Los “no” del Ejército a Cristián Barra y la reunión con comuneros mapuches que indignaron al exasesor del gobierno

“Hemos hablado, intercambio de pareceres sobre la realidad y el futuro, y el general nos ha dado información sobre su preferencia de combatir el Covid-19 en La Araucanía, por lo que van a desobedecer la decisión del Presidente de la República de hacer patrullajes y desalojos en comunidades mapuches”. Con estas palabras, el comunero mapuche Aucán Huilcamán explicaba a la prensa, según su parecer, el resultado de la reunión que había sostenido con el jefe de la Defensa Nacional en la zona, el general del Ejército Marcelo Núñez. Era el 2 de marzo de este año.

Cada una de estas declaraciones llegaron hasta el exdelegado del gobierno en la Macrozona Sur, Cristián Barra, quien las escuchó y, de inmediato, según testigos, se vio cómo la sangre comenzó a subirle a la cabeza. “Estaba indignado”, recuerdan sus cercanos. La molestia no era con Huilcamán, claro, sino con el general del Ejército, pues había recibido en el cuartel militar a un representante “poco válido” -según él consideraba- en el conflicto en la zona.

Pocos días después, Núñez y Barra se vieron las caras en una reunión. Hubo gritos, golpes a la mesa y reproches mutuos. La relación entre ambas autoridades no era de las mejores, lo que quedó en evidencia cuando ayer domingo el entonces delegado presidencial en la Macrozona Sur criticó duramente la labor de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) en La Araucanía, en una entrevista con el diario El Mercurio. “Siempre son reticentes. Me toca reunirme con ellos como jefes de la defensa en las distintas regiones y particularmente encuentro insólito que lleguen a las reuniones con abogados, para poder decir por qué no pueden hacer las cosas que uno quisiera”, dijo, lo que finalmente le terminó por costar el cargo.

Las palabras de Barra fueron leídas temprano por el comandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez. El jefe militar, según cercanos, estuvo a minutos de emitir una declaración pública. Finalmente se decidió por mantener silencio. Una llamada con el ministro de Defensa, Baldo Prokurica (quien también está oficiando de ministro (S) del Interior, bastó para bajar las pulsaciones, dado que lo que se le transmitió era que el gobierno no respaldaría a Barra y sí la función de las FF.AA.

En La Moneda había molestia. El Presidente Piñera transmitió su desacuerdo por las palabras de Barra -un histórico leal a él-, pues el “timing” no fue el adecuado, dado que el Ejército estaba aún en medio de la polémica por su comunicado respecto de la estatua del general Manuel Baquedano. Además, consideraba, había cosas que no se podían decir en público.

El lunes 22 de febrero, el Presidente Piñera citó a una reunión urgente en La Moneda a los representantes del Ministerio del Interior, Defensa, las FF.AA. y las policías para tomar medidas especiales ante la escalada de violencia rural en la Macrozona Sur. Dos horas después, todos estaban rumbo a La Araucanía.

En la zona trabajaron dos días para establecer una labor coordinada entre las FF.AA. y las policías. Se anunciaron los patrullajes mixtos, entre uniformados y militares, sin embargo, según cuentan fuentes castrenses, Barra quería más. La petición del exdelegado, confirman las mismas fuentes consultadas, era apoyar los procedimientos de Carabineros y la PDI cuando hubiera algún atentado. Que los cubrieran.

La respuesta, entonces, fue “no, no está dentro del marco constitucional”. Para el Ejército, cualquier llamado que tuviera que ver con restablecer el orden público era de las policías y no de ellos, que solo podían cooperar en temas de logística y planificación. En esos mismos días, Barra les pidió que sirvieran de “transporte”, en sus vehículos blindados, para los carabineros que cumplían medidas de protección en predios ubicados en zonas rurales.

La respuesta, nuevamente, fue “no, no está dentro del marco constitucional”. Lo que quería Barra, explicaron fuentes de gobierno, era que los militares fueran a buscar y a dejar a los carabineros que cumplían estas labores para liberar de esas funciones a los policías, y así estos pudieran abocarse a otras tareas de mayor prioridad.

Las razones del Ejército pasaban por el hecho de que no podían estar implicados en ningún tipo de riesgo que pudiera terminar en un enfrentamiento. Distintas fuentes de la institución castrense han advertido que “el soldado no está preparado para un enfrentamiento policial. Si nos disparan, nosotros, por cultura formativa, disparamos a matar. Y eso no se puede hacer en el marco de un proceso que tiene que ver con orden público”.

Pero en el gobierno advierten que la postura del Ejército siempre fue un poco “reticente”. ¿Por qué? Explicaron que hay dos estilos distintos en las FF.AA.: la del Ejército y la Armada. Ejemplificaron que “los marinos siempre dijeron que no a todo; los militares decían que sí, pero después no llegaban”. Incluso, reconocen, que lo de los “patrullajes mixtos” fue a regañadientes de ambas instituciones.

El Ejército, por su lado, defiende su rol en el conflicto. Aseguraron que sí han apoyado las labores de la policía, que desde el 2020 ya han enviado 20 vehículos Mowag a la zona y que cuentan con un equipo especializado en táctica disponible para prepararlos en estudio de procedimientos e ingresos en zonas complejas. Eso, puntualizan, sí está en el marco constitucional.

La frase de Barra respecto de la presencia de abogados del Ejército en las reuniones con el gobierno (encuentro insólito que lleguen a las reuniones con abogados”), hasta sacó una sonrisa en las Fuerzas Armadas. “Obvio que tenemos que ir con abogados. Menos mal lo hacemos así”, explicaron, y en el caso del Ejército subrayan que así lo dispuso desde 2018 el comandante en jefe, Ricardo Martínez.

En la zona explicaron que la presencia de abogados del Ejército en las reuniones con las autoridades comenzó cuando decretaron el estado de excepción en La Araucanía, en 2018, por los incendios forestales. Desde entonces, siempre ha sido así, y creen que Barra es el único sorprendido por esta situación por “falta de conocimiento”.

Además, señalaron, el uso de los efectivos militares está en la zona principalmente para ser requerido dentro del marco del estado de excepción por el Covid-19. Ponen otro ejemplo: hace tres semanas, cuando comenzó el proceso de vacunación, en Tirúa cortaron la ruta con barricadas. Se pidió auxilio al Ejército para retirar los escombros, porque la ambulancia no podía pasar con los pacientes: “Altiro, sí, que vaya una patrulla”, sostuvo uno de los presentes en una de esas citas.

En tanto, en el gobierno ya se designó al reemplazo de Barra. Se trata de Pablo Urquízar, exjefe de gabinete de Alberto Espina en Defensa y de buena relación con el mundo castrense. Loreto Silva, en tanto, será la encargada de la coordinación legal. El Ejército, en tanto, piensa que no sería mala idea apurar la redacción de un “decreto tipo 265″, como el que elaboraron para actuar en la Macrozona Norte y el control de inmigrantes, y así dejar en claro su rol en el conflicto.