Los fantasmas que despierta en Perú la liberación de Fujimori

Las idas y vueltas de la situación judicial del expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000), autor de un autogolpe en abril de 1992 y sentenciado a 25 años de cárcel por su rol como autor mediato de los delitos de homicidio calificado y lesiones graves en los casos Barrios Altos y La Cantuta, tuvieron un nuevo episodio. Esto luego de que el Tribunal Constitucional (TC) de Perú ordenara “la inmediata libertad” del exmandatario.

La excarcelación se hizo efectiva momentos antes de las 18:30 de este miércoles, cuando las puertas del penal de Barbadillo, en Lima, se abrieron y se pudo ver a Fujimori ser recibido por sus hijos Keiko y Kenji. También lo esperaban dirigentes de Fuerza Popular. En el lugar había un fuerte resguardo policial y decenas de simpatizantes que aguardaron por horas la salida del exmandatario luego de conocida la orden del Tribunal Constitucional.

“He hablado con mi padre. Él ha recibido con serenidad, pero también con alegría, esta segunda resolución del Tribunal Constitucional. Estamos esperando con prudencia y con mucha fe los próximos pasos”, declaró Keiko Fujimori antes de su liberación.

Tras su excarcelación, Fujimori sería trasladado a la vivienda de la excandidata Keiko Fujimori ubicada en San Borja, que se convertiría en su residencia permanente, indicó el diario El Comercio.

Sin cumplir los 25 años de condena -solo 16-, la liberación de Fujimori llega a agitar el complejo panorama político y judicial por el que atraviesa el país vecino. Además de producirse en víspera del primer aniversario desde que Dina Boluarte llegó al poder tras la tumultuosa salida de Pedro Castillo, hoy en prisión, se esperaba que durante la jornada la Junta Nacional de Justicia decidiera el futuro de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien se encuentra acusada de corrupción.

Durante la tarde del martes el TC notificó al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) de la inminente liberación del político de origen japonés. Suscrita por los magistrados Francisco Morales Saravia, Luz Pacheco Zerga y Gustavo Gutiérrez Ticse, la resolución del tribunal peruano llegó a barrer con una resolución de medidas provisionales y supervisión de cumplimiento emitida en abril de 2022 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Esto obligó a ejecutar una sentencia previa que disponía la liberación de Fujimori, y que el año pasado había sido detenida mediante la intervención de la Corte IDH. Según uno de los argumentos del TC, “queda fuera” de la competencia del organismo interamericano el ordenar a un Estado el “no ejecutar una sentencia de un tribunal nacional”.

También esgrimen que el expresidente condenado por crímenes de lesa humanidad “ya ha cumplido aproximadamente las dos terceras partes de su condena”, que “tiene una avanzada edad (85 años)” y que “su salud se encuentra resquebrajada”. Inicialmente, la condena de Fujimori se cumplía en febrero de 2032.

El complejo escenario judicial se remonta al 3 de noviembre de 1991, fecha en que en Barrios Altos, en el centro de Lima, 15 vecinos, incluidos hombres, mujeres y niños, fueron asesinados mientras hacían una actividad para recaudar fondos y mejorar las tuberías de desagüe local, recordó El Comercio. Si bien en un principio se reportó que la matanza se debió a que eran “presuntos terroristas”, a un mes del hecho se planteó la posibilidad de un ataque paramilitar.

El 15 de noviembre del mismo año, una comisión investigadora en el Congreso se encargó de la situación, trabajo interrumpido por el cierre del Parlamento tras el autogolpe del entonces presidente Alberto Fujimori, el 5 de abril de 1992. Ese mismo año, el 18 de julio, nueve estudiantes y un profesor de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, conocida como La Cantuta, fueron secuestrados y desaparecidos por el mismo grupo paramilitar perteneciente al Ejército de Perú.

Ambos hechos tuvieron como consecuencia que en septiembre de 2007 Fujimori fuera extraditado desde Chile y trasladado al penal de la Diroes, para, en abril de 2009, ser sentenciado a 25 años de prisión por los casos Barrios Altos y La Cantuta.

Los delitos fueron calificados como “crímenes contra la humanidad según el Derecho Internacional Penal”, y fue señalado como autor mediato de los delitos de homicidio calificado con alevosía y lesiones graves por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, además de ser declarado culpable de secuestro agravado por las detenciones del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer, recordaron medios locales. También pesan sobre los hombros del exmandatario condenas por corrupción.

La historia dio un vuelco en diciembre de 2017, cuando, en vísperas de Navidad, el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski le otorgó un indulto y la gracia presidencial. Al año siguiente, la Corte IDH advirtió “serios cuestionamientos” sobre la medida, iniciando una tanda de idas y venidas –con Fujimori internándose por más de 100 días en una clínica con el fin de evitar regresar a prisión– que podrían concluir esta semana.

