Madeja de acusaciones contra supremos obligará a la Cámara y eventualmente al Senado a improvisar

Ocho acusaciones contra ministros de la Corte Suprema se han presentado en la Cámara de Diputados desde 1990. Cinco de ellas eran acciones que apuntaban a más de un alto magistrado. Solo tres iban dirigidas contra un supremo. En total, en esas ocho presentaciones, 20 altos magistrados han sido puestos en el banquillo de la Cámara.

Por lo tanto, hay algunos precedentes a la ofensiva que están afinando las bancadas del oficialismo, la oposición y la DC contra jueces que están sometidos a procesos disciplinarios o que están involucrados en las filtraciones de audios y chats del abogado penalista Luis Hermosilla. Incluso en 1997 hubo dos presentaciones, con dos semanas de diferencia, en contra el expresidente del máximo tribunal Servando Jordán: una solo dirigida contra él y otra múltiple que fue ingresada días después.

Pese a ello, el actual escenario es algo distinto. Dado el apoyo transversal de las tres acusaciones que están en proceso de redacción, las tres tienen probabilidades de ser aprobadas, especialmente las que cuestionan a la ministra Ángela Vivanco, quien -de acuerdo a los antecedentes del caso Audio- habría participado de una red de influencias y gestiones promovidas por el penalista. El problema de Vivanco es que enfrentará dos acusaciones paralelas, que tendrán que tramitarse en forma simultánea.

Hasta el momento solo está confirmado que habrá tres escritos. Uno de RN, la UDI y Evópoli contra Vivanco y el juez Sergio Muñoz -que si bien no ha sido salpicado por el caso Hermosilla está bajo una indagación de la Comisión de Ética de la Suprema por haber filtrado a su hija un fallo que incidía en la compra de departamentos-. Y dos del oficialismo y la DC: el primero de ellos contra Vivanco y otro distinto contra el ministro Jean Pierre Matus, a quien se le reprocha que habría mentido sobre su relación con Hermosilla.

Con esta madeja de presentaciones, la Cámara, a recomendación de la secretaría, aplicará el criterio de tramitar y votar por separados estos libelos. Cada uno como un paquete, al margen de que sean simultáneos, dos de ellos aludan a una misma jueza y uno incluya en un mismo texto a dos magistrados.

De acuerdo al marco que le fijan la Constitución, la Ley Orgánica del Congreso y el reglamento de los diputados, cada presentación deberá tener un procedimiento distinto, toda vez que las argumentaciones fueron redactadas en forma separada. Es decir, una vez que estas presentaciones se den cuenta en la sala de la Cámara, el lunes 23 de septiembre, habrá tres sorteos para elegir a tres comisiones de diputados que analizarán por su cuenta los escritos.

La fecha de la votación en la sala de la acusación dependerá en gran parte de cuánto tiempo se demore cada comisión y los acusados en dar sus respuestas. Sin embargo, los plazos no pueden exceder el límite de días que fija la misma legislación.

El criterio que usará la Cámara, de votar por separado, al margen de esta madeja de escritos, se basa en el caso de la exministra de Justicia de Michelle Bachelet Javiera Blanco, quien en 2016 enfrentó dos acusaciones paralelas y casi simultáneas, ingresadas con un día de diferencia.

El 16 de agosto de 2016 se presentó un libelo en su contra, de origen más bien transversal, por la crisis del Servicio Nacional de Menores, luego de la muerte de una niña de 10 años, Lissette Villa, en uno de los recintos, lo que destapó un cuadro de desprotección generalizado. El texto fue coordinado por el diputado René Saffirio (ex-DC) y fue firmado por Vlado Mirosevic (liberal) y José Antonio Kast (entonces UDI), entre otros. Solo los legisladores del oficialismo de la época se restaron, quienes a la larga sumaron los votos suficientes para rechazar la acusación el 6 de septiembre de 2016.

El segundo libelo contra Blanco fue ingresado el 17 de agosto de ese mismo año y se votó el 7 de septiembre. Se basaba en un escándalo de Gendarmería, a partir de denuncias en la supuesta manipulación de sueldos y la eventual contratación irregular de funcionarios del servicio de prisiones. La acción también fue rechazada en la sala.

La exministra Blanco enfrentó ambos casos con abogados distintos y tuvo que comparecer en dos comisiones diferentes. Jorge Correa (DC) la defendió en el juicio constitucional por el Sename y Javier Couso en el proceso por Gendarmería.

En la hipotética, pero probable situación de que las acusaciones contra supremos sean aprobadas en la Cámara, el Senado derechamente tendrá que improvisar o, al menos, desempolvar su criterio jurídico para dar curso a este cruce de libelos.

El último precedente de un juicio constitucional múltiple contra supremos que llegó a la Cámara Alta ocurrió en enero de 1992.

Entonces los diputados habían aprobado la acusación contra cuatro ministros del Poder Judicial, Hernán Cereceda, Leonel Beraud, Germán Valenzuela y Fernando Torres Silva, exfiscal militar que integraba la Suprema, a quienes se le reprochaba la demora en fallar y la denegación de justicia en el caso del militante del MIR Alfonso Chanfreau, detenido desaparecido en la dictadura. Esa presentación fue acogida parcialmente por los senadores en 1992 y solo se dio curso a la destitución de Cereceda.

A diferencia de los diputados que votan un paquete cerrado, según la Ley Orgánica del Congreso, los senadores tienen un mayor margen de flexibilidad, ya que deben votar por separado los capítulos de una acusación. Por ende, el escrito que prepara la oposición contra Vivanco y Muñoz inevitablemente será desagregado, al tratarse de dos causales distintas.

De acuerdo a esa flexibilidad que le otorga la ley, el Senado tendrá facultades para organizar las votaciones y resolver las imputaciones contra los altos magistrados por separado.

Ya que el caso de Vivanco es el más alambicado, los senadores podrán votar las dos acusaciones contra ella como si se tratase de dos capítulos de un mismo texto, independiente de que ello se zanje en días distintos.

No obstante, basta que los senadores aprueben uno solo de los capítulos contra Vivanco para dar paso a su destitución y su prohibición de ejercer cargos públicos por cinco años. Si se llegase a aprobar más de un capítulo acusatorio contra la magistrada, la sanción de los 5 años se mantendría igual (no sería acumulativa), según la lectura que existe en el Senado.