Líos de platas: cómo el fraude liderado por Camila Polizzi complica al gobernador regional del Biobío

Desde que estalló el denominado caso líos de platas, el gobernador regional del Biobío, Rodrigo Díaz, ha puesto a disposición de los investigadores su celular, su computador y también dio acceso a sus cuentas bancarias. Enfrentó el allanamiento por parte de la PDI de las dependencias que encabeza y en dos oportunidades ha prestado declaración ante la Fiscalía, que indaga los convenios suscritos bajo su mandato con al menos 17 fundaciones y corporaciones.

En medio de la misma investigación, el exmilitante de la Democracia Cristiana ha dispuesto una serie de medidas administrativas para fortalecer la transparencia en el gobierno regional y endurecer los controles ante transferencias a privados. Sin embargo, el manto de dudas sobre su gestión se mantiene, puesto que aún el Ministerio Público pesquisa el grado de participación que tuvo en situaciones que, según establecieron persecutores, revisten características de delitos. Es más, mantiene la calidad de imputado.

Entre ellas, el trato suscrito entre el Gore y Fundación En Ti, entidad que fue “arrendada” por Camila Polizzi, es uno de los que más complican a Díaz, ya que, como ha establecido hasta el momento el ente persecutor, es donde tuvieron intervención dos de sus hombres de confianza y quienes justamente dejaron sus cargos en medio del revuelo que generó el caso, también llamado “caso lencerías”.

Ambos exfuncionarios corresponden al exadministrador del Gore Rodrigo Martínez Fernández y al exjefe de la División de Desarrollo Social y Humano Simón Acuña Medina; de hecho, fueron detenidos durante la jornada del martes 28 de noviembre, al igual que Polizzi y los hermanos Sebastián (expareja de la imputada) y Diego Polanco.

Los cinco, como detallaron desde la Fiscalía, son indagados por los delitos de fraude al Fisco, estafa, falsificación de documento oficial, usurpación de identidad y lavado de activos, lo que gatilló que las miradas volvieran a situarse sobre el gobernador.

Díaz, de todas maneras, ha mantenido la postura referente a que no tiene vinculación ni participación en los ilícitos que se investigan. Eso sí, desde su entorno aseguran que sigue atento el curso de todos los aspectos relacionados con la indagatoria y que mira con preocupación los aspectos judiciales. Por lo mismo, mencionaron fuentes consultadas por La Tercera, dio seguimiento a la audiencia de formalización de los imputados antes mencionados que se desarrolló durante la jornada.

Desde su entorno, además, no ocultan que para él significó un duro golpe la detención de los exfuncionarios, dado que como él mismo ha reconocido públicamente, mantenía plena confianza en ambos. En el caso de Martínez Fernández, porque incluso trabajaban juntos desde hacía más de 15 años.

Con todo, y aunque su presencia ha sido requerida por la fiscal María José Aguayo para contar con su declaración, desde el Gore recalcan que Díaz no ha detenido su agenda y que sigue trabajando en terreno. “Ha sido duro, pero el gobierno regional no se puede detener. Hay que avanzar”, sostuvo un personero consultado por este medio.

En medio de la causa, como incluso se estableció en la querella presentada por el Consejo de Defensa del Estado, se ha indicado que exfuncionarios habrían interferido en favor de Polizzi para que Fundación En Ti lograra suscribir con el Gore un convenio que les implicó recibir $250 millones para supuestamente realizar una “Capacitación Ciudadana para Familias de Barrio Norte”.

Por lo mismo, y considerando que ya se ha podido acreditar que esos fondos no se utilizaron para los fines acordados, Rodrigo Díaz tuvo que referirse en sus declaraciones a eventuales nexos con la imputada, oportunidades en que negó ser cercano a ella.

“Camila Polizzi es una persona pública, que había sido influencer, que había sido candidata. Coincidí con Polizzi en dos oportunidades como gobernador regional, ambas en el contexto de las elecciones parlamentarias. Un día me pidieron sacarme fotos con candidatos al Parlamento. En una reunión en la Enap me saqué una fotografía con Camila Polizzi. No somos amigos ni tampoco somos de la misma alianza política”, sostuvo en la declaración que brindó el 26 de septiembre pasado y que fue consignada por Radio Biobío.

En la misma oportunidad se le consultó por afirmaciones realizadas por Renato Zegpi, abogado de Polizzi, que indicó que su representada mantenía contactos con su jefe de gabinete y que en presencia de él un tercero le recomendó deshacerse de evidencia vinculada al caso.

Según dijo el profesional, Eduardo Quezada le indicó a Polizzi que había que hacer desaparecer todos los equipos donde había material del convenio en cuestión y que incluso le agregó que era bueno tirarlos al mar, “por cuanto el agua salada destruía la información”.

Ante ello, Díaz expuso: “Es primera vez que escucho algo similar. La verdad es que he escuchado tantas versiones contradictorias, y espero que las instituciones puedan establecer la verdad de lo ocurrido”.

Además de la arista penal, Rodrigo Díaz también se ve presionado por las conclusiones a las que arribo la auditoría realizada por Contraloría respecto de los tratos con fundaciones, ya que se advirtieron graves inconsistencias y faltas.

Entre ellas se detectó que el Gore no tenía procedimientos claros para establecer las competencias de fundaciones, corporaciones y ONG, y que en cuatro de los nueve convenios de transferencias que analizaron la finalidad del programa de inversión no tenía un vínculo claro con los objetos de la entidad privada sin fines de lucro.

Asimismo, Contraloría constató que el Gore presentaba una serie de debilidades en la asignación de recursos de las iniciativas de inversión, que no contaba con un método que le permitiera contrastar el presupuesto formulado por las entidades privadas, y que tampoco pedían más antecedentes. Eso repercutió, como alertaron, que recursos pactados en siete de los convenios de transferencia resultaron idénticos al que solicitaron las ONG para su ejecución.

Igualmente, precisaron que la entidad liderada por Díaz carecía de un manual de procedimientos que regule las distintas etapas del proceso de transferencias y que no tenían definidos mecanismos o procedimientos de control necesario para el correcto uso y destino de los fondos públicos otorgados a entidades privadas. Faltaba, remarcaron desde el ente contralor, reportabilidad y trazabilidad en el proceso de transferencias.