Lío de “vacaciones” y reforma previsional se transforman en nueva pelea entre el gobierno y republicanos

Un nuevo contrincante encontró el gobierno en sus esfuerzos para lograr aprobar antes de marzo la reforma de pensiones.

Esta iniciativa está hoy en manos de la Comisión de Trabajo del Senado, donde Chile Vamos y el Ejecutivo están tratando de lograr un acuerdo que permita corregir el sistema previsional y las AFP.

Si bien las conversaciones están encaminadas, con un cronograma ya definido para que la sala del Senado vote la próxima semana el proyecto, el cuadro puede enredarse para el gobierno en la Cámara, donde el principal escollo hasta el momento serían los diputados del Partido Republicano.

Al margen de que haya posibles descuelgues en cada bando político, por ahora el problema del Ejecutivo en la Cámara es esencialmente práctico y de orden reglamentario.

Los diputados ya tienen agendada su “semana distrital” para fines de enero, en la que suspenden las sesiones legislativas para el trabajo en el territorio. Esa última semana será la antesala del receso legislativo de febrero, por lo que varios diputados ya tienen agendada sus vacaciones por razones familiares.

Según interpretan en la mesa de la Cámara, por reglamento se requiere unanimidad para sesionar en esos días, por lo tanto, si una sola bancada (por ejemplo, los republicanos) se opone, no podría haber sesiones legislativas en esas fechas para ver la reforma de pensiones, postergando la resolución del debate para marzo.

Ante la resistencia que están expresando los republicanos, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara (PC), emplazó a los legisladores de esa bancada a postergar su descanso estival. “Llamaría a republicanos a que dé la unanimidad..., seguramente estarán pensando en vacaciones, pero las pensiones de los chilenos no pueden seguir esperando. Los únicos que se están oponiendo para que la Cámara sesione la última semana de enero son los republicanos. Ojalá puedan postergar una semana sus vacaciones por el bien de Chile”, dijo la titular del Trabajo este lunes en La Moneda.

Para el Ejecutivo es clave lograr despachar a ley la reforma de pensiones durante enero, antes del receso legislativo de febrero, ya que a partir de marzo aumenta el riesgo de desbandes, tanto del oficialismo como de la oposición, si es que se logra un acuerdo esta semana.

En vista de que este año hay elecciones presidenciales y parlamentarias, en el gobierno y en el oficialismo temen que el clima electoral pueda contaminar y hacer tambalear ese posible acuerdo.

Incluso, la misma ministra Jara, en la sesión de la Comisión de Trabajo, les propuso a los senadores opositores sacar la reforma en enero para que el alza de la Pensión Garantizada Universal (PGU) a $250 mil comience a materializarse en julio, La idea buscaba distanciar el alza de los comicios de noviembre y diciembre a modo de despejar suspicacias de presuntos efectos electorales. En caso contrario, si la reforma entra en vigencia en marzo o abril, el incremento comenzaría a aplicarse justo en la antesala de las elecciones.

La resistencia de los republicanos, sin embargo, tiene un trasfondo.

La colectividad -que lideran Arturo Squella y José Antonio Kast, ahora como abanderado presidencial- ha sido excluida de las negociaciones que se están dando en el Congreso y tampoco tiene los votos suficientes en la Cámara para frenar un acuerdo en materia previsional, por ende, esta posibilidad de negar las sesiones a fines de enero sería la última chance que tendrían para poner algunas exigencias.

De hecho, el pasado fin de semana Kast remarcó su rechazo a la fórmula para distribuir los 6 puntos de cotización adicional.

En las reuniones internas de la semana pasada, los republicanos acordaron no dar el acuerdo de suspender la semana distrital, mientras no haya claridad del texto que despachó el Senado y mientras no exista transparencia de los proyectos que se podrían discutir en esos últimos días de enero. En la bancada ejemplifican que no están dispuestos a sesionar para ver iniciativas de relleno, como el “Día del Pajarete”, ni tampoco para avalar un proyecto previsional que puede ser perjudicial.

“Las malas soluciones por parte del gobierno tienen que dejarse de lado. Por eso, los republicanos hemos dicho que no vamos a dar nuestro voto para una mala medida, para un manotazo en que el Estado se apropie de los fondos de pensiones”, dijo el diputado Luis Sánchez (jefe de la bancada republicana), quien señaló que existe un “interés electoral” de parte de la izquierda para poner esta discusión “en el último año de gobierno”.

Además, señaló que “queremos legislar sobre los temas que son importantes para Chile y no solo prioridades de este gobierno, que están completamente desconectadas”, por eso remarcó que antes de dar la unanimidad para sesionar la última semana de enero “tenemos que conversar sobre la tabla (de proyectos) completa”.

La diputada Chiara Barchiesi (republicana) dijo que está dispuesta a que se cambie el trabajo en terreno por trabajo legislativo, siempre y cuando los proyectos que se pongan en tabla sean importantes. “Que se pongan proyectos de seguridad, por ejemplo, y no lo que hemos visto en materia de urgencias del gobierno, como el Día del Pajarete”.

No obstante, de prosperar la negativa de los republicanos, La Moneda tiene otra carta.

Según la Constitución, es parte de las “atribuciones especiales del Presidente de la República... pedir, indicando los motivos, que se cite a sesión a cualquiera de las ramas del Congreso Nacional. En tal caso, la sesión deberá celebrarse a la brevedad posible”.

El problema de esa alternativa es que no resolvería el alto riesgo de ausencias de diputados que podría haber en la última semana de enero, ya que efectivamente es probable que algunos ya tengan previsto el inicio de sus vacaciones, con reservas y pasajes comprados.

Por lo tanto, considerando que la reforma previsional requiere de la aprobación de al menos 77 diputados (quorum calificado), las inasistencias corren en contra de las pretensiones del Ejecutivo.