Los secretos bancarios de Sergio Jadue que la ANFP pide a la Fiscalía

Durante los meses de febrero y abril de este año, los representantes jurídicos de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) reiteraron ante la Fiscalía de Alta Complejidad de la zona oriente, una antigua petición que hasta ahora, por razones que se desconocen, no ha tenido éxito: La apertura de las cuentas corrientes del ex dirigente, Sergio Jadue Jadue y de su sociedad Inversiones San Nicolás Limitada.

En mayo, Felipe Sepúlveda, el nuevo persecutor a cargo del caso tras la dimisión de Carlos Gajardo al Ministerio Público, accedió a realizar este requerimiento y a fines de ese mes el poder judicial pidió más información para proceder con la medida, respecto de la sociedad de inversiones que Jadue mantiene con su esposa, María Inés Facuse.

La revisión de las cartolas financieras, donde queda registro de las transacciones de Jadue -quien permanece en Miami en el marco de la colaboración con la Fiscalía norteamericana en el caso FIFA-, es considerada crucial por la actual administración de Arturo Salah para detectar posibles irregularidades en Chile. Ya se sabe que los fondos que recibió en el contexto de la red internacional de corrupción los desvió a sociedades en Islas Vírgenes.

Sin embargo, durante más de dos años, el Ministerio Público no hizo gestiones en esta materia, lo que ha generado asombro en la Asociación toda vez que, precisamente, la indagatoria que se sigue es por lavado de activos.

A inicios de diciembre del año 2015, el entonces fiscal jefe de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad Oriente, Carlos Gajardo, asumió la investigación contra Jadue.

La decisión se adoptó luego de que en otras dos investigaciones paralelas, la del fiscal de Las Condes, José Reyes y la Peñalolén de Felipe Sepúlveda –quien indagaba la presunta ilegalidad en el pago de sueldos a los directivos del ente rector del fútbol-, surgieran antecedentes que apuntaban a la adquisición de bienes por parte de Jadue  en La Calera y Vitacura, con fondos cuya procedencia no era conocida y se presumía podrían tener relación con los recursos que el ex directivo pudo haber recibido por concepto de coimas de la FIFA.

Durante más de dos años, Gajardo encabezó el procedimiento y en diciembre de 2017, solicitó la apertura de cuentas corrientes de Jadue, pero no de su sociedad Inversiones pese a los múltiples requerimientos de los abogados querellantes por parte de la ANFP y a la relevancia de estas diligencias en casos donde precisamente se investiga la recepción y uso irregular de recursos. Tampoco pidió que las cuentas fueran congeladas.

El Ministerio Público, que puso al mando de este proceso a uno de sus persecutores más reputados, tampoco requirió el congelamiento de bienes del calerano. Como reveló un reportaje de Canal 13, gracias a esta omisión, el ex dirigente consiguió vender, a través de un mandato entregado a su madre Gloria Jadue en 2005, el departamento en el barrio El Golf en más de $405 millones.

¿A qué se debe esta situación? Mientras Gajardo, que ya dejó de ser fiscal, aseveró a este medio que "no tengo nada que decir" sobre el asunto, fuentes de la ANFP recalcan que es "absolutamente incomprensible". En su apuesta porque se abran las cuentas de Jadue, aseguran que existen antecedentes en la investigación que permitían tomar medidas de resguardo que no fueron ni siquiera solicitadas. Entre ellos, un informe de alerta de 26 páginas de la Unidad de Análisis Financiero de agosto de 2015, antes de que se formalizara la investigación contra el dirigente, el cual fue entregado al entonces fiscal nacional, Sabas Chahuán, con reportes de "operaciones sospechosas" en las cuentas de Jadue y que por sí mismo habrían permitido requerir las restricciones bancarias del personero una vez que se inició la causa por lavado de activos.

Posteriormente hubo un informe del Servicio de Impuestos, al que tuvo acceso La Tercera PM, del 10 de enero de 2017, que señala que de la revisión y análisis de los antecedentes aportados por el Ministerio Público "se determinó que entre los años tributarios 2015 y 2016, el contribuyente Sergio Elías Jadue Jadue generó un perjuicio fiscal producido por la omisión u ocultamiento de pagos efectuados por la entidad Bayan Group S.A., por medio de transferencias electrónicas que recibió su sociedad Lisburn Strategies Inc., constituida en un paraíso tributario por Amicorp (...) que constituyeron para Sergio Elías Jadue Jadue un efectivo incremento de patrimonio". El SII establece, en este sentido, que "el perjuicio al interés fiscal actualizado a enero de 2017, provocado en atención a los beneficios, utilidades e incrementos de patrimonio, que percibió el contribuyente durante el año comercial 2015 y que no declaró asciende a $139.575.086".

Un par de semanas antes de anunciar su renuncia a la Fiscalía, por no estar de acuerdo con las medidas adoptadas por el fiscal Manuel Guerra respecto de la suspensión condicional de Iván Moreira en el caso Penta, Gajardo pidió el acceso a la cuenta corriente de Sergio Jadue. El requerimiento fue rechazado porque no se aportaron los antecedentes necesarios.