Los otros focos de conflicto medioambiental que monitorea La Moneda

Con dos ministros en terreno, la inmediata determinación de una drástica medida precautoria -"paralizar las fuentes contaminantes" de Enap- y un rol activo del intendente Jorge Martínez y las gobernaciones, el gobierno pretende manejar el conflicto medioambiental en Quintero-Puchuncaví (V Región), provocado a partir de la presencia de gases tóxicos que dejaron a un total de 250 personas afectadas y las clases suspendidas.

Así, para no repetir conflictos como el de Aysén que marcó el primer gobierno de Sebastián Piñera, el tema se ha abordado desde distintos flancos. Si el Ministerio del Medio Ambiente ha llevado adelante la contingencia y monitoreo medioambiental, ha sido la subsecretaría de Interior la que vela porque el episodio no se convierta en una crisis política. Aunque desde esa repartición afirman que no han enviado un equipo especial para ello, la tarea ha quedado en manos de las autoridades locales, quienes reportan seguidamente al subsecretario Rodrigo Ubilla y el ministro del Interior, Andrés Chadwick.

En La Moneda vieron con buenos ojos la arremetida de la titular del MMA, Carolina Schmidt, principalmente contra Enap, aunque en un primer momento se preocuparon por la dureza de sus dichos. Desde MMA explicaron que en sus atribuciones estaba procurar que no se pusiera en riesgo la población, por lo que era la medida correcta. Así, sostienen que el Presidente Piñera coincidió con el diagnóstico de la ministra y el viernes salió a plantear, a través de su cuenta de Twitter, que "frente (a la) contaminación con gases tóxicos en Quintero y Puchuncaví (la) actitud (del) gobierno es clara :1. proteger salud de las personas y el medio ambiente, tomando todas las acciones preventivas necesarias 2. Investigar las causas para evitar que se repitan y sancionar a los responsables".

A las 15.30 de hoy, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, también se implicará directamente en el tema, cuando reciba al presidente del PPD, Heraldo Muñoz, al diputado Rodrigo González, y a concejales y vecinos de Quintero, quienes le pedirán respaldo para las acciones legales que pretenden emprender ante tribunales ambientales y el Ministerio Público. A esto se suma la visita que el cuestionado subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, realizó a la zona durante la mañana. Y, por último, a una reunión que sostendrá el propio Presidente Sebastián Piñera mañana con los alcaldes de la zona.

Pero el de Quintero no es el único conflicto medioambiental que monitorea La Moneda, y en carpeta aparecen cuatro que desde el Ministerio del Interior miran con detención. Se trata del Antofagasta Terminal Internacional (ATI), en Antofagasta; la minera Pelambres, en Choapa (específicamente en Cuncumén); Mina Invierno en Río Verde; y Wellboat Seikongen (salmones) en Puerto Montt.

1. Antofagasta Terminal Internacional (ATI) - Antofagasta

Antofagasta Terminal Internacional (ATI) es un terminal "al servicio de la industria minera, a través del cual se exporta su producción e importan equipos e insumos para sus procesos productivos", según dice su página web.

Desde el Ministerio de Interior siguen atentos a su proceso y operación. En julio pasado, la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), resolvió formular nuevos cargos en contra de la compañía, controlada en 65% por SAAM (35%) y Ferrocarril Antofagasta Bolivia (FCAB, 30%). Ambas están ligadas al grupo Luksic. Lo anterior, debido a la constatación de nuevos registros de contaminación en sus instalaciones y alrededores, además de incumplir con las labores de limpieza acordadas en una anterior sanción de 2015.

Según el documento emanado por la autoridad ambiental, "las labores de limpieza efectuadas por ATI no permitieron disminuir las concentraciones de metales pesados detectadas en el área aledaña al Puerto de Antofagasta".

