“Lesiona y menosprecia facultad fiscalizadora”: la carta en que Chile Vamos arremete contra Miguel Crispi por no acudir a comisión investigadora

Como “grave” calificaron en la oposición la estrategia que La Moneda delineó para evitar exponer al jefe de asesores del Segundo Piso de Palacio, Miguel Crispi (RD), a la comisión investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados que indaga las irregularidades en las transferencias de entidades públicas por medio de cuestionados convenios.

Este lunes, La Tercera dio a conocer que en el Ejecutivo determinaron que el exdiputado no asistirá a la instancia fiscalizadora. En ese diseño -en el que participó el ministro de Justicia, Luis Cordero, al colaborar con el argumento legal para que el asesor no asista al Parlamento- el gobierno argumenta que Crispi no tendría la obligación de acudir debido a que está contratado a honorarios y no tiene la categoría de “funcionario”.

La interpretación de La Moneda -que se realizó al revisar antiguos dictámenes de la Contraloría General de la República- es que Crispi se encuentra trabajando bajo la modalidad de “honorarios”, y el dictamen Nº 11588, de 2009, establece que aquellos trabajadores bajo ese régimen “no poseen la calidad de funcionarios públicos”.

El diseño molestó a la derecha -agrupada en Chile Vamos y el Partido Republicano- porque el plan contempla usar el mismo argumento para que el jefe de gabinete del Presidente Gabriel Boric, Carlos Durán, se reste de asistir a instancia fiscalizadora. En la derecha advierten que este plan podrían aplicarlo el Ejecutivo con otros funcionarios de gobierno que pudieran ser requeridos para entregar antecedentes sobre las irregularidades investigadas por la justicia, luego de que estallara el caso de Democracia Viva.

De ahí que durante este martes desde la UDI, RN y Evópoli enviaron una carta al presidente de la Cámara Baja, Ricardo Cifuentes (DC), para pedir un pronunciamiento oficial de la corporación y que rechace el plan de La Moneda. “La mayor sorpresa la llevamos al conocer una presunta estrategia legal que habría desarrollado el propio ministro de Justicia”, dice la misiva firmada por los diputados UDI Juan Antonio Coloma y Juan Manuel Fuenzalida, el RN José Miguel Castro y el Evópoli Francisco Undurraga.

“Creemos respetuosamente que en su calidad de presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados no debiese permitir bajo ningún motivo ni circunstancia que el Poder Ejecutivo lesione, debilite y menosprecie una de las principales facultades y funciones legales que le corresponde a vuestra corporación, cual es la fiscalización de los actos de gobierno”, dice la carta.

En esa línea, agregan que “si bien reconocemos en el ministro de Justicia su enorme habilidad por justificar lo injustificable y además por buscar algún resquicio legal a su favor, no es menos cierto que, por más que exista un legítimo debate respecto de si las personas contratadas en el Estado bajo la modalidad de honorarios tienen o no la calidad de funcionarios públicos, el pago de sus servicios son costeados con recursos fiscales que provienen en un gran porcentaje a través de los impuestos que pagan todas las personas”.

Por lo mismo, afirman que sería “más honesto transparentar” que Crispi no acudirá a la instancia “para así evitar una posible vinculación con la actual administración”.

Adicionalmente, en la oposición decidieron subir el tono contra el ministro Cordero. Castro dijo: “El ministro de Justicia parece el consigliere de La Moneda, como ese abogado que va recomendando la forma de evadir la ley a quien está en problemas. Lo cierto es que el mandato constitucional es claro, y la calidad de funcionario público, que nunca ocupa la Carta Fundamental, es una construcción administrativa que dice relación con la forma en que la Administración del Estado se relaciona con sus funcionarios”.

Y añadió que “el ministro Cordero definitivamente desconoce la normativa que regula las herramientas de fiscalización parlamentaria, o derechamente busca boicotearlas con lo que a nuestro juicio es un ardid”.

En la oposición consideraban clave que Crispi acudiera a la comisión, pues la idea era emplazarlo por su rol cuando fue subsecretario de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) en el traspaso de dineros del Ejecutivo a los gobiernos regionales. También se le iba a requerir respecto de su decisión de haber avalado la experiencia de una de las fundaciones que recibió traspaso de dinero. Y además se le iba a consultar por su rol como jefe de asesores del Segundo Piso y cómo informaba al Presidente Boric respecto del caso.

A Crispi, en todo caso, se le volvió a citar para el próximo 12 de octubre, pero en caso de que no vuelva a acudir en la oposición van a requerir a la Contraloría para que determine la obligatoriedad y posibles sanciones en contra del asesor.

Durante esta jornada, el secretario de la Cámara Baja, Miguel Landeros, se encontraba analizando con un grupo de abogados la jurisprudencia para establecer si Crispi tenía obligación de asistir o no. De acuerdo con lo que determinarán, Cifuentes se pronunciaría después.