Los escenarios tras el portazo de la Suprema para aplazar la aplicación de las isapres del fallo GES

Las isapres tendrán que empezar a aplicar muy pronto las rebajas del valor por las Garantías Explícitas en Salud (GES) que ordenó la Corte Suprema en el fallo que en agosto anuló el último incremento del precio GES que hicieron las aseguradoras de salud. Así se desprende de la respuesta que entregó este lunes la Corte Suprema al recurso de aclaración que había ingresado la Superintendencia de Salud el viernes pasado, el que abre la puerta a muchas dudas y posibles escenarios.

En concreto, el regulador había consultado a la Tercera Sala del máximo tribunal si es que era posible que la Superintendencia pudiera dictar una instrucción general a las isapres para que apliquen el fallo sobre los afiliados que no judicializaron el asunto y que de todas maneras verán una baja en sus primas. Al respecto, el regulador consultó también si es que podía dictar esas instrucciones dentro del plazo de seis meses, lo cual, en términos prácticos, implicaba aplazar la aplicación del fallo en ese lapso. Sin embargo, este lunes la Suprema fue categórica: “No ha lugar”, dijo. Incluso, señaló que “lo que corresponde a cada isapre es dar cumplimiento al fallo referido desde la fecha en que la sentencia quedó ejecutoriada”. Esto es, además, manteniendo la prima GES del trienio anterior, “sin tener justificación alguna para cobrar, desde entonces, cualquier otra cifra que exceda la anteriormente referida”.

Las isapres, si bien esperaban una respuesta negativa, no vislumbraban un portazo así y ahora temen que la reducción de ingresos operacionales mensuales al aplicar la sentencia -estimado en 12,7%- podría provocar la quiebra de varias de ellas.

En ese contexto, Héctor Sánchez, director del Instituto de Salud Pública de la U. Andrés Bello, explica que “lo que hizo la Corte Suprema fue ratificar a plenitud que el fallo GES era de aplicación general y que había que aplicarlo desde que estaba dictaminado”. Por eso, el experto calcula que la sentencia podría tener efectos prácticos a partir del 1 de enero.

Este nuevo dictamen complejiza aun más la situación del sector, pues desde hace meses que las aseguradoras aseguran estar pasando por un complejo momento financiero, al que se suma el otro fallo que dio a conocer la Corte Suprema en noviembre del año pasado, donde les ordenó a las aseguradoras aplicar la tabla de factores definida por la Superintendencia de Salud en diciembre de 2019 y restituir los cobros en exceso. De hecho, actualmente se está tramitando una ley en el Senado para aplicar esta sentencia de la mejor forma posible.

Ante esta realidad, desde la UNAB, Sánchez, quien también fue superintendente de Salud, prevé “un escenario muy complejo y casi catastrófico, porque creo que habrá una gran cantidad de instituciones que no podrán resistir, se van a caer y eso también va a afectar a los prestadores privados, pues las aseguradoras aún tienen deudas con ellos”.

Por otro lado, explica que uno de los efectos más inmediatos que podrían ver los usuarios es que no podrían bonificar sus prestaciones inmediatamente, sino que tendrían que pagar el valor completo para después reembolsar con su isapre. “Eso significa un desembolso inmediato, lo que se traduce en un freno a la demanda, y si hay un freno a la demanda, las personas podrían retrasar su diagnóstico o tratamiento y se podrían generar listas de espera, porque no todas las personas tienen el recurso para pagar de inmediato y después reembolsar”, agrega.

Luis Castillo, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la U. Autónoma, plantea algo similar: “Va a haber una reducción de los ingresos operacionales cercanos al 14%, según las isapres. Esta baja puede crear dos escenarios: disminución de la cobertura y de las prestaciones o el incumplimiento de indicadores de solvencia económica, lo que podría llevar a algunas aseguradoras a la caída”.

Jaime Burrows, académico de Medicina de la U. Diego Portales, también coincide que uno de los escenarios es el desplome de la industria, por eso sostiene que hay que fortalecer Fonasa, tal como propone la ley corta.

“Las isapres no van a ser capaces de mantener sus niveles de gastos respecto de los ingresos y, por lo tanto, tienen un riesgo inminente de empezar a quebrar, y eso evidentemente significa que habrá una sobrecarga para el seguro público, porque habrá un traspaso grande de personas. La otra consecuencia compleja es saber lo que va a pasar con los prestadores privados, por eso es importante esta tramitación en el Senado, para así poder implementar una modalidad en Fonasa con seguro complementario, porque eso permitirá tender el puente”.

Asimismo, Carolina Velasco, directora de estudios del Ipsuss de la U. San Sebastián, advierte que “esto no es solo una crisis sectorial o sanitaria, esto es una crisis que escala a niveles sociales y eventualmente políticos, dependiendo de su magnitud. Por eso es tan importante atajarla a tiempo. Siempre se pueden buscar salidas y llegar a acuerdos, y en eso hay que abocar todos los esfuerzos, porque es realmente inminente”.

Asimismo, la experta, quien también es integrante del comité de reforma formado por la Comisión de Salud del Senado, agrega que “estamos en un momento crítico, por lo tanto el llamado principal es a hacerse cargo. Ya tenemos las propuestas, se ha convocado a diversas comisiones y se han acogido, en distinta medida, algunas de las propuestas, pero falta mucho más. Es como si no estuviéramos dimensionando la gravedad de este problema”.

Consultados al respecto, desde la Superintendencia de Salud declinaron referirse al tema hasta no despejar completamente los pasos a seguir.