Los tira y afloja de Chong y Yáñez para concretar interrogatorio en medio de intensos rumores de renovación del alto mando

No ha sido fácil para el Ministerio Público concretar una diligencia que -originalmente- habían pedido para el 31 de agosto. Para esa fecha, la fiscal Ximena Chong solicitó la concurrencia del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, a un interrogatorio en calidad de imputado por su presunta responsabilidad de mando en los delitos de apremios y lesiones a manifestantes durante el estallido social, mientras era Director de Orden y Seguridad de la institución.

Como por esos días el general Yáñez estaba enfocado en preparar los servicios para el plebiscito del 4 de septiembre, su defensa -representada por los abogados Jorge Martínez y Sergio Contreras- pidió postergar la diligencia. Se realizaría el 20 de septiembre en la Escuela de Carabineros.

La fecha llegó y nuevamente debió postergarse: la máxima autoridad policial se resguardó en su derecho de fijar lugar para declarar, lo que está contemplado en el Artículo 301 del Código Procesal Penal y que es una prerrogativa exclusiva de presidentes de la República, comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y del general director de Carabineros.

El movimiento judicial de los abogados de Yáñez fue interpretado de distintas formas entre los intervinientes del caso. Por un lado, señalaban que no quería ver manchada su investidura de general director, imputado y eventualmente formalizado; y la otra, evitar que el tema complique al gobierno en un momento donde la seguridad es uno de los temas primordiales para el Ejecutivo.

Fuentes cercanas al general director, sin embargo, advierten que la razón tiene motivos más prácticos que políticos, y que todo obedece a que el alto oficial necesita de tres o cuatro días para sentarse con sus abogados y revisar los 38 tomos de investigación, y desde ahí, preparar su defensa y posterior declaración. “¡Le están imputando omitir información mientras torturaban gente! Tiene que ir bien preparado, porque el daño puede ser muy alto”, advierten en la policía uniformada.

La fiscal Chong, sin embargo, replicó y solicitó nuevamente el testimonio de Yáñez, ahora, para el 13 de octubre. Nuevamente, desde la defensa del general director de Carabineros no hubo acogida y propusieron la fecha -amparados en el artículo 301 del Código Procesal Penal-, esta vez, para el 23 de noviembre en las dependencias de la Fiscalía Centro Norte.

Desde la defensa del general explicaron a La Tercera PM que “no existe ninguna controversia con la Fiscalía. El general director de Carabineros está ejerciendo su derecho legal y constitucional, y debidamente asesorado, señaló al Ministerio Público que declararía el día 23 de noviembre de 2022, fecha más próxima disponible dentro de sus actividades de Estado”.

En esa misma línea, agregaron que “pudiendo declarar en su domicilio legal -derecho que la ley le otorga-, como acto republicano y manteniendo siempre su postura invariable de declarar ante las autoridades cada vez que ha sido requerido, confirmó que asistirá el día 23 de noviembre de 2022 con sus abogados y documentación relevante que sostienen su defensa. De hecho, hizo un esfuerzo de mover su agenda a esta fecha más próxima. No existe disputa, ni diferencias, ni interpretaciones de la ley cuando esta es clara en su interpretación literal”.

Tanto en Carabineros como entre los abogados intervinientes del caso, creen que la Fiscalía tomará pronto la decisión de formalizar la investigación. Allí, solo restaría por definir si Ricardo Yáñez entra o no -en el mediano plazo- en la solicitud de audiencia, pues asumen que tanto el exgeneral director, Mario Rozas, y el exsubdirector, Diego Olate, deberían ser parte de la primera camada de formalizados.

El panorama judicial en Carabineros, de alguna manera, mantiene en estado de alerta a gran parte de los generales de la institución, y no porque alguno pueda verse involucrado en el caso, sino porque el nombramiento del nuevo alto mando debería salir entre esta y la próxima semana.

Desde el viernes que circulan en distintos grupos de Carabineros las listas con los generales que ascenderían y los que se irían. Nada es oficial hasta ahora, aunque en la policía uniformada reconocen que los nombres ya fueron propuestos por el general director al Ministerio del Interior.

En ese sentido, lo que se especula internamente es cómo quedará posicionado el nuevo alto mando, ante una eventual salida del general Yáñez. En ese caso, advierten, no sería bueno pasar a a la primera línea a un general que no está dentro de las primeras seis antigüedades (tres estrellas).

La razón, explican, está en que de subir a un general de dos estrellas, o a una generala, que esté en la posición número doce, tendrían que pasar a retiro los doce oficiales que la anteceden. Es decir, tendría que “descabezarse” el mando -como pasó en 2018 en medio de la crisis institucional a partir del caso Huracán y Catrillanca-, justo cuando avanzar en la reforma y en la prevención del delito es imperante.

Por lo mismo, advierten, el movimiento más acertado sería dejar a un general inspector que actualmente esté entre la tercera y sexta antigüedad, como un eventual subdirector del general Yáñez, con lo que si éste es removido por su situación judicial, no implicaría un movimiento interno tan amplio.

De todas maneras, en La Moneda advierten que el escenario judicial del general director no es algo que los incomode de sobremanera. Esto, ya que tienen una buena percepción del oficial, pues cuando asumió la nueva ministra del Interior, Carolina Tohá, Yáñez le contó sobre lo que investigaba la Fiscalía y el rol que tuvo como director de Orden y Seguridad durante el estallido social.

La percepción que hay en los mandos de la policía uniformada es que una posible formalización de Yáñez impactaría en las filas policiales, “no por disposición a trabajar”, sino porque -cuentan dos generales- volvería a remover las grietas internas que dejó el estallido social, algo que, dicen, han trabajando en superar y mejorar para la nueva reforma.