Los RD ante Fiscalía: Jackson declara que no sabía que existía Democracia Viva y Crispi revela quién fue el asesor que lo alertó de lo que pasaba en Antofagasta

Fue a fines de febrero cuando se concretó la toma de declaración de tres figuras clave de Revolución Democrática (RD) y que vieron sus trayectorias políticas salpicadas por el escándalo del caso Democracia Viva, en que la Fiscalía investiga millonarios traspasos de parte del entonces seremi de Vivienda de Antofagasta Carlos Contreras a la fundación que era liderada por Daniel Andrade, la expareja de la diputada por la zona Catalina Pérez. Fue así como algunas de las querellas presentadas, en particular por parte de parlamentarios del Partido Republicano, solicitaban la citación en calidad de imputados del exministro Giorgio Jackson, el jefe de asesores del Segundo Piso, Miguel Crispi, y de la directora de Presupuesto, Javiera Martínez. Todos fundadores de la tienda del Frente Amplio con sede en calle Esmeralda 761, en pleno centro de la capital, y que finalmente concretaron su comparecencia ante el Ministerio Público y a cuyos interrogatorios accedió La Tercera.

El primero en declarar fue Giorgio Jackson. Fundador de RD y miembro de la facción pantalones largos, se presentó en la Fiscalía Nacional poco antes de viajar a España para impartir cursos tras renunciar como ministro de Desarrollo Social y así dejar el gobierno. Ante el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, y personal de la PDI aseguró que en su calidad de secretario de Estado no le tocó participar del Consejo de Auditoría Interna General del Gobierno (CAIGG), que es el organismo encargado del control de la gestión de los recursos públicos.

“No me tocó participar en ninguna instancia del CAIGG (cuando era Segpres), sino solo a la subsecretaria Macarena Lobos Palacios, dado que esta responsabilidad recae en ella, por el cargo que desempeñaba, y no a mí”, sostuvo.

Lo que sí dijo es que “con fecha 25 de marzo de 2022 firmé en conjunto con el Ministro de Hacienda y el Presidente de la República un oficio que instruye el buen uso de los recursos públicos, particularmente debido a la situación económica y a los efectos pospandemia. En ese oficio se da continuidad a un conjunto importante de instrucciones dadas por el gobierno anterior y se innova en otras, pero en lo relativo al CAIGG se mantiene prácticamente igual en lo sustantivo”.

Agregó que posterior a eso, él firmó el decreto presidencial del mes de junio de 2022, “en el que nombramos a Daniella Caldana como auditora general de gobierno, que corresponde a la persona que dirige y ejecuta el presupuesto del CAIGG. Cuando ella es nombrada se realiza un comunicado de las razones por las cuales es nombrada, destacando que ocupó el mismo cargo entre los años 2014 a 2018. A ella no la conocía de antes ni tuve mayor relación con ella después”.

Los investigadores le preguntaron por los cambios de criterio que hubo respecto de la reportabilidad de los servicios. Ante esto aseguró que “esto fue una decisión técnica tomada íntegramente por la auditora general Daniella Caldana. Ella en una declaración pública señala que dicha decisión fue tomada por razones técnicas y que la eliminación de esas columnas de reportabilidad se hacían por criterios de eficiencia del tiempo de los funcionarios auditores”.

Fue ahí cuando Jackson junto a su abogado Miguel Schurmann entregaron una copia de una presentación que realizó el 24 de agosto del año pasado la subsecretaria Lobos y Caldana ante la comisión investigadora del denominado ‘caso Convenios’.

“Respecto a ese tema del cual hago mención no tuve ninguna injerencia como ya he mencionado y me entero de los detalles técnicos un año después”, reiteró el exministro.

Sobre cuáles fueron los alcances de la decisión de la auditora sobre estos cambios de criterio, Jackson aseguró que eso “no incide en la ejecución o aprobación o control interno por parte del ministerio respectivo, sino solo a la información reportada al CAIGG”.

Junto con esto, el estrecho amigo del Presidente Gabriel Boric aseguró que “durante el desempeño de mis funciones como ministro nunca recibí información respecto de la existencia de transferencias de fondos fiscales del Programa de Asentamientos Precarios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en favor de Fundaciones”. En ese sentido, solo se enteró de las presuntas irregularidades ocurridas con la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la fundación Democracia Viva cuando el medio Timeline publica la noticia. “(Ahí) me enteré de las transferencias de fondos realizadas a la Fundación Democracia Viva”, aseguró.