2. Minera Pelambres - Choapa

En el Valle del Choapa se ubica la minera Los Pelambres, mina a cielo abierto que produce cobre desde fines de 1999. Es propiedad del grupo Luksic. Los conflictos con los habitantes de las comunas que dan al río Choapa se han multiplicado desde entonces tras una serie de incidentes ocurridos por actividades relacionadas con su operación, entre los que se incluyen derrames de petróleo y concentrado de cobre y escurrimientos.

Recientemente el conflicto se ha agravado en la zona de Cuncumén. En julio pasado, se registraron enfrentamientos entre vecinos de la zona y funcionarios de Fuerzas Especiales de Carabineros, tras el corte de la ruta de acceso a la minera Pelambres, en protesta por un "levantamiento inusual de polvo en suspensión" que emanó desde el tranque de relaves Los Quillayes, que pertenece a la cuprífera, el 16 de julio.

Tras este último episodio -por el que incluso pidieron la salida del gobernador de Choapa-, la empresa llegó a un acuerdo con representantes de la zona, en el que participó la intendenta Lucía Pinto y el alcalde de Salamanca, Fernando Gallardo.

El acuerdo se basó en un petitorio elaborado por los vecinos. Este contuvo 13 puntos, entre los que se incluye la solicitud de cierre del tranque Los Quillayes, la pavimentación de caminos, medidas para fortalecer el control de material particulado y el monitoreo de la calidad del aire.

3. Mina Invierno - Río Verde

La mirada atenta del gobierno en materia ambiental también está presente en la concreción del proyecto de Mina Invierno de los grupos Angelini y Von Appen, ubicada en la comuna de Río Verde, región de Magallanes. ¿La razón? el impacto laboral que significaría el rechazo por parte del Comité de Ministros de la aplicación de tronaduras en su modelo extractivo de carbón.

La Tercera PM publicó hace unos días una carta que hicieran llegar trabajadores se han mostrado en estado de alerta por la situación precaria en que se encontrarían en caso de que no se permita a la compañía la utilización del sistema.

Ello luego que en enero del presente año, en una polémica audiencia, la Comisión de Evaluación Ambiental de Magallanes, a finales de la administración del gobierno anterior, resolvió rechazar la implementación de tronaduras. De hecho, tras un empate en la votación, el propio intendente de Magallanes y la Antártica chilena, Jorge Files, tomó la decisión final.

Por ahora el proceso aún sigue avanzando ante el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, órgano secretario que debe consultar a los servicios públicos, si aprueba o rechaza las reclamaciones ingresadas tanto por detractores como de la propia minera.

"Directamente de planta 560, y agregando empresas contratistas y colaboradoras 1.021 puestos en total" los que se verían afectados en caso de que se le impida efectuar detonaciones a la minera, sostuvo Jorge Espinoza, Presidente del Sindicato y Producción y Servicios Mineros 1 de Mina Invierno.

4. Wellboat Seikongen - Puerto Montt

Otro caso que monitorea el gobierno es la situación del Wellboat Seikongen, nave que prestaba servicio a la salmonera Camanchaca que se hundió el año pasado frente a Chonchi, Chiloé, con 200 toneladas de salmones, y que ha enfrentado complicaciones para recalar.

Tal son las complicaciones que enfrenta el caso que incluso ha escalado a la esfera judicial. De hecho, la Corte de Apelaciones de Concepción acogió una orden de no innovar del alcalde de Talcahuano, Henry Campos para evitar que pueda recalar en el puerto de la Octava Región.

La Gobernación Marítima de Puerto Montt informó que la nave zarpó desde la bahía de Quetalmahue, Ancud, con destino a la capital regional asistido permanentemente por dos remolcadores de alta mar y bajo el resguardo de la patrullera marítima "LSG Chiloé", dependiente de la autoridad marítima de Castro.

Desde la Armada añaden que el propósito es posicionar este barco en un sector que otorgue un mejor resguardo de seguridad y un mayor soporte logístico, dado el sistema frontal que afectará las costas durante los próximos días permitiendo, de esta forma, minimizar el riesgo para las personas y el medio ambiente acuático.