Han pasado dos años y veinte días desde que la exPresidenta Michelle Bachelet presentó un proyecto de nueva Constitución al Congreso. Un mensaje presidencial que llegó al Congreso cinco días antes que dejara La Moneda y que proponía una nueva Carta Magna compuesta por 15 capítulos y 133 artículos con un especial énfasis en los derechos sociales, el reconocimiento a los pueblos originarios y el presidencialismo.

En esta entrevista, el abogado Lucas Sierra, investigador senior del Centro de Estudios Públicos (CEP) y miembro del comité asesor de Re:Constitución, hace un repaso de los contenidos del proyecto presentado en 2018, lo desmenuza y comenta que era un buen insumo para que el Congreso, esos días, haya iniciado una discusión constitucional.

En términos generales, ¿cuál es su opinión del proyecto de reemplazo constitucional que presentó, al final de su segundo mandato, la exPresidenta Michelle Bachelet?

Tengo distintas opiniones. La positiva, es un proyecto que recoge la tradición constitucional que tenemos y permite enfrentar el debate constitucional dentro de un cierto marco, lo que ayuda a tener un horizonte de sentido. La negativa tiene que ver con la forma en que se hizo y presentó. Él es el fruto del proceso constituyente de la Presidenta, el que tuvo un problema importante: mantuvo al margen a los partidos políticos. Eso explica el hecho de que, una vez presentado y terminado el gobierno de la Presidenta, el proyecto quedó absolutamente huérfano, nadie se lo apropió. Esta orfandad se agudiza, además, por el carácter presidencial de nuestro régimen político.

Quedo sin madre, sin padre...

Claro. Y es un proyecto que no hay que olvidar. No se puede echar a un saco roto, no sirve de nada olvidarlo, es importante tenerlo presente. Creo que es importante tenerlo presente porque tiene contenidos, por lo que pone un marco a la discusión. No necesariamente porque esos contenidos me gusten.

¿Por qué cree que el proyecto se presentó tan tarde?

Creo que porque estaba en secuencia con los diálogos que la Presidenta organizó para la ciudadanía, los ELA y cabildos. Estos ya empezaron tarde, al tercer año de su gobierno. Todo se atrasó.

¿Y por qué no se continuó con el proceso constitucional cuando llega Piñera a La Moneda?

Uno podría pensar que la elección de Piñera produjo un enfriamiento de la cuestión constitucional en todo el sistema político. Después de todo lo que había hecho la Presidenta Bachelet en materia constitucional, con todo el cronograma que hizo, el proyecto de ley corta que presentó el 2017, el proyecto de nueva Constitución, etc. Incluso después de todo eso, que fuera electo Piñera con una oferta constitucional que era la más baja de todos los candidatos, la más mínima, una oferta muy parecida que hizo el 2009, muy limitada, de reformas muy puntuales, generó un enfriamiento.

¿Por qué?

Porque la oferta constitucional de su programa es mínima. Uno pensaría que los actores políticos pudieron haber leído el ambiente y decir, bueno, queda suspendida por un rato. Y eso también tiene que ver con orfandad en la que quedó el proyecto.

¿Consideras que el proyecto de Bachelet era un buen insumo para que por esos días el Congreso haya iniciado una discusión constitucional?

Por primera vez había un antecedente así de completo para empezar a discutir, lo que este proyecto hacía, evidentemente, era entregar contenidos. Nos podrán gustar o no, esos contenidos, pero uno puede poner un pie en ellos para empezar a conversar.

¿Qué puntos rescata del proyecto?

Dos me parecen muy importantes: Una es que elimina las leyes de quorum supramayoritario, como las leyes orgánicas constitucionales. Deja las leyes con mayoría simple o mayoría absoluta, o sea, la mitad más uno de los parlamentarios en ejercicio. Estas dos últimas son respetuosas del principio democrático de una persona, un voto. La otra es que reduce enormemente la competencia preventiva del TC.

