Luis Carlos Díaz, activista de DD.HH. venezolano: “La idea de llevar el caso Ojeda a la CPI debería ser revisada”

La noche del lunes 11 de marzo de 2019 el periodista y activista de derechos humanos venezolano Luis Carlos Díaz fue detenido y su casa allanada. Fue arrestado por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) cuando se desplazaba en bicicleta por un barrio del noreste de Caracas rumbo a su residencia. Díaz estuvo varias horas con paradero desconocido para familiares y colegas, hasta que en la madrugada del día siguiente agentes del SEBIN lo llevaron esposado para hacer el registro a su vivienda.

Activistas de derechos humanos y allegados a Díaz denunciaron entonces una detención arbitraria como parte de una arremetida del gobierno de Nicolás Maduro contra periodistas críticos. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP) informó que Díaz fue trasladado al Helicoide, sede del SEBIN denunciada como lugar donde se realizan detenciones ilegales e incluso torturas.

Según indicó en un comunicado la ONG Provea, los funcionarios afirmaron que el arresto se debía a “delitos informáticos”, mientras que el SNTP aseguró que había sido imputado por el supuesto delito de “instigación a delinquir”. El 8 de marzo de 2019 el presidente de la Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello, había señalado a Díaz como supuesto responsable del apagón que sufrió Venezuela esos días, que el oficialismo había atribuido a un sabotaje.

El arresto de Díaz incluso motivó la intervención de la entonces Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, quien manifestó su “profunda preocupación” por la situación del periodista y pidió a las autoridades que la misión técnica de su oficina, que por entonces se encontraba en Caracas, tuviera “acceso urgente” a Díaz.

Finalmente, tras horas de confusión sobre su situación, un juez decretó la libertad condicional para el periodista. Entre las medidas dictadas por el Tribunal 31 de control de Caracas estaban la obligación de presentarse cada ocho días, la prohibición de hablar del caso, participar en manifestaciones o salir del país. Recién en febrero de 2022, después de tres años, la justicia decidió archivar el caso en su contra. Sin embargo, aseguró entonces, el “entorno hostil” seguía.

Conocedor de la figura de Diosdado Cabello, ahora ministro de Interior de Venezuela, Díaz comenta el plan del gobierno chileno de eventualmente llevar ante la Corte Penal Internacional (CPI) el caso por el asesinato del exmilitar y opositor venezolano Ronald Ojeda, ocurrido en Chile, si se comprueba la participación del gobierno de Nicolás Maduro en este hecho.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, abordó a fines de enero la presunta participación de Diosdado Cabello en el asesinato de Ojeda, asegurando que son antecedentes de “toda gravedad” y que, en caso de confirmarse, se acudirá a la CPI.

Ello, después de que el relato de un testigo, considerado clave en la investigación, apuntara al “número dos” del régimen venezolano como el responsable de dar la instrucción para este bullado asesinato. “Se me dijo que Diosdado Cabello, quien es un político venezolano, dio la instrucción de hacer el secuestro por medio del Niño Guerrero, pagando a través de él”, relató este sujeto, una información que fue confirmada por el fiscal nacional, Ángel Valencia.

En el marco de su reciente visita a Uruguay, el presidente Gabriel Boric abordó la investigación en curso sobre el asesinato de Ojeda. Reiteró que, en caso de que se confirme alguna intervención del gobierno de Maduro en el crimen, su administración recurrirá a la CPI, calificando la situación como un hecho de extrema gravedad que vulnera la soberanía chilena y los derechos humanos. “Si se confirma, es gravísimo”, aseguró.

Al respecto, Díaz explica a La Tercera que “Maduro no tiene procesos en la CPI por el momento”. “Existe la situación de Venezuela, que muy probablemente lo incluye como máximo responsable de la cadena de mando, pero no se trata de un caso en su contra ni que lo incluya hasta que no se anuncie el caso concreto. Todavía no estamos en esa etapa del proceso”, apunta.

“Otro proceso internacional que sí está activo y sí señala responsabilidades penales que lo señalan directamente (a Maduro) es el caso en Argentina por crímenes de lesa humanidad. Es un caso de jurisdicción universal en marcha”, comenta Díaz.

En septiembre pasado la Cancillería de Argentina instó a la Corte Penal Internacional a solicitar una orden de detención contra Maduro “y otros cabecillas del régimen”, tras los cuestionados comicios presidenciales en Venezuela. “Ante el agravamiento de la situación en la República Bolivariana de Venezuela a partir del 28 de julio pasado y la comisión de nuevos hechos que pueden ser considerados delitos de lesa humanidad, la República Argentina exhorta al fiscal de la Corte Penal Internacional que solicite a la Sala de Cuestiones Preliminares el dictado de órdenes de detención contra Nicolás Maduro y otros cabecillas del régimen”, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores transandino en un comunicado.

Respecto a la eventual decisión de Chile de llevar el caso Ojeda a la CPI, Díaz dice que “esa idea debería ser revisada”. “Su primera responsabilidad es hacer todo lo posible por investigar y juzgar en su propio sistema judicial, porque el crimen contra Ojeda ocurrió en su territorio y contra un ciudadano que estaba bajo su protección. Trasladar ese caso a la CPI sería como renunciar a sus propias capacidades de hacer el trabajo que debe y tiene que hacer”, enfatiza el activista de derechos humanos venezolano.

A juicio de Díaz, “lo que sí puede hacer Chile es cooperar y dar insumos a la CPI para mejorar su expediente de investigación sobre el crimen de persecución o sobre cadenas de mando en casos graves de violación a derechos humanos, en caso de que manejan nombres y cuerpos represivos concretos”. “Si la Fiscalía chilena ha levantado información sobre persecución de las autoridades venezolanas a disidentes fuera de su territorio, que incluya el asesinato, puede aportar esa información como un insumo para que la Fiscalía de la CPI pueda, en el marco de la investigación realizada sobre Venezuela, decidir un caso concreto a ser judicializado”, concluye.