Los mineros que nadie más buscó: Interponen demanda contra el Estado por fallecidos en Chile Chico

Jorge Martínez (26) y Enrique Ojeda (33) no debían estar en el yacimiento Delia II de la Mina Cerro Bayo el viernes 9 junio de 2017. El primero ya había salido de su turno, cuando un compañero le pidió que ayudara con una pala descompuesta que lo hizo regresar. Ojeda, en tanto, esa mañana había perdido el bus de acercamiento de Chile Chico hasta la faena distante a la 40 minutos, pero insistió en llegar en su propio auto.

Ambos estaban por salir del yacimiento a las 2am cuando un operario les avisó que había agua en la mina. La tragedia se desató pocos minutos después de que se internaran a revisar. El techo del caserón 206- que separaba el yacimiento del piso de la Laguna Verde que colindaba a las faenas- colapsó, dejando a los jóvenes mineros enterrados para siempre en el yacimiento.

La búsqueda de Jorge y Enrique fue breve. Dieciocho días después, el 27 de junio de ese mismo año,  Sernageomin y la minera, controlada por Mandalay Resources, oficializó la muerte de ambos y terminó con las labores de búsqueda.

Desde ahí ambas familias iniciaron una batalla judicial que ha tenido varios hitos. Primero  interpusieron un recurso ante la Corte de Apelaciones de Coyhaique exigiendo extender la búsqueda. No hubo respuesta favorable hasta que nueve meses después del accidente un fallo de la Corte Suprema le exigió a la mina buscar a Jorge y Enrique. Una victoria pírrica para las familias que a esa altura solo podían aspirar a darle otra sepultura a los cuerpos.

Con la voz quebrada Guadalupe Martínez, madre de Jorge, dice que descartaron la idea de seguir buscándolos porque visualizaron un proceso eterno de peleas con la empresa y por temor a un nuevo accidente en el lugar. Jorge era uno de sus cuatro hijos. A contrapelo suyo, a los 22 años,  decidió dejar sus labores como guardia de seguridad en Coyhaique para partir a Chile Chico a probar suerte en la mina que ofrecía mejores perspectivas económicas.

"Yo no estaba de acuerdo, porque ha habido tantos accidentes ahí. Tenía tanta angustia y ahora mi Jorgito no está", dice Guadalupe que no puede hablar de su hijo sin llorar. Hasta hoy está con tratamiento de siquiatra y sicólogo en Coyhaique. El fallo que la justicia obligando a la empresa a dar con los cuerpos -asegura- la angustió aun más: "Quiero recordar a mi Jorgito como era. Por último lo voy a ver en la plaquita que hicimos donde fue el accidente".

La empresa llegó a un acuerdo económico con las familias en septiembre del año pasado. Le entregó 330 millones a los deudos de Jorge Martínez, que dejó padres, hermanos, una pareja y a su hijo Matías que hoy vive en Calbuco. Los padres y hermanos de Enrique Ojeda, todos originarios de la comuna de Los Muermos (Región de Los Lagos), recibieron 270 millones. Con ambas familias la empresa llegó a un acuerdo de confidencialidad y al compromiso de no seguir un proceso judicial en su contra.

Para las familias de Jorge Martínez y Enrique Ojeda,  Minera Cerro Bayo no es la única responsable del accidente. También lo es el Servicio Nacional Geología y Minería, Sernageomin, que hizo vista gorda de groseras falencias de operación del yacimiento.

Minera Cerro Bayo tenía permiso de operación entre 2011 y 2015, pero siguió explotando hasta dos años después. Asimismo, tenía permiso para operar en 43.4 hectáreas pero se extendió 3.8 hectáreas más, hasta colindar con la laguna que hizo colapsar el yacimiento. Nada de eso lo vieron los fiscalizadores de Sernageomin. Es por eso que el próximo paso de la familia será demandar al servicio estatal por falta de servicio y negligencia grave, un recurso que se presentará en las próximas semanas a cargo del abogado Francisco Paredes.

"Este pudo ser el accidente más grande en la historia de la minería chilena. Murieron dos personas porque fue a las 2 de la madrugada, pero si pasa unas horas antes habría sido una tragedia gigantesca. La peor. Y nada de eso lo evitado el Sernageomin, a quien ahora demandamos más que nada porque hay peligro evidente en otras faenas por su forma de operar", dice Paredes al teléfono desde Puerto Montt,

El proceder de Sernageomin ante este caso queda de manifiesto en un oficio enviado por el propio ministro de Minería, Baldo Prokurica a la Cámara de Diputados el 4 de junio de 2018 y al cual este medio tuvo acceso.

Frente a un requerimiento del diputado PS Fidel Espinoza pidiendo explicaciones "sobre las razones que impidieron la fiscalización del yacimiento Delia 2 de Chile Chico con anterioridad al accidente del 9 de junio de 2017", el ministro responde que "entre 2011 y 2017 se realizaron 23 fiscalizaciones".

El informe de Sernageomín remitido por la autoridad luego reconoce que "nuestros fiscalizadores no advirtieron que la empresa había extendido las labores y extracción del material más allá del perímetro autorizado, acercando la explotación bajo Laguna Verde, dejando un pilar rocoso entre el piso  de dicha laguna y el techo del caserón 206 (que colapsó) , de un menor espesor recomendado en el estudio geomecánico".

El referido oficio también reconoce que Minera Cerro Bayo sobreexplotó sin permiso y sin que nadie lo advirtiera, pues tenía autorización para extraer 441.000 toneladas y sacó 774.072.

¿Por qué no se cerró la faena si ya no tenía vida útil?. El oficio del ministro respondió al Congreso que "no se efectuó el hallazgo de este incumplimiento por parte de personal de nuestro servicio"

Gustavo Veroíza, presidente del sindicato de trabajadores de Mina Cerro Bayo al momento del accidente, asegura que las fiscalizaciones de Sernageomín estuvieron muy por debajo de las 24 visitas que aseguró el ministro.

Asegura, además, que los funcionarios tenían un trato con la empresa que hacía inviable una fiscalización independiente.

"Los fiscalizadores venían desde Concepción y siempre le advertían con mucha anticipación su llegada a la empresa. De hecho, ellos los iban a buscar y terminaban alojados en el hotel de la empresa en Chile Chico. Con suerte bajaban unos metros al yacimiento y siempre por lugares que la empresa sabía que se revisarían", asegura.

En tanto, desde Sernageomin emitieron una declaración al respecto. "En relación a las causas que provocaron el accidente, en la investigación realizada por Sernageomin, se pudo determinar que la empresa ejecutó trabajos fuera de los límites del polígono aprobados por el Servicio, lo que se sumó a la falta de un proyecto de ingeniería para explotar otras áreas y que también debieron ser autorizados. Asimismo, la empresa, a pesar de contar con la información, no consideró desprendimientos de dique que hubo durante la construcción de las basales superiores, realizó sólo fortificación de galerías y no un análisis de estos eventos, sin una evaluación y control suficiente de la estabilidad de la cámara más próxima al borde de la laguna. Todos estos factores del trabajo incidieron la probabilidad para que finalmente ocurriera el accidente", se lee en el comunicado.

"Respecto a la demanda, hasta el momento no tenemos conocimiento de ella. Y si ocurre su notificación, analizaremos las antecedentes pertinentes para responder conforme al caso. Actualmente existe un sumario administrativo que tiene por finalidad determinar, si fuera el caso, las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios. Por lo anterior, las personas involucradas continúan cumpliendo sus labores dado que no existe todavía cierre del proceso administrativo", se agrega.

*Esta nota fue actualizada a las 15:40.