Previo a que la presidenta del Senado, Adriana Muñoz (PPD), diera a conocer ayer la nueva fecha para el plebiscito constitucional –que se fijó para el 25 de octubre- y el resto del calendario electoral, la legisladora sostuvo una conversación con su par de la Cámara, Iván Flores (DC).

Ahí, los líderes de ambas corporaciones decidieron no plantear un tema en la reunión que en ese momento sostenían quince partidos políticos en la sede del Congreso de Santiago: las dudas que abriría la nueva fecha de los comicios municipales respecto del periodo de los alcaldes y otras autoridades comunales. Según conocedores de esta conversación, la idea de los parlamentarios fue no sostener un debate que podría extender la duración del encuentro.

Automáticamente, con el nuevo calendario electoral -que fijará la elección de alcaldes y gobernadores regionales para el 11 de abril de 2021- el mandato de los actuales ediles se extenderá por cinco meses, lo que reduciría el periodo de las próximas autoridades por la misma cantidad de tiempo.

Sin embargo, según algunos presentes en el encuentro, esto podría abrir una discusión. Y, si bien según algunos timoneles de los partidos aseguran que en la cita se dijo explícitamente que este cambio de fechas sólo afectaría el próximo mandato municipal, según otros sería conveniente plantear el debate sobre la posibilidad de fijar estas fechas para el futuro.

Los que defienden esta opción argumentan que, de mantener los comicios en abril, las campañas políticas se realizarían durante los meses de verano, lo que, según ellos, reduciría costos y sería más “agradable” para la ciudadanía.

Asimismo, en La Moneda reconocen que la postergación de la elección de alcaldes tiene una “complicación” política debido a que tendrán a jefes comunales como “candidatos” por cinco meses más. Eso, dicen, significa lidiar con las medidas que impulsan en el marco del coronavirus, las que las hacen bajo la lógica de ser reelectos y muchas veces tienen un “cariz populista”. De hecho, el propio Presidente Sebastián Piñera cuestionó el miércoles en Mega las medidas impulsadas por algunos alcaldes como el cierre de malls.

“He visto (a algunos alcaldes) muy creativos proponiendo soluciones que cuando las analizamos con nuestros expertos nos dicen: ‘presidente si usted hace eso solo va agravar y empeorar la situación’”, dijo Piñera en la oportunidad.

En ese sentido, en Palacio están conscientes que los alcaldes seguirán impulsando su agenda, generando presión en la toma de decisiones.

A su vez, durante la reunión de ayer no se abordó la fecha máxima que tiene el Congreso para realizar modificaciones a la reforma constitucional que abrió el proceso constituyente. En esa iniciativa se fija el 25 de junio de este año como plazo para agregar elementos al acuerdo, como, por ejemplo, la paridad en el órgano constituyente y los escaños reservados para los pueblos indígenas.

En ese sentido, algunos dirigentes plantean que esa fecha debe postergarse junto con los otros cambios en el calendario. Sin embargo, otros afirman que se debe mantener lo que ya está en la reforma.

Las nuevas fechas volvieron a reabrir otros debates respecto del plebiscito constitucional que, en su momento, se dieron por cerrados. Uno de ellos tiene que ver con el financiamiento de la campaña por el “apruebo” y el “rechazo”, materia que el gobierno se había resistido a legislar y que tanto desde las colectividades, principalmente desde la centroizquierda, como el Servicio Electoral pidieron que se regulara. Esto, a grandes rasgos, debido a que la normativa actual no fiscaliza los aportes que se hagan a las campañas de independientes.

En ese sentido, desde los partidos plantearon que la prórroga del referéndum entrega una oportunidad para revisar este tema, materia que también fue abordada ayer en el encuentro de los timoneles. Ahí, según presentes, toda la oposición planteó que debía regularse, proposición que también habrían hecho desde RN y Evópoli. Asimismo, desde la oposición afirmaron que la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, también habría trasmitido que estaba disponible para revisar la materia.

“Vamos a ver si se puede hacer algo respecto de transparencia en el gasto. Ahora que tenemos más tiempo lo podemos alcanzar a sacar”, manifestó el timonel DC, Fuad Chahin, quien además afirmó que le pidió a su equipo que trabajaran en un proyecto al respecto. Su par del PR, Carlos Maldonado, señaló que “ahora que la pandemia ha obligado a mover el plebiscito varios meses hacia adelante, tenemos la oportunidad de corregir este atentado a la democracia que ya se estaba produciendo”.

Por su parte, desde el Frente Amplio, la presidenta de Convergencia Social, Gael Yeomans, dijo que “con el aplazamiento del plebiscito se abre una oportunidad para regular un vacío que tiene que ver con la regulación del financiamiento y en eso al menos me parece que deberíamos avanzar en esta materia”.

Asimismo, desde el gobierno manifestaron -con el nuevo acuerdo en mano- que podrían “abrirse” a revisar este tema, en el caso de que haya un acuerdo transversal entre los partidos.

Otra discusión que podría darse tiene que ver con la franja televisiva. En la reforma constitucional quedó establecido que el CNTV debe generar una normativa en un plazo de 30 días desde que se convoca al plebiscito. En ese sentido, el organismo televisivo tendría que rehacer dicho acuerdo, el que había fijado originalmente el comienzo de la franja para el 27 de marzo. En su momento, dicha normativa generó un amplio debate respecto de la decisión del CNTV de dejar en los partidos la responsabilidad de incluir a las organizaciones sociales e independientes, determinación que fue criticada desde las colectividades.