Eso sí, admitió, ya unos días antes del 16 de junio cuando sale esa publicación en medio de una reunión con su equipo asesor se conversó que había un rumor sobre unos problemas con transferencias y “que involucraba a integrantes de mi partido, pero sin ningún detalle”. De hecho, Jackson aseguró a la Fiscalía que “yo no conocía la existencia de la Fundación Democracia Viva hasta esos días del mes de junio, ni menos que Daniel Andrade formaba parte de ella. Eso lo conocí desde el 16 de junio”.

Luego del 16 de junio, detalló a los investigadores, “me enteré de la existencia de una reunión que se realizó vía telemática entre el presidente del partido, Carlos Contreras y Daniel Andrade, y en la que también intervino Edson Dettoni, por el partido, sobre este tema en donde se le habrían pedido antecedentes sobre los convenios que no entregaron, lo que justificó su posterior expulsión y presentación de querella”.

Sobre su relación con Andrade, el exdiputado RD sostuvo que “lo conocí como dirigente estudiantil el año 2017 y luego cuando ingresa como militante de Revolución Democrática, siendo parte de la dirigencia el año 2020. Tan solo mantuvimos una relación en el marco de la militancia”. Mientras que a Contreras “lo conocí seguramente en uno de los viajes que realicé a Antofagasta como parlamentario, pero no recuerdo año. Sí sabía que era parte del partido y que trabajaba con la diputada Catalina Pérez”. A esta última, detalló Jackson, “la conocí cuando entró al partido y luego es electa en el distrito de Antofagasta, siendo compañeros de bancada por 4 años y después ella es electa presidenta del partido, por lo que tuve una relación fluida con ella mientas fui parlamentario”.

Sobre las repercusiones del caso, el exsecretario de Estado declaró ante el Ministerio Público: “Una vez que estalla esta crisis produce un gran impacto mediático, por lo que conversaciones de toda índole se dieron los días sucesivos con mucha gente; sin embargo, no tengo ningún antecedentes más que aportar. A esa altura tampoco formaba parte de comité político del gobierno”.

¿Renuncia a su derecho a guardar silencio?, preguntó el fiscal Castro Bekios. Ante lo cual el sociólogo, militante de RD, exsubsecretario de Desarrollo Regional y hoy jefe de asesores del Segundo Piso, Miguel Crispi, asintió e inició así su declaración por el caso “líos de platas”, acompañado de su abogado Guillermo Chahuán.

Sobre su rol actual en el gobierno, se explayó: “Asumo el 11 de marzo de 2022 como subsecretario de Desarrollo Regional y en el mes de septiembre del mismo año asumo funciones como jefe de asesores del Presidente de la República, correspondiéndome como funciones en base a un acto administrativo la coordinación de diversos equipos de trabajo en el ámbito de comunicaciones, de políticas públicas y de asuntos estratégicos”.

Profundiza y asegura que “en particular, cada gobierno ha acomodado las funciones de este cargo y en lo particular mi función ha estado orientada al cumplimiento de los compromisos presidenciales, razón por la cual me corresponde vincularme con ministros de Estado y otras autoridades en materias rencionadas con ámbitos de programas, políticas y legislaciones”.

Crispi también debió explicar sus funciones como subsecretario. “La Subdere tiene como función primordial el apoyo al desarrollo regional, en base a un trabajo directo con los gobiernos regionales y municipios, mediante programas y políticas de diversa índole”. En ese cargo, aseguró, “no tuve ningún contacto o reunión que recuerde con el Consejo de Auditoría Interna General del Gobierno, CAIGG. En la época que ejercí como subsecretario no tenía mayor información sobre sus funciones. Y en el año 2022, como jefe de asesores, tampoco”.

Los fiscales, entonces, le preguntaron si dio alguna instrucción por el tema de las transferencias a fundaciones. Fue ahí donde el sociólogo respondió: “A lo consultado, desconozco, en el ejercicio de los cargos que he ejercido, si ha existido alguna instrucción, memo u oficio desde la Subdere o desde el Ministerio de Desarrollo Social y Familia sobre la omisión de información de transferencia de fondos a fundaciones sin fines de lucro por parte de las instituciones del Estado que debiera conocer el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno. Misma respuesta debo dar en relación a cualquier otra autoridad de gobierno, como la Dipres, como me consulta, no tengo información que aportar”.

