El caso SQM no está cerca de cerrarse. El juicio oral no se pudo realizar debido a la falta del auto de apertura, provocando que el conflicto entre las defensas y el Ministerio Público se agudizara en los tribunales. Las acusaciones cruzadas fueron públicas. Pablo Longueira dijo que el Ministerio Público en su persecución buscaba perjudicar su carrera, y Marco Enríquez-Ominami criticó duramente a los fiscales y los catalogó de incompetentes ante una investigación que se perfila para llegar a más de 8 años. Por su parte, los querellantes acusan a las defensas de retrasar intencionalmente el inicio de las audiencias.

Ahora se suma una nueva arista a esta causa: el exsenador acusado de cohecho presentó, junto a su defensa, un requerimiento ante el Tribunal Constitucional de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Con esto, uno de los principales imputados por el caso SQM busca no estar presente en el tribunal durante todo el juicio oral, ya que eso vulneraría sus derechos.

Según los abogados de Longueira, estas audiencias se desarrollarán de lunes a viernes desde las 9 horas hasta las 14.00 durante 18 a 24 meses en el 3º Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago. De esta forma, el exministro deberá acudir presencialmente durante todo este tiempo al juicio, con la amenaza de que se despache orden de detención en el caso de no presentarse. Precisamente esto es lo que ha generado problemas en el acusado.

Ya en el fallido inicio juicio oral que se desarrolló el 1 de febrero, los abogados del ex-UDI, junto a las defensas de otros imputados, habían solicitado al tribunal la presencia de sus representados vía remota durante estas audiencias. La decisión de las magistradas fue permitir a las personas mayores de 60 años declarar vía telemática. Ahora bien, Longueira entraría en este grupo, sin embargo, los defensores del acusado quieren ir más allá.

“Lo que se busca es que no sea imperativa su presencia, ya sea de manera presencial o telemática, durante todo el desarrollo del juicio, el que se estima durará más de dos años. La idea es que esté presente sólo cuando sea necesario y diga relación con su situación particular”, afirmó a La Tercera PM Joanna Heskia, abogada defensora de Pablo Longueira.

Según los abogados del exsenador, producto de la presencia obligatoria del acusado en los tribunales durante todo este tiempo, se estarían vulnerando los derechos humanos del imputado.

Además, el requerimiento detalla que en la causa se mezclaron casos que no tienen relación con lo que se le acusa al ingeniero civil. “El señor Longueira deberá asistir, bajo amenaza de prisión preventiva, al juicio de otras personas y de otros hechos”, se puede leer en el escrito presentado ante el Tribunal Constitucional. Y esto es porque la fiscalía agrupó distintos hechos e imputados en un sólo juicio. De hecho el exsenador es acusado de un presunto cohecho en el marco de la tramitación de la Ley de Royalty, mientras que ME-O es indagado por hechos totalmente distintos. Sin embargo, ambos deberán presenciar las pruebas y cargos del otro.

Los abogados sostienen que las pruebas y los testigos que se presentarán ante el tribunal tienen una mínima relación con los cargos que enfrenta Longueira, siendo, según ellos, innecesaria la presencia de este imputado en todas las audiencias del juicio. De acuerdo a lo presentado por la defensa ante el TC, el 80% de las pruebas que se presentarán en el juicio no tienen relación con su cliente.

“Los fundamentos son jurídicos; esta norma (que obliga a presentarse al imputado en todo el juicio) colisiona directamente con el derecho a la libertad ambulatoria y con el derecho a trabajar, nunca se pensó para juicios de esta duración y además, porque en la práctica, por la agrupación arbitraria que hace el Ministerio Público de la causa SQM con la causa de Pablo Longueira, que fueron tramitadas de manera separada los 2 años de investigación, en la práctica se está obligando al señor Longueira a asistir al juicio de otras personas que nada tienen que ver con su causa”, concluye Joanna Heskia.