“Es un escenario peor del imaginado”: recálculo actualiza a US$ 1.589 millones la deuda de las isapres

El monto que las isapres deben devolver a los usuarios es uno de los datos clave para aplicar el dictamen de la Corte Suprema que les ordena utilizar la nueva tabla de factores y restituir los cobros en exceso. De acuerdo al fallo, es la Superintendencia de Salud la encargada de hacer el cálculo. Y si bien ha dado aproximaciones, las cifras han quedado obsoletas, pues cada día que el fallo no se aplica, la deuda crece.

Ya en los descuentos para ejecutar la sentencia, desde el Congreso habían presionado para conocer el monto, más ahora que la discusión legislativa llegó a comisión mixta. Y ayer, en la segunda cita de la instancia, el superintendente Víctor Torres actualizó la deuda de las isapres, pasando de US$ 1.400 millones originalmente a US$ 1.589 millones (40.367.000 UF al 31 de diciembre de 2023) sin ley corta y sus mitigaciones. Y si se incluyera la fórmula de que no haya planes con un aporte inferior al 7%, bajaría a US$ 1.250 (31.764.000 UF).

Asimismo, Torres mostró las estimaciones de los resultados de las isapres a junio y en todos los casos se esperan pérdidas (US$ 107 millones acumulados), con Banmédica y Cruz Blanca incumpliendo sus indicadores legales, y las otras al límite.

Pero la revelación de las cifras no fue fácil. El jueves la ministra de Salud, Ximena Aguilera, se había reunido con los parlamentarios oficialistas de la mixta y en primera instancia el Ejecutivo se negó a dar a conocer la deuda e incluso se deslizó la idea de una sesión secreta. Esto generó molestia entre los presentes, varios de los cuales, junto a legisladores de oposición, han conminado al gobierno a pedir más plazo a la Suprema para implementar el fallo (y con ello tener más tiempo para legislar), pero el Ejecutivo es categórico, y advierte que no se pedirá prórroga, alertando que el fallo se aplicará con o sin ley.

La nueva estimación de la deuda y el crítico escenario financiero que enfrenta la industria desataron aun más la preocupación de los integrantes de la mentada instancia, quienes hace días advierten que ya están contrarreloj y que el panorama es desfavorable, debido a la “inactividad” del Ejecutivo.

En ese contexto, el senador Juan Luis Castro (PS) coincidió en que “hoy hemos conocido una noticia que la verdad es un enorme bloque de cemento, que implica un aumento de medio billón de pesos al monto original que el regulador estimó en febrero del 2023, antes de la ley corta. Esto es muy grave, porque es un escenario peor de lo imaginado”.

Asimismo, el parlamentario advirtió al Ejecutivo que necesita enviar indicaciones cuanto antes, de lo contrario se podría generar una crisis sanitaria y financiera: “Me llama la atención que el gobierno no traiga las enmiendas que se comprometió a traer. Me da la impresión que hay un poquito de falta de oficio para enfrentar un momento tan decisivo y es que el propio regulador anuncia la caída de dos isapres. Mi duda es cuál es el plan”.

El senador Francisco Chahuán (RN) también reitero en que “acá ha habido demora del gobierno en entregar las indicaciones y pareciera que estamos actuando contra el tiempo, pero ciertamente acá ha habido, sin lugar a dudas, demora injustificable e irresponsable en el ingreso de indicaciones legislativas por parte del Ejecutivo, porque ya el Tribunal Constitucional ha señalado que son de iniciativa exclusiva”.

Frente a la inquietud de los parlamentarios, tanto la ministra de Salud como el titular de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, aseguraron que las indicaciones estarán el próximo lunes. Eso sí, el Ejecutivo adelantó algunos aspectos, con el fin de encaminar la discusión.

“Entregamos el esqueleto de indicaciones como habíamos acordado con el presidente de la comisión para que exista una discusión ordenada, un análisis durante el fin de semana y el lunes empecemos con la negociación en la siguiente sesión”, afirmó la titular de Salud.

Las noticias que se enmarcaron en la jornada de ayer también tuvieron repercusiones en la industria. Incluso, durante la última jornada Clínicas de Chile realizó una declaración.

“En el contexto del trámite en la comisión mixta, hacemos un llamado imperativo al Ejecutivo y a los parlamentarios integrantes de la instancia –extensivo a todos los diputados y senadores que deberán votar este proyecto en las próximas semanas en sus respectivas corporaciones– a aprovechar esta última oportunidad para sacar adelante una ley que permita resolver finalmente este tema tan urgente para millones de chilenos y chilenas, pues involucra directamente uno de los aspectos más preciados y sensibles para los ciudadanos, esto es, contar con aseguradores y prestadores que posibiliten a las personas el acceso oportuno a soluciones de salud y tratamiento para sus patologías en curso”, establece el documento enviado por el sector.