Lo que no se vio: las movidas de último minuto que desactivaron la huelga en Escondida

El martes 14 de agosto, cerca de las once de la noche y a pocos minutos de que concluyera el plazo fatal para dar por finalizada o prorrogar la mediación entre Minera Escondida y el sindicato 1 de la operación, el abogado de esta última organización, Marco López, recibió un llamado telefónico que duró cerca de 40 minutos.

Al otro lado de la línea estaba el vicepresidente del área legal de BHP Minerals America, Nicolás Lustig, quien, apoyado en una serie de estudios en derecho, agotaba sus últimos argumentos para explicarle lo mucho que arriesgaban los casi 2.500 trabajadores sindicalizados si aplicaban el denominado plan "B" como estrategia de negociación.

Dicha alternativa consistía en que la mayoría de los trabajadores se descolgaran al día 30 de la ya aprobada huelga y que un grupo menor -en el que estaban los dirigentes del sindicato- aplicaran el artículo 342 del Código del Trabajo, generándose, según la interpretación de éstos, dos tipos de contrato: el individual, con el descuelgue; y el colectivo, con el 342, que permitiría que todos volvieran a negociar en 18 meses, recibiendo beneficios dos veces.

Quienes supieron de esta conversación señalan que fue uno de los aspectos decisivos en los últimos minutos de la mediación. Lustig habría advertido a López que el "plan B" no funcionaría al ser considerado como una práctica desleal y que la empresa "destruiría" al sindicato en caso de que se judicializaran las diferencias, aunque también habría mostrado flexibilidad para llegar a un acuerdo si es que la mediación continuaba.

Así, mientras López y Lustig hablaban por teléfono, también lo hacían -aunque cara a cara- el presidente del sindicato, Patricio Tapia, y el vicepresidente de Operaciones Integradas de Minera Escondida, Marcelo Castillo, quien motivaba al líder sindical a agotar todas las instancias para llegar a un acuerdo.

Todo esto, en un escenario que no era el más ideal para el sindicato. En la última votación, en que se aprobó la huelga, más de 400 trabajadores apoyaron la que había sido la última oferta de la empresa, lo que hacía pensar que la organización sindical no contaba con el respaldo suficiente para desarrollar una nueva movilización. Además, ya era sabido que los trabajadores habían sufrido las repercusiones económicas de la huelga de 44 días de 2017, perdiendo bonos de productividad, reajustes y el sueldo.

En este contexto, el punto de inflexión lo habría marcado el Gobierno, a través de la subdirectora del Trabajo, Camila Jordán, que en un hecho inédito, fue nombrada como mediadora del conflicto el 7 de agosto. La decisión demostró el interés del Ejecutivo en que se resolviera el conflicto y así evitar las repercusiones macroeconómicas para el país.

Según fuentes, tras la conversación telefónica entre Lustig y López, Jordán citó a todos los integrantes de la mesa negociadora a una reunión, faltando pocos minutos para la medianoche. En la cita habría realizado un llamado a la prórroga, enfocada principalmente en el sindicato, dado a que a su juicio, estaban las bases para que ambas partes llegaran a un acuerdo. Por ello, habría señalado que el que rompiera el diálogo se llevaría todo el peso social de esa decisión, comentan fuentes al tanto del proceso.

Así faltando sólo cinco minutos para las 00 horas, se generó la prórroga. Ello significó que la compañía desactivara el plan de contingencia que tenía preparado y que ya había sido comunicado a quienes realizarían el reemplazo en huelga y que, por otro lado, el sindicato comunicara a los trabajadores y a la opinión pública que las bases para un acuerdo ya estaban dadas. En este punto de las conversaciones sólo quedaban dos puntos por destrabar: la licitación del plan de salud y la mantención o venta/compra del plan habitacional, beneficio que la minera pretendía comprar a cambio de un bono de $1,5 millones para todos los trabajadores y de un préstamo de UF 500 para todos aquellos que aún no lo utilizaban.

En ambos casos, cada una de las partes cedió en las 24 horas siguientes de haberse acordado la prórroga. Por un lado, el sindicato aceptó que la empresa licitara el plan de salud, a cambio de que no se afectara el costo asumido por los trabajadores y que cualquier alza fuera asumida por Escondida. Mientras que por otro lado, la firma aceptó mantener el beneficio del plan habitacional, mediante el cual se prestaba a los trabajadores entre UF500 y UF1.000 para la compra de una vivienda.

Además de eso, los trabajadores recibirán beneficios por $ 19 millones, entre el bono por término de negociación y el préstamo blando. Suma a la que se añadirá $ 1 millón en diciembre por avenimiento judicial.

Pese a lo anterior, esas últimas conversaciones no fueron los únicos sucesos que impulsaron un acuerdo.

En el marco del inicio de la negociación reglada a fines de mayo, un pronunciamiento de la Dirección del Trabajo (DT) puso fin a uno de los puntos de discordia más relevantes que se habían generado durante el proceso de negociación anticipada acontecido en abril y que, como se conoce, terminó sin acuerdo.

Cabe destacar que quienes participaron del proceso de negociación por parte de la empresa fueron el gerente de Recursos Humanos, Ariel Huenchullán; el vicepresidente de Operaciones Integradas, Marcelo Castillo (quien habría tenido un rol protagónico); la superintendente de Relaciones Laborales, Paulina Cruz; y el abogado externo del estudio Sáez y Fernández, Felipe Sáez. Por el lado del sindicato, en tanto, participó la dirigencia sindical, encabezada por su presidente Patricio Tapia y los abogados asesores, Marco López y su señora, Ivonne Salfate.

En las sucesivas votaciones a mano alzada que realizaron los 2.474 trabajadores sindicalizados de Minera Escondida, durante la semana pasada, no sólo fue aprobada la última oferta de la compañía, consistente en beneficios por $ 19 millones para cada trabajador. También fue aceptado un descuento, de un fondo de contingencia de cerca de $ 250 millones, para pagar casi $ 150 millones a los abogados y funcionarios de la organización.

Así, del total, $ 123,7 millones serán dirigidos al pago pendiente a los abogados que asesoraron al sindicato -liderados por Marco López y su esposa Ivonne Salfate- , que corresponden a la segunda cuota de la orientación legal prestada en la negociación colectiva de 2017. "Se debe considerar el pago pendiente de asesoría (segunda cuota NC 2017, ya que por esta no se cobra adicional) que requiere $50 mil por socio", dice una presentación del sindicato.

Añade que también se descontarán $10.000 por cada uno de los 2.474 sindicalizados ($ 24,74 millones en total) para hacer un pago a los funcionarios del Sindicato, a fin de hacerles un "bono de reconocimiento". "Esto se pagaría de los $100 mil ya descontados como cuota de contingencia, de forma que se devolvería $40 mil a cada socio", termina el texto.