Los infructuosos intentos de convencionales derecha por judicializar el proceso constituyente

Entre el 28 y el 30 de junio, la Convención Constitucional desarrollará sus últimos plenos de votación, previo a la entrega del proyecto de nueva Constitución al Presidente de la República, el próximo 4 de julio. Entre esos días, la comisión de Armonización presentará ante el pleno el informe que contendrá la identificación de contradicciones, errores gramaticales o problemas de coherencia relativos a los 499 artículos aprobados por el órgano constituyente.

Hasta el momento, hay una propuesta de la instancia sobre la cual un sector de la derecha -particularmente los 21 convencionales cercanos a la UDI- tiene los ojos puestos, y por la que incluso se ha hablado de judicializar ante la Corte Suprema. Se trata de una indicación ya aprobada por la comisión relativa al quórum de reforma constitucional permanente. Esta pretende establecer en el borrador de nueva Constitución que, para la aprobación de los proyectos de reforma a la nueva Carta Magna, se “necesitará del voto conforme de las cuatro séptimas partes de integrantes en ejercicio” del Congreso de Diputadas y Diputados que reemplazaría a la actual cámara baja y de la Cámara de las Regiones que ocuparía el lugar del Senado.

La comisión de Armonización también aprobó una indicación que establece que el Presidente deberá convocar a un referéndum ratificatorio en caso de que se trate de proyectos de reforma constitucional aprobados por el Legislativo que alteren sustancialmente materias como régimen político, el diseño del Congreso, la forma del Estado Regional, entre otras. Solo en caso de que el proyecto de reforma sea aprobado por 2/3 de los parlamentarios en ejercicio, no sería sometido a plebiscito ratificatorio.

Según argumentan desde la UDI, la posibilidad judicializar radica en que el pleno deliberadamente no estableció un quórum. “Como sector no votamos la indicación que regula como 4/7 el quórum para reformar el borrador de la Convención (...). No está dentro de las facultades de la comisión ‘llenar vacíos’, especialmente cuando el pleno se pronunció en ese sentido”, justificó Carol Bown (UDI).

“Es tan importante lo que se aprueba como aquello que se rechaza, porque en lo segundo también hay una intención del pleno de desechar o dejar algo sin quórum, por más ilógico que sea”, agregó.

Sin embargo, los colectivos de derecha son conscientes de que sus firmas son insuficientes para recurrir a la Corte Suprema. Entre los tres colectivos cercanos a la UDI -Chile Libre, Un Chile Unido y Unidos por Chile- y RN-Evópoli-IND, suman un total de 37 convencionales. Aunque todos ellos se cuadraran para presentar la acusación, de todas necesitarían tres firmas extra.

Su primera alternativa para buscar donde conseguirlas es el Colectivo del Apruebo, grupo compuesto por siete convencionales y cercano a la exConcertación. Y es que previamente, en mayo, ese grupo había advertido que sí era una opción judicializar, aunque en caso de que se aprobara la indicación que un grupo de convencionales presentó en el último informe de la comisión de Sistema de Justicia, la cual finalmente fue rechazada.

Pero esta vez es distinto. Desde RN manifiestan que “al parecer no hay voluntad” de ese sector. Asimismo, la UDI se reunió el sábado para evaluar la opción de judicializar. Según presentes, se concluyó que el hecho de que el Colectivo del Apruebo haya firmado las indicaciones de Armonización prueba que este escenario no tendría piso.

Desde el colectivo cercano a la exConcertación manifiestan que no ha habido conversaciones al respecto al interior del grupo. Eso sí, uno de sus siete integrantes manifiesta que siempre han estado “dispuestos a evaluar todo”. Sin embargo, no todos comparten esa idea.

En esta línea, el Luis Barceló (Colectivo del Apruebo) dijo que “a título personal , que se establezca en Armonización como regla de reforma los 4/7 (...) da suficiente estabilidad a la Constitución. A su vez, flexibiliza su reforma, cambio que era muy difícil de lograr con la regla inicial de los 2/3. No veo, entonces , la justificación de acudir a la Corte Suprema”.

De todas formas, dentro de la misma derecha no convence una ofensiva de este tipo. Para algunos convencionales del sector creen que “sería un mal momento” y una mala estrategia porque se acusaría a Vamos por Chile de querer “torpedear” el proceso.

Se judicialice o no, desde la UDI apuestan que la ciudadanía castigue con su voto la reposición del quórum. “La mejor amenaza a esa norma es la propia imagen de la Convención, en donde hay una mayoría social que cada vez más ve cómo la propuesta no es lo que se esperaba. En este caso, poniendo candados, mismos candados que durante 30 años se criticaron”, comentó Arturo Zúñiga (UDI).

“Con los 4/7, más el plebiscito, más el consentimiento indígena, se le pone un triple candado que hará que quienes quieran aprobar para reformar busquen en el rechazo esas reformas”, agregó el convencional.

En todo caso, la mesa directiva -salvo el vicepresidente adjunto Hernán Larraín (RN-Evópoli-IND)- y los coordinadores de la comisión de Armonización han respaldado que la instancia pueda “llenar vacíos”. “Dentro de las atribuciones que nos confiere el reglamento, tenemos la atribución de proponer soluciones a incoherencias o incongruencias. Es un argumento bastante válido (...) que existe una incoherencia en cuanto al quórum de reforma constitucional”, dijo a La Tercera en mayo la co-coordinadora Tammy Pustilnick (No Neutrales).

Como sea, de lo que también son conscientes quienes defienden la judicialización, es que no existe claridad sobre cómo se debe hacer la tramitación de un recurso ante la Corte Suprema por un reclamo de este tipo. Por ejemplo, no saben cuándo se debería partir, si es desde que se vota el hecho o desde que se propone la indicación.

El quórum de reforma constitucional no es el único punto del trabajo de la Convención que la derecha considera como inconstitucional. Desde la UDI advierten que también lo serían las resoluciones definidas por el Comité de Ética del órgano constituyente relativos a sanciones, por lo que técnicamente se podría presentar un reclamo ante la Corte Suprema.

En concreto, Zúñiga, Ruth Hurtado, Marcela Cubillos, Teresa Marinovic, Martín Arrau y Bessy Gallardo -la única convencional de izquierda- han sido sancionados por el comité con una multa proveniente de su dieta mensual. Lo que se comenta al interior de la derecha es que el sueldo de los convencionales está fijado por la Constitución, por lo que el organismo no podría unilateralmente decidir bajarlo.

Marinovic es a quien se le aplicó la multa más grande -543.671 pesos-, pues en abril se le descontó el 15% de su dieta mensual. La sanción se aplicó a raíz de la presentación de un oficio enviado por los constituyentes Manuel Woldarsky y Victorino Antilef, en el que reclamaron ante el comité que la convencional haya dicho “Convención cu..., convencionales conchesdes...” durante una prueba de sonido.

No obstante, algunos de los mencionados adelantan que optarán por no judicializar esta instancia. “El comité de ética que inventaron siempre tuvo por objeto censurar opiniones diferentes a la que dominó todo el proceso de la Convención. En ese contexto es que hay que entender que es una instancia irrelevante. Es esa la importancia que le damos a ese comité y sus decisiones. Por ello, no tendría ningún sentido imputarlo, porque sería validarlo”, dijo Arrau.

Con reserva de identidad, desde el comité de Ética de la Convención señalan que no tienen una opinión al respecto que “habrá que ver pasa”.