“Le sugerí a la alcaldesa no firmar”: las declaraciones en Fiscalía de altos funcionarios de Las Condes que apuntan al círculo de Peñaloza en ‘caso Cesfam’

Uno a uno todos los implicados en el cuestionado proceso de compra de los inmuebles, en que se espera construir el tercer Cesfam de Las Condes, han declarado ante el fiscal Rodrigo Mena. Dos de ellos son Eduardo López, director de Control, y Héctor Navarrete, exdirector jurídico, quienes entregaron detalles de cómo se produjo la cuestionada adquisición. Ambos apuntan a que fueron funcionarios de confianza de la alcaldesa Daniela Peñaloza (UDI) quienes participaron activamente de la compra de la “casa 10″, la cual, según la denuncia de concejales -representados por el estudio del penalista Davor Harasic-, fue comprada con un abultado “sobreprecio”, lo que habría generado un grave perjuicio para las arcas de la comuna.

Tanto en la comparecencia de López como la de Navarrete, quien renunció en junio, se da cuenta que la alcaldesa Peñaloza designó a Alejandro Contreras, jefe de la Secretaría Comunal de Planificación (Secplan), y Ricardo Gutiérrez, Corporación de Educación y Salud de Las Condes, para comparecer ante el concejo y conducir el proyecto.

El exjefe jurídico aseguró que “la alcaldesa encargó el proyecto estrella de su administración a quien maneja el área de salud del municipio y a quien está a cargo del presupuesto y las finanzas municipales, personas de su exclusiva confianza, lo que fue ratificado por la unanimidad del concejo”. Agregó más adelante que “quienes llevaron adelante el proyecto Cesfam fueron las personas ya indicadas, que entiendo rendían periódicamente cuenta a la alcaldesa de los avances del negocio según ella misma lo ha señalado”.

Navarrete señaló también ante la Fiscalía que la contratación de la empresa Vulcon S.A, por parte de la administración de Peñaloza, para intermediar entre los dueños de las casas y el municipio, es algo que no habían realizado antes, ya que la compra de edificios se realizaba directamente a los propietarios.

También relata que cuestionó al momento de revisar los acuerdos entre el municipio y Vulcon, que en una de las cláusulas se establecía que cualquier precio mayor al estimado inicialmente, y pagado por el municipio, no debía ir al vendedor de la casa, sino que a ellos mismos, que eran la misma empresa inmobiliaria que intermediaba y de la cual es socio el extenista Paul Capdeville.

En la forma en la que se negoció la adquisición de los inmuebles, Navarrete también destaca lo ocurrido con la denominada “casa 10″, la cual fue adquirida con sobreprecio según lo denunciado por los concejales inicialmente. Según señala el exdirector jurídico, inicialmente se fijó que se pagarían 68 UF por cada metro cuadrado, lo que equivalía en ese momento a un total de UF 14.668 por la compra de la casa ubicada en Nueva Delhi 1775. Sin embargo, y tras la entrega del contrato, la empresa Vulcon fijó el precio en UF 27.660. Esta situación está en la mira del Ministerio Público, pues dicha propiedad había sido adquirida por la firma de inversión meses antes y a un precio sustantivamente menor.

Ante esta situación, sostuvo Navarrete, él se negó a visar el acuerdo, el cual finalmente no fue autorizado por el notario ante la falta de firma del otrora jefe jurídico. Sin embargo, sostiene que mientras se encontraba de días libres, el 30 de diciembre del 2022, se firmó un nuevo acuerdo. “A la vuelta de mis vacaciones se pone en mi conocimiento por parte de mis colegas la existencia de una nueva escritura”, señaló.

El exjefe jurídico también da cuenta que en marzo de 2023, se elaboró un informe para las concejalas Catalina San Martín, presidenta de la comisión de Hacienda y Javiera Krestschmer, presidenta de la comisión de Salud respecto a lo que ocurría con el Cesfam. Dicho informe fue enviado en un correo electrónico con algunos cambios a lo que Navarrete agregó: “tanto este exdirector jurídico como el director de Control don Eduardo López nos negamos a firmar el nuevo informe, modificado por el abogado Nicolás Lucero (actual jefe jurídico) por instrucciones del administrador Juan Manuel Masferrer”.