Para en parte redondear su respuesta, Crispi apuntó que “en suma no he impartido ninguna instrucción al Consejo de Auditoria Interna General de Gobierno en los cargos que he ejercido relativo a transferencia de fondos fiscales en favor de fundaciones sin fines de lucro y tampoco he tenido información que otra autoridad hubiere dispuesto instrucciones sobre la referida materia”. Esto último en base a la querella presentada en su contra.

Crispi es una de las piezas fundamentales en la investigación para dilucidar cuándo se enteró La Moneda de lo que estaba sucediendo en el norte y si hubo inacción en cuanto a denunciar un eventual conflicto de interés. Al respecto, el jefe de asesores detalló que “sobre Democracia Viva, el día 7 de junio tuve una conversación telefónica con la exsubsecretaria Tatiana Rojas; le consulto si tiene alguna información en relación al vínculo que tendría una fundación dirigida por Daniel Andrade con la Seremi de Vivienda de la Región de Antofagasta, cuyo seremi en ese momento era Carlos Contreras, a lo que me contesta que sí ha tenido información al respecto, que se están levantando antecedentes”.

Junto con esto, aseguró que “no tomé conocimiento de los roles específicos que cumplían los miembros de esta fundación, del detalle de transferencias, del nivel de ejecución o no de determinados servicios u otros aspectos particulares de esta situación. En resumen, nunca tuve a la vista algún tipo de antecedente que me llevara a formarme la convicción de estar frente a algún tipo de delito”.

Es ahí donde Crispi revela quién fue el primer asesor que encendió las alarmas en el Palacio. “La conversación telefónica antes mencionada la efectué dado que el mismo día, antes, un asesor de mi equipo de nombre Gabriel Ossandón personalmente me dice que ha tomado conocimiento de un rumor que señala que Daniel Andrade tendría una fundación y que esta fundación tendría un convenio con la Seremi de Vivienda de Antofagasta. Probablemente también me haya alertado de que ambas personas, esto es Daniel Andrade y el seremi de ese entonces, Carlos Contreras, tenían vínculo estrecho con la diputada Catalina Pérez. Dicha alerta de carácter político comunicacional no fue acompañada de ningún tipo de antecedente formal y todo eso me lleva a llamar a la subsecretaria”.

Ossandón es un estrecho colaborador de Crispi, es egresado de Derecho de la Universidad de Chile, cercano al abogado Fernando Atria. No tiene militancia.

Sobre lo que hizo posteriormente, el exdiputado dijo que tras el 7 de junio no volvió a conversar con la subsecretaria de Vivienda hasta que Timeline sacara el reportaje: “Sobre este tema le informé al Presidente Boric de manera personal el día 16 de junio. Lo informado corresponde a lo que yo sabía respecto a este asunto, en ese momento, que es lo que he expuesto anteriormente”.

Tras la publicación y de los antecedentes que fueron develándose y recopilándose, dijo que “creo que podría haber algún tipo de irregularidad en estos convenios, desconociendo su naturaleza penal o jurídica”.

Junto con esto, Crispi dijo desconocer hasta ese día el rol que tenía su tía Verónica Serrano en el Minvu. La profesional fue jefa de Asentamientos Precarios durante el 2022, pero el jefe de asesores dijo que recién supo de esto “después que esto estalló”.

“Es hermana de mi madre (...) durante ese lapso de tiempo nunca tuve ninguna conversación del ámbito laboral, de cualquiera tipo con ella. Doña Verónica tiene una larga trayectoria en el servicio público de más de 20 años, dentro de las cuales fue jefa de la División de Arquitectura del MOP y Seremi de Vivienda de la Región Metropolitana, no recuerdo los años. Actualmente ella trabaja en el programa dependiente de la Subdere que se encuentra ejecutando el proyecto Nuevo Eje Alameda Providencia”, explicó.

En cuanto a su relación con Andrade, al igual que Jackson aseguró que “no soy amigo de Daniel Andrade, ni de Carlos Contreras, solo los conozco dada la militancia común que compartimos antes de sus expulsiones”.

Sobre la diputada Pérez, hoy suspendida de su militancia en RD e investigada por la Fiscalía, Crispi aseguró que “puedo decir que la conozco por la militancia común y por haber compartido con ella durante 4 años en el Congreso como diputados. Además de haber sido ella presidenta del Partido”.