Este miércoles, sin embargo, el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Ricardo Pérez Manrique, volvió a la carga y solicitó a Perú que se abstuviera de ejecutar la liberación del expresidente Alberto Fujimori hasta que se cuente con todos los elementos necesarios para analizar si la decisión del TC cumple con las condiciones establecidas en la resolución de abril de 2022, detalló El Comercio.

La decisión, agregó Pérez Manrique, se realiza “dada la extrema gravedad y urgencia de la situación señalada como fundamento de la solicitud y con el propósito de que no se produzca un daño irremediable al derecho de acceso a la justicia de las víctimas”. Otro punto que destaca el organismo es que el TC no evaluó la compatibilidad del indulto humanitario con los estándares ya emitidos en una resolución de mayo de 2018, agregó RPP.

Durante la noche del martes, un grupo de manifestantes llegó a la sede del Poder Judicial, en el Cercado de Lima, para protestar por la decisión del TC. Al lugar arribaron tanto familiares de las víctimas de las matanzas, como adherentes y activistas por los derechos humanos, consignó el mismo medio.

La duda que abre la decisión judicial es cómo afectará esto el presente político de Perú, tanto en la actual mandataria, Dina Boluarte, como en la propia Keiko Fujimori, que compitió y perdió en la segunda vuelta de 2021.

Un dato clave lo aportó el analista político Gonzalo Banda, quien dijo al citado periódico que, más allá de la perspectiva jurídica, donde una excarcelación de Fujimori no era viable, desde el ámbito político sí lo era, puesto que basta con ver la composición actual del Tribunal Constitucional, que es “un reflejo” del Congreso donde el fujimorismo es la principal fuerza política.

“Se tiene a un Tribunal Constitucional que fue elegido por este Parlamento, entonces era bastante probable que la coalición que quería la liberación de Alberto Fujimori tuviera mucho más respaldo. ¿Quién lideró el proceso de elección de este TC? No fue Perú Libre ni la izquierda. Este fallo es una consecuencia de la composición del Congreso”, explicó.

Ante la pregunta sobre si Keiko Fujimori sale fortalecida, el también analista político Jeffrey Radzinsky dijo a El Comercio que cree que no, puesto que la opinión pública aún recuerda que Fuerza Popular realizó un “canje” político en 2017 para lograr el indulto de Pedro Pablo Kuczynski.

“En el cálculo electoral (de Keiko Fujimori y de Fuerza Popular) no les era conveniente que Alberto Fujimori esté libre. Mientras el expresidente no esté libre, la Fujimori con mayor protagonismo es Keiko. Mi sensación es que, en el imaginario colectivo, el hijo que realmente peleó y tuvo como bandera la libertad de su padre fue Kenji y no Keiko”.

En cambio, Banda cree de otro modo, ya que la excandidata presidencial “podrá decir que la libertad de su padre dependió” de un TC que Fuerza Popular y sus aliados eligieron basado en el “poder político que ella ganó” durante las últimas elecciones. “Ella podrá reclamar ese triunfo y ningún fujimorista se lo podrá cuestionar”, contrastó.

Dina Boluarte, en tanto, no se opondrá a la excarcelación, dijo Banda antes de confirmarse la liberación de Fujimori. Una coalición con control del TC respalda la decisión y su debilitada imagen –con un 84% de rechazo, según Datum Internacional– no le permiten mucho espacio. “El Ejecutivo podría entorpecer el trámite, pero no lo hará, tampoco imagino a la presidenta Boluarte poniendo al procurador supranacional en contra del fujimorismo con la precariedad de su gobierno. Les han trasladado un problema grueso”.

Al mismo tiempo, otra agenda se toma a Perú: el futuro de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, acusada de corrupción al liderar una organización criminal. Un editorial del periódico El Comercio señaló que “ya hay declaraciones efectuadas por el colaborador eficaz Jaime Villanueva que confirman las presiones y el canje por expedientes inculpatorios de los congresistas”, y que “la salida por la puerta falsa de Fujimori parece cumplir ese rol encubridor”.

Este miércoles, Benavides se retiró de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) sin responder ante las acusaciones, esgrimiendo que el organismo le ha “instaurado un tipo de procedimiento que viola mi derecho de defensa y mi derecho del debido proceso. Por eso, he interpuesto varios mecanismos de los cuales todavía no he tenido respuesta al día de hoy”.

Durante el mismo día vencía el plazo de la JNJ para dar a conocer su decisión sobre la suspensión en el cargo de la fiscal, lo que “se trata de la decisión más importante de la agenda política y que compromete el futuro de la democracia, la lucha contra la impunidad y la derrota de la corrupción”, agregó El Comercio.