Los malogrados días de la casona de la comunidad italiana en Viña del Mar

Seguramente, cuando el empresario y político chileno Carlos Werner Richter (1864-1926) mandó a construir en 1914 la Casa de Italia, en el centro de Viña del Mar, no se imaginó que un siglo más tarde el inmueble terminaría en ruinas y ocupado ilegalmente.

Tras pasar a manos de una sucesión, este edificio de 1.456 m2 y corte historicista -con detalles románicos y neogóticos en su estructura- fue adquirido en 1950 por el empresario Constantino Mustakis y luego, en 1966, por la colonia italiana -actual propietaria-, entonces dirigida por Ambrosio Montalbetti.

Durante largos años el recinto albergó las actividades culturales, deportivas y sociales de migrantes y descendientes de italianos que residían en la zona. Incluso, llegó a funcionar allí la red internacional Sociedad Dante Alighieri, promotora de la lengua y cultura italiana en todo el mundo desde 1889.

Más tarde, y para paliar los costos que implicaba su mantención, la casona se convirtió en restaurante y, en 2011, en un instituto profesional. Eso, hasta que la inmobiliaria Casa de Italia S.A., sociedad a cargo del recinto, suscribió un compromiso de compraventa para la construcción de dos torres de edificios de 22 pisos.

El proyecto implicaba la demolición de la propiedad, lo que alertó a los grupos de conservación y motivó la presentación de una solicitud al Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), que tras revisar los antecedentes de la estructura la declaró Monumento Histórico en 2017, impidiendo su destrucción.

Pero, aunque protegido, desde 2018 el inmueble está abandonado. “No se han realizado obras de recuperación o cuidados”, critica el consejero regional Manuel Millones, quien participó de las gestiones para la protección de la casona.

Según Millones, en 2019 el entonces subsecretario de Desarrollo Regional, Felipe Salaberry, anunció la compra del inmueble, ligado a un proyecto que debía realizar el municipio, lo cual no se concretó. “Es frustrante que por una torpeza, como es el no haber tramitado el proyecto, terminemos con la casa destruida. Vamos a terminar sin nada”, añade.

La situación empeoró tras dos incendios, en diciembre de 2019 y marzo de 2020. El primero dañó el 80% de su estructura y motivó la presentación de dos querellas: una de la sociedad, otra del Consejo de Defensa del Estado. La investigación avanza y en noviembre la fiscalía presentó una acusación contra el presunto responsable, quien permanece en prisión preventiva.

Así, desde los siniestros, la Casa de Italia está echada a su suerte. Con la vegetación creciendo descontrolada y acumulando basura en su interior.

Renzo Arata, presidente de la inmobiliaria, explica que la propiedad ha sido ocupada ilegalmente “y desalojada innumerables veces. Pero es imposible evitar que ocurra nuevamente si continúa abandonada en el medio de la ciudad. Todo cierre ha sido reiteradamente forzado y destruido”.

Hace unos meses volvió a ocurrir. Una agrupación inició en el lugar -sin permiso de los propietarios- un proyecto de “recuperación de la Casa Italia como centro cultural”, según consta en las redes sociales que crearon para difundir la iniciativa.

En sus primeras jornadas de trabajo, el grupo retiró desechos y escombros. También sanitizaron y desmalezaron el patio.

“Seguimos trabajando en la recuperación de este espacio, construyendo un lugar de resistencia y arte para la comunidad”, dice una de sus publicaciones. Abajo, en un comentario, un usuario dice que “como viñamarino los felicito por esta idea”.

El colectivo, ahora, está recolectando firmas para contar con apoyo ciudadano “y así poder optar a beneficios municipales”, según declaran.

¿Qué dicen los dueños? “Si los ocupantes actuales realmente cuidan el espacio, no pediré inmediatamente un nuevo e inútil desalojo, pero tarde o temprano deberá ocurrir, no solo para que se respete nuestra propiedad, sino por su propia integridad”, dice Arata.

El abogado y docente universitario añade que “temo sinceramente que pueda ocurrir un colapso al interior de la edificación y que derive en una tragedia de proporciones, como se lo expuse a la municipalidad y al CMN sin recibir respuesta”.

La sociedad sigue intentando vender la propiedad, pero el alcance de la declaratoria patrimonial, “que abarca todo el predio y no solo la pequeña superficie da edificación, ha sido un enorme desincentivo para levantar un proyecto que concilie los intereses públicos y privados”, señala Arata.

Lo anterior, porque cualquier intervención que se realice en el predio requiere de la autorización del Consejo de Monumentos.

Para facilitar su enajenación, la sociedad está solicitando a la institución “que se permita desafectar la parte posterior del predio, y hacer construcciones respetando las fachadas y el jardín de la casa en ruinas”, plantea Arata.

Pero, por ahora, nada de eso ha ocurrido.