividad en Coronel, añadiendo no tener mayor cercanía con él. “Así como conozco a muchas personas, también lo conozco a él, al igual que a diputados y otros senadores”, concluyó.

A la fecha, hay dos juicios abiertos entre la familia Scuncio y la municipalidad de Coronel. El primero aborda el periodo que va desde 2008 a 2014 y el otro que va desde 2015 a 2019. Se trata de juicios en contra de Embotelladora Llacolén que posteriormente fue traspasada a Inversiones e Inmobiliaria Mos Limitada y hoy se denomina Embotelladora Dos Banderas SpA. Todos, de propiedad de Scuncio.

Respecto de la primera causa, ésta llegó hasta la Corte Suprema, donde se determinó que Inversiones e Inmobiliaria Mos Limitada era la continuadora legal de Embotelladora Llacolén y que le correspondía pagar lo adeudado, que hasta esa fecha eran $411 millones aproximadamente. Embotelladora Llacolén pidió acogerse al artículo 192 del Código Tributario, el cual permite pagar en hasta 24 cuotas, las que han estado pagando hasta la fecha.

En cuanto a la segunda causa, la municipalidad demandó a la embotelladora tras determinar que entre 2015 y 2019, la deuda ascendió a aproximadamente $1.100 millones. La familia Scuncio presentó una demanda de nulidad en contra del municipio de Coronel, afirmando que el monto determinado no se ajustaría a derecho. Esta semana, el concejo municipal del municipio trató el tema, pues un informe pericial de la Corte de Apelaciones de Concepción señaló que los montos determinados por el municipio no se ajustaban a la legislación vigente.

“El informe pericial dice que debíamos haber cobrado a Dos Bandera SPA la suma de 1 UTM mensual por año. Eso quiere decir que la deuda real de Embotelladora Llacolén no son los $1.100 millones, sino un monto cercao a $250.000. Esto lo sometimos al Concejo Municipal para llegar a un acuerdo y establecimos un monto que fue ofrecido por la empresa, que equivale a $100 millone,s que es un monto muy superior al que sostiene el informe pericial”, explicó Cristián Garrido, asesor jurídico de la Municipalidad de Coronel.

En medio del proceso, el alcalde de la comuna Boris Chamorro (IND) explicó que “los trabajadores de la planta embotelladora enviaron una carta preocupados por la situación de la patente comercial de la empresa, para tratar de llegar a un acuerdo”. Los trabajadores están preocupados por el futuro laboral de la compañía y si no existe un acuerdo, “esta empresa se acogerá a la Ley de Protección del Empleo”, acotó el jefe comunal.