Lío de platas en el Minvu: la cadena de errores de Montes que complica sus explicaciones ante el Congreso

Casi a diario el ministro de Vivienda, Carlos Montes (PS), ha tenido que estar dando versiones y explicaciones por el lío de traspasos de fondos públicos a organizaciones no gubernamentales (ONG), luego de que estallara el caso de la Fundación Democracia Viva.

Esta semana será crucial para el futuro político del ministro, quien deberá comparecer ante una seguidilla de instancias parlamentarias para dar nuevas explicaciones. Del resultado de estas sesiones dependerá si las bancadas de diputados opositoras escalan su ofensiva fiscalizadora a una posible acusación constitucional o bien apuestan a otras acciones intermedias como sesiones especiales, comisiones investigadoras o una interpelación (que igualmente son compatibles con un posible libelo acusatorio).

Este martes, a las 9.30 de la mañana, Montes está convocado por la Comisión de Vivienda del Senado para dar a “conocer los antecedentes que obren en su poder respecto de los contratos suscritos, bajo la modalidad de trato directo” con diversas organizaciones. Si bien esta instancia es presidida por el senador socialista Fidel Espinoza, ello no le garantiza un momento tranquilo a Montes. Espinoza ha sido uno de los principales críticos de la gestión del gobierno y de las decisiones que ha tomado el titular del Minvu durante esta crisis.

Sin embargo, el encuentro más complejo para el ministro será la sesión especial que se realizará el miércoles de la Cámara Alta, que está citada exclusivamente para analizar el caso. Esta sesión, pedida por el jefe de bancada de la UDI, Gustavo Sanhueza, se acordó en la reunión de comités, donde participan representantes de las bancadas.

En la Cámara de Diputados, en tanto, el panorama es igual de conflictivo para el secretario de Estado, en vista de que es en esta rama del Congreso donde se inician las acusaciones constitucionales.

Si bien existía el ánimo de algunos diputados de pedir una sesión especial, la comparecencia del ministro se abordará, por ahora, en una reunión ordinaria, este miércoles, de la Comisión de Vivienda, que es presidida por el legislador oficialista Tomás Hirsch (Acción Humanista).

Esta seguidilla de encuentros se convertirá en una suerte de “cara a cara” de Montes con el Congreso, donde desde la oposición y el oficialismo existen dudas respecto del papel que ha jugado el titular del Minvu y han tomado distancia de los errores que ha cometido en las últimas semanas. Particularmente en la derecha -que se había manifestado reticente a tomar medidas duras en contra del secretario de Estado-, ya hay quienes están abiertos a una acusación. En la oposición, sin embargo, esperan tener más claro el curso a seguir en las reuniones de almuerzo que se realizarán el martes y el miércoles.

Por ahora, desde el Socialismo Democrático, especialmente el PS, están decididos a hacer todos los esfuerzos para proteger al ministro. Ayer -de hecho- se reunió con diputados del PS, quienes le dieron su respaldo y acusaron un oportunismo especialmente de la UDI.

Consultado por su futuro, Montes dijo que “mi voluntad es cumplir, yo no voy a renunciar, el Presidente (Gabriel Boric) es quien decide hasta el día en que yo estoy”.

Pese a ello, en la derecha admiten que el cuadro podría, incluso, extenderse a otros responsables simbólicos, como el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson (RD), debido al liderazgo que tiene en su partido. Una alternativa que ya comenzó a sondearse es un libelo por la adjudicación de $60 millones de parte de su cartera a la Fundación Visible, caso por el cual la senadora Yasna Provoste (DC) hizo una presentación a la Contraloría.

La crisis del gobierno se abrió el viernes 16 de junio, luego de que un par de medios regionales (Timeline y Diario de Antofagasta) revelaran tres convenios mediante los cuales el Servicio de Urbanismo y Vivienda (Serviu) asignó 426 millones a Democracia Viva, que entonces tenía como personero legal a Daniel Andrade (ex-RD), expareja de la diputada Catalina Pérez (RD), quien es representante de la II Región.

Los tres contratos habían sido suscritos, además, por el seremi (secretario regional ministerial) de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras (ex-RD), quien había sido jefe de gabinete de la legisladora.

El evidente conflicto de interés y las presuntas anomalías de estos traspasos fueron avisados formalmente el 2 de mayo en un conjunto de comunicaciones que envió la agrupación de funcionarios del Serviu a la subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas (RD).

Según la versión del gobierno, Montes sólo supo del caso a mediados de junio, cuando salió en la prensa. Sin embargo, esa versión cayó en contradicciones cuando el senador y presidente de RD, Juan Ignacio Latorre, afirmó que la exsubsecretaria le había avisado al ministro.

El hecho molestó a Montes, lo que llevó a la exsubsecretaria Rojas a corregir al presidente de su partido. Rojas finalmente señaló que ella no le avisó al ministro.

Si la versión oficial del Minvu se ajusta fielmente a la secuencia de hechos, el episodio revelaba, al menos, un serio problema de comunicación entre los equipos de Montes y Rojas, exponiendo la falta de supervisión del ministro de lo que pasa en su cartera.

