Llegó el turno de Sebastián Piñera: expresidente declara en investigación por delitos de lesa humanidad ante fiscal Chong

Hace dos años fue la última vez que el expresidente Sebastián Piñera tuvo que referirse al estallido social en una investigación penal. Y lo hizo mientras estaba en La Moneda y en calidad de imputado, esto debido a las querellas que se habían presentado en su contra invocando presuntos delitos de lesa humanidad, una de ellas patrocinada por el entonces senador Alejandro Navarro. En esa oportunidad la causa la tramitaba la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, quien en 11 carillas dejó plasmado el interrogatorio al entonces Jefe de Estado. Durante la jornada de este martes 11, el dos veces mandatario volvió a enfrentar una declaración de carácter judicial, pero esta vez ante la jefa de Alta Complejidad Centro Norte, Ximena Chong, quien por estos días agiliza la última etapa de esta indagatoria que lleva ya varios años abierta.

La diligencia se efectuó durante la tarde y la hizo acompañado de su abogado, Samuel Donoso. Pasadas las 21.30 horas seguía entregando su testimonio a la persecutora. Esto se suma a la toma de declaración de otras exautoridades de la anterior administración. Ya entregaron su testimonio hace algunos días los exministros del Interior Andrés Chadwick y Gonzalo Blumel, al igual que el exsubsecretario de la cartera Juan Francisco Galli. Como el otrora Jefe de Estado cuenta con prerrogativa para establecer domicilio para la pesquisa, será la fiscal Chong y su equipo quienes se trasladen hasta la oficina de Piñera para concretar el interrogatorio en que nuevamente se abordará el rol de La Moneda tras el 18 de octubre de 2019 y qué hicieron en concreto las autoridades civiles para fiscalizar el actuar de las fuerzas de orden y seguridad que salieron esos días a las calles.

La citación de este martes, además, era para que respondiera consultas de otra arista que tramita la investigadora. Esta tiene que ver con responsabilidad de mando de Carabineros y que salpica principalmente a quien obraba como general director en esa época, el retirado Mario Rozas, y también a la actual máxima autoridad de Carabineros, el general director Ricardo Yáñez, quien tras el 18-O cumplió el rol de jefe de Orden y Seguridad.

El 19 de julio, el entonces Presidente de la República, Sebastián Piñera, renunció a su derecho a guardar silencio. En esa oportunidad detalló ante el Ministerio Público que nunca previó lo que sucedió para el estallido social. Esto, en base a un supuesto informe de inteligencia que, según trascendió, advertía sobre un escenario de alteración al orden público. “Existe un sistema de inteligencia a cargo de la ANI que colabora con el Presidente, pero no hubo ninguna advertencia concreta y específica sobre un desenlace de hechos como los vividos el 18 de octubre de 2019″, sostuvo.

Agregó que el entonces ministro de de Defensa, Alberto Espina, le informó que “había antecedentes” de “probablemente la Unidad de Inteligencia del Ejército”, en que “se daba cuenta que habían ingresado al país ciudadanos extranjeros, principalmente cubanos y venezolanos, que podrían haber participado en hechos de violencia. Yo le pedí que esos antecedentes los pusiera en poder de la fiscalía”. Sobre si tomó decisiones en base a esa información, aseguró que “la única decisión que se adoptó en función de ese informe fue poner a disposición del Ministerio Público (...) He aprendido a ser prudente con ese tipo de informes”.

En esa línea aclaró, eso sí, que la decisión de decretar el estado de emergencia no tuvo nada que ver con ese informe y que se relacionó al estado grave de alteración del orden público. “Mi decisión obedece al estado de grave alteración del orden público, a la violencia desatada y al hecho de que las Fuerzas de Orden y Seguridad estaban siendo superadas por la ola de violencia y el orden público no estaba siendo debidamente resguardado”, sostuvo.

Asimismo, desclasificó en esa oportunidad una reunión que tuvo con el general Javier Iturriaga la noche del 18-O, quien asumió labores como jefe de la Defensa Nacional y que actualmente es comandante en jefe del Ejército. “Le planteé que la razón para decretar el estado de emergencia eran los saqueos, incendios, principalmente atentados incendiarios a estaciones de Metro y edificios públicos, privados y los atentados contra infraestructura pública y privada y gravísimas alteraciones al orden público. En esas circunstancias, Carabineros se vio superado por la violencia, porque no tenían la capacidad humana, ni material para asegurar el resguardo del orden público. Así me lo planteó el ministro del Interior después de hablar con el general Rozas. Le dije al general Iturriaga que su misión era resguardar el orden público con pleno respeto a los derechos humanos y al Estado de derecho”, aseguró.

En ese sentido, aseguró, que siempre pensaron que el estado de excepción fuera lo más breve posible, en el entendido que no se aplicaba hace décadas, pero que la “violencia inusitada” esa noche los llevó a tomar esa determinación. “Siempre buscamos que las fuerzas de orden y seguridad resguardaran el orden público lo antes posible para restablecer la normalidad constitucional con pleno respeto por el Estado de derecho y los derechos humanos. Desde el mismo 18 de octubre empezamos a tomar distintas medidas de prevención para resguardar los derechos humanos, como tomar contacto con organismos de DD.HH. e invitarlos a Chile a observar e informar la situación y recomendar medidas para proteger mejor los derechos humanos. Adicionalmente coordinamos acciones con el Poder Judicial, el Ministerio Público, el INDH, Defensoría de la Niñez y Defensoría Penal Pública para asegurar el cumplimiento de sus funciones”, explicó.