Inquietud en el Senado por eventual interés de La Moneda de nombrar a cercana a Abbott, a pesar de advertencias

Una ronda de conversaciones sostuvo en el Palacio de La Moneda la ministra de Justicia, Marcela Ríos, este lunes en la mañana.

En la última semana, la secretaria de Estado había conducido los sondeos entre senadores ante la inminente proposición que realizará el Presidente Gabriel Boric para un nuevo fiscal nacional.

Luego la ministra se trasladó a la sede del Congreso en Santiago para participar de la discusión de algunos proyectos de ley en la Comisión de Constitución. Al término de esa instancia, Ríos habría aprovechado de dialogar del tema con los senadores presentes, según fuentes parlamentarias.

Sin embargo, según las mismas versiones, en esas conversaciones habría surgido un antecedente que inquietó a los parlamentarios: el Presidente Boric estaría inclinado por proponer a la jefa de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público, Marta Herrera, como nueva fiscal nacional, a pesar de los reparos que había en algunas bancadas con el nombre de la abogada.

El revuelo que generó aquella posibilidad añadió más suspenso al proceso de nominación. Y, según fuentes de La Moneda, finalmente Boric estaría inclinado por tomarse un tiempo mayor para decidir, a pesar de que el mismo Presidente había dicho que esperaba hacer el anuncio a la brevedad, ya que este martes en la mañana viajará a Tailandia, para participar de la cumbre APEC. De hecho, en Palacio durante la mañana de este lunes transmitían que estaba sobre la mesa dar a conocer la decisión durante la jornada, sin embargo, por la tarde se transmitió que se esperaría un poco más.

En todo caso, la definición del Mandatario, quien regresará al país el próximo domingo, no puede extenderse más allá del 21 de noviembre, según los plazos que contempla la Ley Orgánica del Ministerio Público. Por lo mismo, en el gobierno no descartan que la decisión la tome durante su viaje.

La propuesta presidencial debe surgir de una lista de cinco postulantes que elaboró la Corte Suprema. Sin embargo, también requiere del voto favorable de 33 senadores, un quórum alto que inevitablemente debe contar con el consentimiento de gran parte de la oposición y el oficialismo.

Si bien en el Senado no existe un alineamiento político por determinados nombres -de hecho, todas las bancadas están divididas-, las preferencias se concentraban en tres aspirantes: los fiscales José Morales y Carlos Palma y el abogado penalista Ángel Valencia.

No obstante, en los últimos tres días el cuadro se enredó. Primero, porque uno de los cinco postulantes elegidos por la Suprema, el abogado Rodrigo Ríos declaró a medios de comunicación que no continuaría en carrera. Él, en todo caso, era uno de los descartados por los senadores, pues era el menos votado por los ministros de la Suprema y, en su trayectoria, le pesaba haber sido representante de un narcotraficante en un juicio de extradición, antecedente lapidario en la carrera a fiscal nacional.

Ríos no era el único descartado. En los sondeos realizados por el gobierno en el Senado, algunos parlamentarios transmitieron que tampoco apoyarían a Herrera. La actual jefa de la Unidad Anticorrupción es considerada una colaboradora cercana del exfiscal nacional Jorge Abbott, de quien existe una mala evaluación de su paso por el Ministerio Público. En ese sentido, Herrera es vista en varias bancadas como una carta de continuidad de Abbott, por lo que algunos senadores creen que sería una mala señal que Boric la eligiera, ya que se arriesga a una probable derrota.

El problema es que entre los tres candidatos que tendrían alguna viabilidad política (Morales, Palma y Valencia) al gobierno no le entusiasmaría ninguno de ellos. Por ello, en sectores del oficialismo comenzó a correr con fuerza la idea de que el Presidente pidiera rehacer la quina dada la renuncia de Rodrigo Ríos (camino que se habría desechado por La Moneda) o bien presentara una carta de “sacrificio”, a sabiendas de que no contaría con los votos en la Cámara Alta, con el mero fin de tratar de rehacer la quina.

Según la Constitución y la Ley Orgánica del Ministerio Público, solo en el caso de que el Senado no apruebe la proposición presidencial, la Suprema puede completar la lista de cinco nombres, reemplazando al postulante rechazado por un(a) nuevo(a) candidato(a).

Fuera de la quina propuesta por la Suprema habían quedado Karinna Fernández (abogada de la U. de Valparaíso, experta en DD.HH.), Patricia Muñoz (exfiscal y actual Defensora de la Niñez) y Nelly Salvo (secretaria general de la Contraloría). Todas ellas generan simpatías en el oficialismo, especialmente en fuerzas de izquierda, y podrían entrar en reemplazo de Herrera, ya que obtuvieron dos votos en el concurso conducido por el Poder Judicial.