Finalmente, se refirió a los fondos visados para la Fundación ProCultura, y que hoy está en investigación por el pago de $400 millones para la restauración de fachadas y por lo que está querellado: “Yo haciendo uso de mi derecho de exponer señalo que en relación a la querella de republicanos en mi contra por una supuesta malversación al Fisco en el ‘caso Fachadas’, dicha querella no acompaña ningún antecedente que pudiera siquiera suponer alguna irregularidad, ni menos una malversación; al contrario, cada uno de los actos administrativos referentes a este caso, que se inició durante el gobierno anterior, dan cuenta del estricto cumplimiento de las diversas normas y procedimientos administrativos que regulan la ejecución y financiamiento de las iniciativas referidas al programa de puesta en valor del patrimonio”.

Finalmente, acudió ante el Ministerio Público la directora de Presupuestos (Dipres) Javiera Martínez, también militante RD desde 2018. Ante fiscales y policías aseguró que “no tengo relación desde hace más de 3 años con Daniel Andrade, previamente fue mi pareja un tiempo, entre el 2019 al 2020. Desde ahí en adelante no he mantenido ningún tipo de contacto”.

Asimismo, aclaró que si bien fue presidenta de Rumbo Colectivo desde fines del año 2020 hasta el 4 de marzo de 2022, que es un centro de estudios que elabora propuestas de política pública, “no es efectivo que hayan existido aportes de la Fundación Democracia Viva a Rumbo Colectivo el año 2021, lo que se puede corroborar con la memoria que está en la web”.

Sobre las transferencias en favor de Democracia Viva, la dipres sostuvo que “me enteré con posterioridad a la publicación de la noticia en el mes de junio de 2023, cuando era un hecho público en los medios de comunicación, antes no supe sobre esto”.

Sobre las auditorías a los recursos fiscales entregados a reparticiones públicas, Martínez explicó que “todos los servicios públicos tienen auditorías internas, por lo que se relacionan a través de ellas con el Consejo de Auditoría Interna General del Gobierno, CAIGG. Acá es importante realizar una separación del rol de lo que es la secretaría técnica del CAIGG, que administrativa y normativamente pertenece a la Secretaria General de la Presidencia, de modo que yo no tengo rol directivo en dicha secretaría. Por otra parte, existe el consejo del CAIGG, y en ese consejo existen 5 consejeros, que son la subsecretaria Segpres, la subsecretaria de Hacienda, dos consejeros externos y yo en mi calidad de directora de la Dipres. Cabe señalar que este consejo tiene un rol asesor a la secretaria, de modo que la operativa es la secretaria, mientras que el consejo es solo asesor. Eso significa que las decisiones las toma la secretaria y el consejo solo asesora”.

Asimismo, la ingeniera civil les dijo a los fiscales que “quiero dejar en claro que el consejo no sesionó el año 2022, de modo que yo no tuve ninguna relación con cualquier oficio, instrucción o memo de ese año respecto de dejar de solicitar el reporte trimestral de transferencias de los distintos servicios públicos, y me enteré de esa decisión con motivo de la información que sale a la luz por los medios en relación con esta materia del propio CAIGG”.

Sobre la decisión de la auditora Daniella Caldana de cambiar los criterios de reportabilidad, Martínez aseguró que esa determinación “no fue consultada previamente de ninguna forma con el consejo asesor del CAIGG, del que formo parte, que en ese entonces no estaba funcionando como antes dije, y la razón de aquello tal como lo ha explicado la subsecretaria de la Segpres es porque se encontraba en elaboración un nuevo reglamento de funcionamiento del CAIGG, que se hacía cargo de indicaciones que la CGR había hecho, y por esa razón no sesionamos el 2022″.

La decisión, explicó, la adoptó Caldana unilateralmente. “Y estaba dentro de sus funciones, no tenía que consultar a nadie de forma previa, ya que la parte operativa de reportes es materia de su competencia. A lo consultado, si hubiere estado en funciones el consejo asesor, tampoco habría sido exigible que preguntara previamente”.

Eso sí, se explayó Martínez, “sobre la decisión adoptada antes mencionada quiero señalar que desde un punto de vista técnico lo que señala la auditora que la información se reportaba de manera global sin que se asociara a convenios ni a situaciones específicas de incumplimiento, así tampoco la eficiencia en el uso de horas de auditoría, y creo que hoy con las herramientas normativas que tenemos con ocasión de la ley de presupuestos 2024 se puede realizar de manera más eficiente es la trazabilidad de los recursos asignados para transferencias”.

De todas formas, indicó Martínez a los Fiscales, “me hubiere gustado recomendar a la decisión unilateral de Caldana con algunos criterios de eficiencia tecnológica, que hoy existen en los distintos servicios públicos, relativos al tema de transferencias”.