El sobreprecio del inmueble es algo en lo cual también repara López, quien explicó ante el Ministerio Público que nunca se hizo una tasación ni por las casas ni por el terreno, algo que iba en contra del reglamento. Al precio de los inmuebles se llegó, según declaró, “con dos informes inmobiliarios sobre el valor de los terrenos, uno de TocToc.com, de febrero de 2021, y otro de la Cámara Chilena de Comercio de marzo de 2022; sin embargo, nunca fuimos informados de la existencia de tasación relativo al terreno de Nueva Delhi 1775″.

Ante eso, agregó el jefe de control, que al revisar los decretos sobre la compra de Vulcon con el municipio “yo le sugerí a la alcaldesa no firmarlos, por cuanto desde mi perspectiva no era procedente por el valor del terreno, existiendo a mi parecer lesión enorme en perjuicio de la municipalidad respecto del último terreno, y además el resto también había sido tramitado por detrás, nunca con la Dirección de Control, solo con la visación del jefe del departamento de auditoría”.

Respecto a cómo Vulcon llegó a ser la empresa elegida por el municipio, el exdirector jurídico explica que Vulcon llegó al negocio por Alejandro Contreras, quien forma parte del “círculo de hierro” de la alcaldesa. “Tengo entendido que Vulcon habría llamado telefónicamente a Contreras y este les habría entregado a su vez el teléfono de Gutiérrez para que le explicara que la municipalidad estaba en busca de terrenos en el lugar, pero esto solo lo sé por documentos y declaraciones, por tanto no me consta fehacientemente”.

Además, y respecto a la forma en la que se revisaron los informes del proyecto ante el Concejo Municipal, Navarrete aseguró que “me llama especialmente la atención este veto. En mis 15 años como director jurídico de dos alcaldes distintos, ante los informes solicitados en hora de incidentes en las sesiones del Concejo Municipal, informaba directamente a los miembros del concejo, sin que jamás haya intervenido en mis respuestas persona alguna, ya sea alcaldía o el administrador municipal”.

Al jefe de Control también se le consultó lo ocurrido con el decreto 880, en el cual se aprobó el contrato de corretaje entre Las Condes y Vulcon y el cual supuestamente habría sido modificado. Sostiene que cuando fue ingresado inicialmente fue visado por la dirección, “sin embargo, se obligó a revisarlo con todos los antecedentes, salvo el contrato de corretaje fechado el 13 de marzo de 2922, el que no se adjuntó en esa oportunidad señalando que supuestamente una vez obtenidas las firmas de Vulcón se adjuntaría el decreto, hecho que ocurrió recién en el mes de diciembre de 2022″.

A lo que explica que los documentos de la adquisición “siempre se tramitaron bajo presión, obligándose a aprobar por todas las direcciones intervinientes de la municipalidad, durante el mismo día, bajo presión, conforme consta de los documentos que acompaño, dado que la mayoría de ellos ni siquiera se tramitó por OFPA, cuando el sistema es obligatorio”.

López, quien aún es director de Control Municipal, concluye que tras emitir un informe en el que se cuestionó el sumario realizado por la administración de la alcaldesa UDI, “he recibido amenazas desde la administración municipal, particularmente de don Juan Manuel Masferrer, administrador municipal, quien me ha hostigado y amenazado imponiéndose supuestamente como mi superior jerárquico, lo cual no es efectivo, ya que mi superior es directamente la alcaldesa; en sus amenazas Masferrer me señaló que el mentado informe se lo debería haber entregado a él directamente antes de su evacuación formal, y en este acto acompaño los correos escritos de Masferrer quien me indica que se podrían evaluar sumarios administrativos en mi contra por incumplir su instrucción, interpretando normas que no se ajustan a la realidad”.