Una de las definiciones del cónclave oficialista de inicios de noviembre fue clara. “Enfrentar con la mayor unidad las contiendas electorales y que los secretarios generales inicien una mesa de trabajo para ello”, establece el punto dos de la declaración que establece la alianza de gobierno. Ya definido el mecanismo en el “Acuerdo por Chile” y la composición del Consejo Constitucional -50 redactores electos, 24 expertos designados por ambas cámaras y 14 miembros (juristas) arbitrales-, en el oficialismo ya ha aparecido la calculadora electoral.

Un pacto electoral único de ambas coaliciones de gobierno -10 partidos y un movimiento político- ha sido la opción predilecta de quienes hasta ahora han abordado el tema públicamente.

Sin embargo, al ser una elección radicalmente más acotada que la de la Convención Constitucional (de 155 escaños a apenas 50), no pocos dirigentes prevén una negociación difícil, que podría tensionar la alianza y donde algunos partidos de menor peso electoral -en pos de cartas más competitivas- puedan quedar sin representación en las candidaturas. Desde ya, se avizora así una negociación dura por los pocos cupos que tendrán las listas.

Si bien algunos personeros oficialistas apuntan a que es el “costo” de haber logrado un órgano de redactores 100% electo y que es parte de la negociación optar por algunos nombres por sobre otros y así obtener mejor representación en el órgano -escenario que ya se ve cuesta arriba dada la irrupción de nuevas fuerzas hacia la derecha, como Republicanos y el Partido de la Gente-, en las dirigencias de los partidos más pequeños del sector ya se habla de la complicación en las internas de las colectividades si alguna fuerza resulta con cero candidatos en competencia. Es decir, de la molestia que al interior de las tiendas puede surgir con sus directivas si es que sus cartas salen perjudicadas en la negociación.

Un alto dirigente del oficialismo ejemplifica con la distribución de cupos en la Región Metropolitana, donde -guiándose por el sistema senatorial- se escogen cinco representantes. “Si -como mucho- lleváramos seis candidatos, cuatro partidos tendrían que omitirse. Y los partidos más grandes -con justa razón- aspirarán a llevar dos o más en la región más ambiciosa”, analiza. Y un caso aparte -comentan- será la elección para la designación a través del Congreso de los expertos.

Leonardo Cubillos, timonel del Partido Radical (PR), sincera que “lo que a uno le gustaría es que fuéramos en una (lista) pero sin perjuicio de ello, hay que considerar que la barrera es muy alta para que los partidos pequeños tengan participación. Ir en dos listas es parte de los análisis (...). Si las proyecciones electorales permiten cerrar en una lista única, todos los partidos queremos tener representación. A lo menos dentro del Socialismo Democrático saben que el PR y el Partido Liberal (PL) tenemos aspiraciones de ser parte del proceso. El ánimo es ir en lista única, pero si los números no dan, hay que conversar”.

Para el líder de Acción Humanista (AH), Tomás Hirsch -con su colectividad recientemente legalizada a inicios de diciembre- el costo de una menor participación con el sistema senatorial es parte de los aspectos que han asumido en este nuevo proceso si se quiere proteger la idea de ir en lista única.

“Nosotros tenemos el acuerdo de hacer todo el esfuerzo posible para que haya una lista única. Ir divididos no solo sería perjudicial desde el punto de vista electoral, sino que sería una señal equívoca con respecto a los avances que ha habido en la conformación de la alianza de gobierno. Desde nuestro punto de vista, y lo hemos hablado en las reuniones de presidentes de partidos, hemos planteado que es fundamental una lista única. Incluso estamos dispuestos a sacrificar candidaturas, creemos que vale la pena. No estamos renunciando a levantar candidaturas, pero es funcional a tener un mejor resultado”, recalca.

Así las cosas, los secretarios generales -y expertos electorales de las tiendas- ya se han reunido dos veces esta semana. La última cita se realizó este jueves en la sede del Partido Socialista (PS). Algunos partidos como Convergencia Social (CS) ya han socializado con sus pares algunas proyecciones preliminares sobre una base de 50 escaños.

Tras la reunión, el secretario general del PPD, José Toro Kemp, declaró que “tenemos que analizar los escenarios electorales, ver cuál es la mejor manera, pero pareciera ser que la unidad del progresismo en una sola lista es la mejor manera de contribuir a que Chile tenga de una vez por todas una nueva Constitución. Estamos esperanzados que desde el progresismo, desde la centroizquierda hasta la izquierda, vamos a tener capacidad y unidad de propósito para enfrentar la elección de consejeros”.

Desde algunos sectores del oficialismo se ha criticado la subrepresentación de algunas circunscripciones -como Valparaíso, la Metropolitana y el Biobío, donde podría sacar mejor ventaja- asegurando incluso que es una razón para modificar el acuerdo del 12-D cuando la reforma constitucional comience a tramitarse.

Desde Comunes, de hecho, han sido críticos con ese aspecto y lo que han calificado como un “excesivo tutelaje”. De todas formas, su timonel, Marco Velarde, aclara que si bien su firma en el acuerdo “no está en duda y seguimos alineados al resto de la alianza de gobierno”, plantea que “es importante debatir sobre las subrepresentaciones de las regiones más pobladas, porque, efectivamente, su peso es mayor por la cantidad de habitantes. Seguramente es uno de los elementos a discutir en el trámite de la reforma constitucional que habilita el nuevo proceso constituyente”.

Velarde añade que “el principal desafío que tenemos es que a la alianza de gobierno le vaya bien y estamos trabajando como bloque para buscar las mejores opciones electorales para todos los partidos que la conforman. Cada organización tiene públicos y territorios donde tiene mejores opciones electorales, algunos son más fuertes en zonas metropolitanas y otros en regiones. La idea es complementar este esfuerzo y que el oficialismo tenga un buen resultado”.

De todas formas, en los partidos de mayor representación -particularmente en Apruebo Dignidad- comienza a asomar otro “fantasma”: el de la falta de cuadros para postular al nuevo proceso, considerando las inhabilidades de los exmiembros de la Convención Constitucional y la cantidad de militantes que, hoy por hoy, se desempeñan en el Ejecutivo.