¿Y qué artículos considera que no van en la línea correcta?

Establece un mecanismo de tutela de los derechos constitucionales que es muy discutible, pues le da competencia para la tutela de todos los derechos constitucionales a “cualquier tribunal ordinario de primera instancia.” Sin tener una jurisdicción contencioso-administrativa -que es la jurisdicción que se hace cargo de los innumerables conflictos entre la administración del Estado y los ciudadanos como regulados- establecida y funcionando, el mecanismo que propone el proyecto de la Presidenta parece inconveniente.

¿Por qué es inconveniente aquello?

Porque, como de alguna manera pasa hoy, ese mecanismo de tutela va a reemplazar, en los hechos, la falta de jurisdicción contencioso-administrativa. Pero lo va a hacer malamente: mediante una jurisdicción de equidad distribuida entre los cientos de tribunales ordinarios de primera instancia. Hoy, al menos, está concentrada en las cortes de apelaciones, que son tribunales colegiados. Una jurisdicción así, difusa y de equidad y, por lo mismo, con alta discrecionalidad por parte de los jueces, puede ser una pesadilla jurídica.

Sobre el régimen político, el proyecto dice que "fortalece el equilibrio entre el Poder Ejecutivo y Legislativo". Sin embargo, solo lo hace, como dice en los fundamentos, eliminando los quórums supramayoritarios. ¿Es suficiente para hablar de un cambio de régimen político?

No cambia para nada el régimen presidencial. Incluso se podría decir que lo profundiza. Por ejemplo, establece de una forma que ni siquiera hoy es tan expresa, el Presidente de la República “es el Jefe del Estado y el Jefe de Gobierno”. Esta unión de jefaturas es de la esencia del régimen presidencial. Además, y esto llama especialmente la atención, elimina la actual figura del “ministro coordinador” de las relaciones entre el gabinete y el Congreso. Esta figura no se usa mucho, pero, al menos, existe.

¿Le sorprendió esa profundización del régimen presidencial?

No me sorprende. No tengo ningún antecedente que permita asociar a la Presidenta Bachelet como alguien no presidencialista. Al contrario, por su carácter es más presidencialista que parlamentarista.

También el proyecto dice "profundizar la democracia" con la iniciativa ciudadana de ley que podrá activar el 5% de los ciudadanos con derecho a sufragio. ¿Cree que esa medida profundiza realmente la democracia?

No lo sé. Creo que las sociedades modernas, extensas, complejas y pluralistas, lo que necesitan es mejorar la democracia representativa, no la directa. Los mecanismos de participación directa, si bien pueden ser útiles a nivel local y en materias más bien acotadas, no sirven a nivel nacional -que es el nivel de las leyes- ni tampoco respecto de materias complejas, llenas de matices. Creo que hay que esforzarse permanentemente por mejorar el Gobierno y, en especial, el Congreso y los partidos políticos. Para este esfuerzo, la idealización de la democracia directa es un distractor.

Algo que me llamó la atención, es el "derecho a la personalidad", ¿qué le parece ese punto?

Es interesante y tiene historia en la experiencia comparada. Suele concebirse como el derecho al libre desarrollo de la personalidad o a la posibilidad de desplegar el propio “proyecto de vida”. Es un principio bien liberal, fundado en la autonomía de las personas. Me parece aire fresco en estos tiempos tan colectivistas y gregarios.

Es un proyecto que recoge varias demandas, no solo las que, al parecer, provenían históricamente de la centro izquierda…

Hay un cierto énfasis a los derechos sociales, se incorpora el derecho a la vivienda digna. Y con el mecanismo de tutela, como somete a todos los derechos al mismo mecanismo, uno podría decir que ahí hay una respuesta a una demanda por mayores derechos sociales, económicos y culturales. Es difícil ponerlo en un clivaje de derecha-izquierda sino más bien son tendencias que están a lo largo de todo el espectro ideológico.