Los pasos de la defensa de Daniel Jadue para insistir en su libertad

Este sábado 3 de agosto Daniel Jadue (PC), ahora exalcalde de Recoleta, cumplió dos meses en prisión preventiva. Y es que a pesar de la serie de acciones seguidas por su defensa no ha logrado que la medida cautelar que se le impuso tras ser formalizado en el caso Farmacias Populares le sea rebajada.

Pese a ello, sus abogados insisten en que no corresponde ni se justifica que esté sujeto a un resguardo tan intenso. Menos, dicen, cuando ya ha sido cesado en el cargo y se nombró a su reemplazo al mando de la comuna.

Por lo mismo es que el equipo, liderado por los penalistas Juan Carlos Manríquez y Ramón Sepúlveda, alista una nueva solicitud para que el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago revise la medida cautelar.

Durante la tarde de este lunes, de hecho, los abogados que integran el equipo sostendrán una reunión clave para analizar los pasos a seguir y revisar los antecedentes con que cuentan para argumentar ante el citado tribunal.

Hace algunas semanas, eso sí, Ramón Sepúlveda -que según conocedores del caso ha tomado un rol “más técnico” en la defensa- ingreso un escrito pidiendo la realización de una serie de nuevas diligencias.

Estas, como pudo conocer la La Tercera, con miras a que se clarifiquen los insumos que la Asociación Chilena de Farmacias Populares adquirió durante la pandemia y que hoy constituyen elementos por los que se indaga al exjefe comunal.

Conforme al detalle del escrito ingresado por Sepúlveda, se pide oficiar a la PDI para que realice un peritaje que determine exactamente cuántas de las tiras reactivas para glucómetros adquiridas se perdieron por vencimiento y cuál es el valor de dicha pérdida; para que determine la trazabilidad del gasto realizado por Achifarp, con el dinero transferido en base al acuerdo aprobado por el Concejo Municipal de Recoleta, correspondiente a $204.976.800, y, entre otras cosas, se revisen las redes sociales pertenecientes a César Ramírez (Facebook e Instagram), con el fin de verificar la veracidad de las publicaciones en dichas redes, de las fotografías con Daniel Jadue, de fechas 1 y 3 de junio del 2020, que fueron remitidas a la fiscal del caso vía correo electrónico.

Asimismo, solicitan se oficie a Recoleta para que envíe una serie de antecedentes. Entre otros elementos: el número de atenciones realizadas por el Centro Audiológico de Recoleta desde la entrega de las prótesis auditivas compradas a Achifarp, listado de atenciones y fichas clínicas de las personas a quienes se les entregaron prótesis auditivas, aclarar si se perdió alguna de las 345 prótesis auditivas adquiridas por el trato directo cuestionado e identificar qué funcionario gestionó la recepción de las dosis del medicamento Interferón enviadas por la Universidad de Concepción.

Igualmente, piden se tome declaración a los concejales Natalia Cuevas Guerrero, Cristián Weibel Avendaño, Fernando Manzur Freig, Luis González Brito y Ernesto Moreno Beauchemin. Y también requieren se recabe el testimonio de los pacientes o beneficiarios a quienes se les entregaron las prótesis auditivas, de Rodrigo Aros Chia, abogado de la Asociación Chilena de Farmacias Populares entre los años 2021 y 2022, y de Alison Morales San Martin.

En el mismo sentido, la defensa también requiere que se oficie a la Universidad de Concepción para que allegue nuevos antecedentes, a Mercado Público, a Providencia (para que indique qué antecedentes sirvieron de fundamento para autorizar funcionamiento de la “Farmacia Popular” que se encontraba ubicada en calle Los Leones), al síndico de la quiebra de la Asociación Chile de Farmacias Populares, y también al Ministerio de Salud.

En cuanto a los recursos judiciales aún pendientes, la defensa sigue a la espera de la revisión del amparo por parte de la Corte Suprema y evalúa los detalles del anunciado requerimiento ante el Tribunal Constitucional.