Ley corta contrarreloj y en su etapa más crítica: parlamentarios deberían despachar el proyecto en tres semanas

Según los plazos fijados por la Corte Suprema y que manejan en el Minsal, el 12 de mayo se cumple la fecha final para implementar el fallo que mandata a las isapres a aplicar la nueva tabla de factores y restituir los cobros en exceso. Por lo tanto, los parlamentarios están frente a un tiempo de tres semanas -15 días hábiles- para despachar el proyecto conocido como ‘ley corta’ que viabiliza la sentencia. El tiempo apremia y el trabajo, a pesar de los múltiples nudos que aún quedan por desatar, es a contrarreloj.

La votación de la ley en la sala de la Cámara Baja está fijada para este martes y miércoles, e inmediatamente será devuelta al Senado. En el caso de que este último organismo no apruebe el trabajo del Congreso la norma tendrá que revisarse en una comisión mixta, escenario que diversos parlamentarios e incluso en el Ejecutivo ven como el más probable. Y es que ya varios senadores han dicho que no aprobarán los cambios que hicieron los diputados.

A pesar de la premura, desde el gobierno descartan solicitar una nueva prórroga a la Suprema, algo que ya hizo en dos ocasiones. ¿La razón? En La Moneda adelantan que la respuesta sería negativa, debido a los oficios que el tribunal ya ha enviado.

Frente a los plazos críticos que enfrentan los parlamentarios, el diputado Tomás Lagomarsino (PR), quien por ser el informante de la Comisión de Salud del Congreso estaría sí o sí en la comisión mixta, asevera que ve “altamente probable que tengamos que sesionar la semana distrital en el caso de que la ley corta necesite de comisión mixta”.

Por otro lado, el presidente de la Comisión de Salud del Senado, Javier Macaya (UDI), sostiene que pasarse del plazo fijado por la última sala también es una posibilidad: “Tenemos una comisión mixta que solo sesionaría en caso de haber incongruencias entre lo que despachó la Cámara de Diputados y lo que piensa el Senado en esta materia, y no tengo ninguna duda que el Senado va a pensar distinto. Hay poca información sobre las cifras y particularmente sobre la subsistencia del sistema que está en absoluto riesgo. Hay un colapso financiero en ciernes y el plazo del 12 de mayo, más allá de considerarlo importante, prefiero legislar bien, incluso con posterioridad a esa fecha, que estar amarrados a un plazo que termine siendo la razón para hacerlo mal”.

Sobre lo rígido del plazo, hay quienes interpretan que podría postergarse hasta el 30 de mayo. La lectura es que la extensión de tiempo debe calcularse con los 12 meses exactos que ya se han añadido, cuando la fecha original era el 30 de mayo de 2023.

Además de la presión del tiempo está la de los acuerdos, lo que ha tensado la discusión aun más. Incluso, la semana pasada el debate de la ley corta sumó un nuevo capítulo a la historia: senadores de oposición acusaron que el Minsal canceló una reunión agendada para abordar los aspectos del proyecto en los que aún no hay consenso, como la fórmula para calcular lo que las aseguradoras deben devolver a sus afiliados por los cobros en exceso, o cómo funcionará la Modalidad de Cobertura Complementaria de Fonasa.

En concreto, el pasado jueves los tres senadores de Chile Vamos integrantes de la Comisión de Salud del Senado (Javier Macaya -quien preside esa instancia-, Francisco Chahuán (RN) y Sergio Gahona (UDI), además de Ximena Rincón, timonel de Demócratas) tenían agendada una reunión con la titular de Salud, Ximena Aguilera. Sin embargo, según señalaron Macaya y Rincón, el encuentro fue suspendido unilateralmente.

En la versión de la ministra Aguilera el asunto se trató de un mal entendido, pues no tenía en agenda el encuentro con los parlamentarios.

Con todo, esa confusión tensó más la relación de la oposición con la autoridad sanitaria, pues los senadores adelantaron que no contarán con sus votos para el proyecto.

En ese contexto, el senador Juan Luis Castro (PS) sostiene que esta discrepancia será uno de los principales puntos críticos: ”Un nudo es la insistencia de la oposición por disminuir la deuda de las isapres. La semana pasada dos senadores lo colocaron en un punto muy crítico, a tal punto de amenazar con la no aprobación de la ley”.

Sobre ese aspecto, la presidenta de la Comisión de Salud del Congreso, la diputada Ana María Gazmuri, coincide que “me sorprende que en la oposición se siga insistiendo en incorporar una rebaja de la deuda a pesar de que ya fue descartada la mutualización, también por los mismos argumentos el estudio -encargado por Banmédica- de la Facultad de Economía y Negocios de la U. de Chile. Me preocupa sobremanera escuchar a senadores de oposición amenazando en rechazar el proyecto si no se incorporaba un perdonazo”.

Por otro lado, el senador Castro agrega que otro punto de debate será el aspecto técnico, pues las autoridades aún no entregan información más concreta en cuanto a las cifras: “Otro nudo es el reajuste extraordinario de la prima, y sobre ese punto hay una interrogante legítima, ya que la Superintendencia de Salud no ha entregado los impactos financieros tanto para las personas como para las isapres respecto de ese concepto. Eso nadie lo conoce y la comisión mixta lo va a exigir”.