“Se hace difícil la permanencia de ministros que están directamente relacionados con esta situación, porque obviamente son los principales responsables políticos, ya sea por acción o por omisión, en situaciones que están ocurriendo en el Ministerio de Vivienda”, sostuvo el senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, en T13 Radio.

No es el único flanco de Montes.

En uno de los dos requerimientos a la Contraloría que hizo la bancada de RN, apuntan a otro error que cometió el ministro.

Una vez que estalló oficialmente el caso (el 16 de junio), renunció al día siguiente (el sábado 17), el seremi Carlos Contreras, quien había suscrito los convenios con Democracia Viva.

Si bien la dimisión aparentaba ser una medida disciplinaria por responsabilidades políticas, ello tenía una consecuencia jurídica. En caso de que una renuncia se tramite antes de que se inicie un sumario administrativo, este procedimiento disciplinario (que incluso puede establecer sanciones como impedimentos temporales para ejercer nuevos cargos públicos) “no producirá efecto”, según el Estatuto Administrativo.

“Pareciera existir una lógica de impunidad administrativa instalada por esta administración, donde las renuncias permiten evadir medidas disciplinarias y reasumir funciones públicas en otras reparticiones, lo que sienta un terrible precedente para la integridad de la gestión estatal”, dice el requerimiento de RN.

Según la versión oficial, una vez conocido el caso por la prensa, con la renuncia de Contreras sobre la mesa, ese mismo fin de semana, Montes le encargó a un equipo de confianza viajar a Antofagasta para recabar antecedentes.

El equipo, encabezado por la jefa jurídica del Minvu, le reportó el miércoles 21 de junio la posible existencia de más irregularidades, entre ellas, presuntos trabajos paralelos, según los antecedentes preliminares, que cumplían funcionarios del Serviu o la Seremía de Vivienda con Democracia Viva.

“Una de las irregularidades levantadas por el equipo central del Minvu es sobre un número de funcionarios contratados por esta fundación (Democracia Viva), que al parecer prestaban servicios en la Seremi, hecho que condenamos y por el que buscaremos sanciones tanto del tipo administrativas como penales”, decía un comunicado del Minvu emitido esa semana.

Ese mismo comunicado, en todo caso, agregaba que “no es efectivo que funcionarios del Serviu o Seremi recibieran un sueldo adicional desde la fundación o que tuviesen dobles contrataciones. Del levantamiento, podemos deducir que existían personas de la fundación que colaboraban en las instancias regionales del Minvu, situación que esperamos pueda esclarecer la justicia”.

A esas alturas el Ministerio Público ya había iniciado una investigación de oficio, pero según el Código Procesal Penal y las normas administrativas, Montes, en calidad de superior, debía entregar los antecedentes que podrían ser constitutivos de delitos en un plazo de 24 horas.

No obstante, estos antecedentes recién le fueron entregados al fiscal regional de Antofagasta, Cristian Aguilar, una semana después: el miércoles 28 de junio, en una reunión solicitada por el propio ministro.

Desde el gobierno interpretan que, al haberse iniciado la investigación penal, el ministro quedaba eximido de la responsabilidad de denunciar en el plazo perentorio.

No obstante, algunos parlamentarios ponen en duda esa lectura jurídica.

El caso de Democracia Viva expuso un modelo irregular de traspasos de dineros públicos, lo que llevó al ministro a iniciar una revisión más exhaustiva de contratos con otras organizaciones y en otras regiones.

Así, saltó el caso del seremi de Vivienda del Maule, Rodrigo Hernández (RD), quien trabajó en la Fundación Urbanismo Social antes de llegar al gobierno.

Si bien Urbanismo Social es una ONG que tiene 15 años de experiencia en el trabajo en campamentos, durante la administración de Gabriel Boric se adjudicó fondos en el Maule.

La versión de Hernández es que él se inhabilitó al momento de firmar ese contrato. Ello llevó al Presidente Boric a dar un respaldo al seremi y también a la delegada presidencial en el Biobío, Daniela Dresdner (RD), quien trabajó en Urbanismo Social y también fue parte del nacimiento de Democracia Viva.

El problema es que esa versión quedó en jaque luego de que la Fiscalía anunciara el miércoles pasado la apertura de una investigación penal para indagar el contrato en el Maule, firmado en diciembre de 2022, por $ 89 millones con Urbanismo Social. Además, entre octubre y noviembre, esta misma ONG se adjudicó contratos por más de $ 577 millones con la Seremía de Antofagasta.

La arremetida del Ministerio Público puso en entredicho al Presidente Boric y desde el oficialismo resintieron que Montes no hubiera advertido oportunamente al Mandatario.

Ante la secuencia de hechos y a pesar de las advertencias que, por ejemplo, hizo el senador Espinoza hace dos semanas, Montes recién anunció el domingo que iniciarán una investigación sumaria “producto de una información que no coincidía entre el período en que él (el seremi del Maule) solicitó inhabilitarse y el período en que se tomaron las decisiones, a partir de lo cual hemos conversado con el equipo del Presidente”.