Una de las sospechas que hay entre senadores de los partidos de gobierno y de la oposición es que La Moneda apostaría por esa jugada, proponiendo a Marta Herrera, para forzar una votación negativa en la Cámara Alta y así tratar de incluir a una candidata afín al oficialismo.

El jefe de senadores UDI, Iván Moreira, remarcó que “a través de distintos canales, le hemos dicho al gobierno que esperamos que el nombre que envíe para fiscal nacional no sea sinónimo de continuidad de una gestión mediocre como la del señor Abbott (...) Pero nos preocupan ciertas informaciones que hemos recibido en que parece que el gobierno quisiera un traje a la medida para poder ingresar a una de las personas que le gustaría, desde el punto de vista ideológico, para fiscal nacional”.

Moreira explicó que existe el temor entre senadores que se envíe “un nombre que todo el mundo va a rechazar, porque es parte de la continuidad (de Abbott)”.

Esa sospecha también es corroborada por algunos senadores del Socialismo Democrático, donde también hay reparos por el nombre de Herrera.

Desde las bancadas de Apruebo Dignidad, sin embargo, comentan que no hay vetos a ningún postulante, ni tampoco favoritos.

“Nosotros estamos estudiando los antecedentes y currículums de los candidatos y la candidata, y no vetamos a ningún nombre, pero tampoco promovemos a un determinado candidato. Vamos a respaldar al candidato que sea nominado por el Presidente”, aclaró el senador y jefe de bancada del PC, Daniel Núñez.

En medio de trascendidos de un posible veto hacia su figura (debido a que defendió a acusados por delitos sexuales), Valencia -una de las cartas para asumir como fiscal nacional- emitió un comunicado durante la tarde en el cual señaló que “creo que las demandas por una mejor investigación y persecución por hechos de violencia de género son del todo legítimas y que el reclamo en favor de las víctimas es absolutamente correcto. Por lo mismo, personalizar en mí esta realidad por ejercer como abogado defensor de una persona formalizada no resulta justo”.

Y agregó: “Estoy consciente de la necesidad de una transformación en el modo en que se aborda el tema y mi plan para el Ministerio Público incluye el acercamiento a organizaciones que contribuyan a implementar políticas con perspectiva de género que sean efectivas, que sean un real apoyo a las víctimas, y logren permear a la institución entera”.

Sobre la decisión presidencial de presentar un nombre para fiscal nacional, la ministra del Interior, Carolina Tohá, manifestó que “a esto le demos la máxima prioridad. Que tengamos todas las conversaciones para ver cuál es la disposición. Hay que recordar que en esto intervienen todos los poderes del Estado (…). El Presidente no puede hacer una nominación hasta no tener claridad de cuál es el panorama en el Senado. Nos ha pedido profundizar ese ejercicio, porque la prioridad está puesta en nominar la mejor persona posible, vamos a profundizar ese trabajo en las próximas horas”.

Ante la consulta de si podría asegurar que no existe un veto hacia Valencia por parte del Ejecutivo, la jefa de gabinete agregó que “el gobierno está evaluando los nombres que están disponibles y esas evaluaciones incluyen los atributos que ellos tienen, los méritos y también las observaciones a sus trayectorias. Todos esos elementos están puestos en las evaluaciones”.

Desde que Ríos anunció que se bajaba de la carrera para fiscal nacional, comenzó un debate respecto de lo que debiese ocurrir en materia legal, ya que la Constitución ni la ley establecen un procedimiento en caso de renuncias.

Abogados constitucionalistas consultados por La Tercera PM plantean que existen dos lecturas: una, es que el Presidente escoja entre cuatro candidatos, o que el gobierno y la Corte Suprema interpreten que debe incorporarse a un nuevo postulante.

Para la directora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo (UDD), Marisol Peña, el proceso “ha sido prístino” y señaló que “en ningún caso la bajada de Ríos significa que haya que retroceder en el proceso y que haya que volver a completar la quina con nombres que pudieron haber estado también entre los candidatos y que quedaron abajo en votación”.

El académico de la Universidad Alberto Hurtado, Tomás Jordán, dijo que “habitualmente cuando se cae un nombre de una propuesta colegiada, en este caso de cinco, se mantiene la propuesta”. Explicó que la otra alternativa sería que el Ministerio de Justicia interprete que la renuncia de Rodrigo Ríos implica que “la quina no está conformada con cinco nombres vigentes para que el Presidente elija”. De ser así, el Ejecutivo tendría que pedirle a la Suprema que integre un nuevo candidato. Para que prospere esa interpretación, señaló, “la Corte tendría que entender lo mismo”.