El uso de armas no letales por parte de funcionarios municipales se ha convertido en el punto más tenso de la Ley de Seguridad Municipal. Y ahora el debate suma un giro desde la propia oposición: los alcaldes Mario Desbordes (RN), Maximiliano Luksic (ind. UDI) y Jaime Bellolio (UDI), que lideran comunas importantes para sus sectores en la Región Metropolitana, se han abierto a postergar la discusión para facilitar la aprobación del resto del proyecto.

La postura tensiona aun más al sector, ya que precisamente desde la derecha ha venido la presión más fuerte para incorporar herramientas como pistolas taser o dispositivos BolaWrap, con el argumento de que los municipios necesitan más instrumentos para la protección de los guardias municipales.

Sin ir más lejos, tras asumir la presidencia de la Asociación Chilena de Municipalidades, el alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri (ind. RN), fue enfático sobre estos elementos, señalando que “están en todo su derecho, pero que ellos (alcaldes oficialistas) se pongan en el rol de guardias en un delito. Lo peor es hacer cosas a medias. Ojalá podamos salir con esa ley, con ese artículo, y también con el financiamiento”.

Una señal de presión que no solo se ha expresado en declaraciones, sino también en gestos concretos: varios ediles han concurrido al ex Congreso Nacional, en Santiago, para marcar presencia durante las sesiones de la comisión en la Cámara Alta.

Pese a esa presión, la semana pasada el alcalde Desbordes —quien además preside a los alcaldes de Renovación Nacional y fue visitado en esos días por el nuevo ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero— sinceró su postura en entrevista con T13: “Discutir sobre pistolas eléctricas hoy día me parece un error, no están los recursos”.

Su declaración no pasó desapercibida. Generó sorpresa no solo para algunos alcaldes oficialistas, que han mantenido una postura alineada con el gobierno, sino también entre ediles de oposición que en múltiples ocasiones firmaron cartas y participaron junto a él en puntos de prensa para exigir la aprobación de las armas no letales.

Varios de ellos calificaron su giro como “algo raro”, especialmente considerando que la postura favorable a las armas no letales comienza a tomar fuerza también entre ediles del ala progresista, como Matías Toledo (ind. Puente Alto) o Cristóbal Labra (ind. San Joaquín).

Consultado por esta posición, el edil insiste en su punto: “Es urgente tener esta ley. Y comparto que sería muy útil para su labor y para su propia seguridad contar con armas eléctricas, por ejemplo, pero entiendo que ese punto traba la discusión y podría significar varios meses más de trámite en el Parlamento. Por pragmatismo, prefiero avanzar con el proyecto en todos aquellos en que hay consenso, y en lo que respecta a las armas eléctricas, habrá que discutirlo después”.

Pero Desbordes no está solo en esto. Algunos alcaldes de su propio sector se han acercado a su postura. Uno de ellos es el alcalde Luksic, quien —aunque con un argumento distinto— también plantea que la discusión sobre las pistolas taser debe posponerse.

“Consideramos que legislar ahora sobre el uso de armas no letales es un error (...) Hay muchos expertos a nivel nacional e internacional que tienen una visión diferente: las armas no van a proteger a los guardias municipales, sino que los va a exponer más aun. El trabajo no debe estar enfocado en generar policías municipales, eso no es constitucional”, afirma.

Otro es el alcalde Bellolio, quien en más de una ocasión ha planteado que el foco debe estar en impulsar mayores facultades como el control de identidad y el decomiso de comercio callejero, y no en avanzar en armas no letales.

“Hoy la urgencia está en temas en los que existe consenso: menos burocracia, más atribuciones fiscalizadoras y mayor protección legal para nuestros guardias. Todo eso representaría un avance significativo y cuenta con el respaldo de prácticamente todos los sectores. Pero necesitamos que se materialice hoy, no mañana”, sostiene. Luego enfatiza: “La discusión sobre las armas es de nunca acabar (...) Sabemos que el debate de las armas es más vistoso y moviliza más, pero hoy las urgencias sociales son otras”, cierra.

A la vez, Catalina San Martín, de Las Condes, también se sumó a la posición ya puesta sobre la mesa, afirmando que “de manera complementaria debemos dotar la seguridad municipal de una regulación robusta, que establezca y defina sus atribuciones”, a lo que agrega que “cuáles herramientas les otorgaremos a los contingentes de seguridad municipal y cómo se van a financiar, es una discusión necesaria y que tenemos que definir muy pronto. Pero lo primero y lo que urge hoy es una norma que contribuya a que nuestros inspectores puedan realizar su labor con tranquilidad y eficiencia”.

Hay un punto que causa mayor incertidumbre, y es que todos ellos forman parte de la directiva que llevó a Gustavio Alessandri a la presidencia de la asociación de la gran mayoría de los municipios del país, lo que pone en duda si esa será la línea discursiva que seguirá el AChM, en medio de la discusión sobre seguridad municipal en el país.

Mientras tanto, desde gobierno aseguran que la posición del alcalde abre una puerta a posponer la discusión sobre el uso pistolas, aunque se suma a esto la presión de los senadores que hoy impulsan la indicación para autorizar estas herramientas en el proyecto de ley.

Desde el ala que mantiene firme su respaldo al uso de armas no letales, el alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri (RN), valoró la apertura práctica de algunos ediles, pero advirtió que la ley no debe cerrar la puerta a estas herramientas, señalando que los guardias enfrentan situaciones de alto riesgo sin atribuciones ni equipamiento. Una visión más frontal expresó el alcalde de La Florida, Daniel Reyes (ind.), quien recalcó que postergar el debate es un error: “La discusión no puede quedar para mañana. Es urgente y necesaria”, sostuvo.