Los fichajes del CPLT para enfrentar a La Moneda

Hace semanas el Consejo Para la Transparencia contactó por separado a los abogados Enrique Rajevic y José Francisco García para una asesoría particular.

El organismo fiscalizador que encabeza el abogado Marcelo Drago buscaba la elaboración de informes en derecho para enfrentar en el Congreso los argumentos del gobierno contenidos en la Agenda de Integridad y Transparencia que considera la creación de una supracomisión de transparencia.

Desde la presentación del proyecto, las relaciones entre el Ejecutivo y el CPLT quedaron trizadas. La discrepancia  está en las atribuciones que aspira tener  el organismo fiscalizador sobre órganos de rango constitucional como la Contraloría, el Poder Judicial, el Banco Central, el Tribunal Constitucional y el Ministerio Público, entre otros.

Desde su creación  hace 10 años, el CPLT se ha transformado en un organismo progresivamente incómodo. Durante la primera administración del presidente Sebastián Piñera tuvo un público desencuentro con La Moneda cuando el Consejo acogió la solicitud de darle publicidad a los correos institucionales del entonces ministros Segpres, Cristián Larroulet. Y en el actual periodo, el organismo tomó la decisión política de  incidir en la agenda a través del ejercicio de sus funciones y pelear  la fiscalización sobre otros poderes del Estado. Una decisión que, comentan un abogado litigante, ha sido rechazada con dureza en la Contraloría y en el Poder Judicial.

Previo a mandar su proyecto, el ministro Segpres, Gonzalo Blumel participó en una mesa de trabajo con los consejeros del CPLT. Hasta ahí el Consejo estimaba que había piso para que sus propuestas se acogieran. Sin embargo, al finalizar esas tratativas, el Ejecutivo notificó su plan de crear una nueva institucionalidad, que según el gobierno no tendrá más finalidad que la de coordinar la labor que deberá realidad cada organismo autónomo a través de sus propias direcciones de transparencia y con personal nombrado por Alta Dirección Pública y no dependiente de la jefatura de turno.

Allegados al Consejo, sin embargo, estiman que la nueva institucionalidad propuesta por el Ejecutivo sólo es una estructura anómala, solo comparable con el Consejo de Seguridad Nacional. "En democracia no se justifica un organismos de esa naturaleza", sostiene uno de los abogados que ha conocido la iniciativa en la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados.

Desde el Gobierno aseguran, por su parte, que es impensado que el CPLT tenga la tuición sobre todos los órganos del Estado y se erija como "el ser supremo de la transparencia "cuando no es un órgano autónomo constitucional como los órganos superiores a los que busca fiscalizar.

El Ejecutivo argumenta que lo más complejo es que si el CPLT fiscaliza a organismos superiores, habrá una  fiscalización cruzada. En el Gobierno sostienen que el mejor ejemplo es lo que ocurrió con los correos del ex ministros Larroulet, controversia que terminó en el Tribunal Constitucional... que ahora el Consejo fiscalizaría.

"Lo que el gobierno está haciendo  es crear direcciones de transparencia en cada órgano con autonomía y que no son removibles, que se nombran por Alta Dirección Pública", refuerza una fuente del Ejecutivo, que asegura que sí  hay interés de fortalecer el CPLT y que se ha dado muestra de eso a través del proyecto de ley de Datos Personales.

El presidente del Consejo Para La Transparencia sostiene que la única incompatibilidad de fiscalización sería con el Poder Judicial.

"Lo que es claramente incompatible es que nosotros fiscalicemos y resolvamos amparos referentes al Poder Judicial. No tenemos problemas en que las Cortes de Apelaciones y la Suprema revisen nuestras resoluciones porque corresponde. Pero el problema se reduce solo al poder Judicial, a ningún otro órgano autónomo constitucional", asegura.

El abogado insiste en que "hay una confusión entre un órgano autónomo constitucional y lo que son Poderes del Estado que sí merecen un nivel de separación distinguible,  pero en las demás autonomías constitucionales no es tan claro. La autonomía constitucional no equivale a autarquía. Nosotros por ejemplo nos hacemos cargo del Consejo Nacional de TV, que es autónomo constitucional y también del Servicio Electoral que tiene rango constitucional", recalca.