“Maniobras delictuales”: CDE apunta a exalcaldesa Cathy Barriga como responsable del fraude que llevó a Maipú a un déficit de $ 31 mil millones

En 69 páginas el Consejo de Defensa del Estado (CDE) detalla en su querella una serie de maniobras que califica como “ilícitas y delictuales” cometidas por la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga (IND-UDI) y sus estrechos colaboradores, durante el periodo en que estuvo a cargo del mencionado gobierno local. El libelo, al que tuvo acceso La Tercera, desmenuza una serie de acciones que permitieron llegar a un déficit de $ 31 mil millones por parte de quien teniendo que administrar recursos para los habitantes de la comuna terminó ocupando dinero fiscal para financiar actividades propias del programa con el que llegó a ese sillón edilicio la imputada que será formalizada el 16 de enero por fraude al Fisco reiterado.

Citando un informe de Contraloría, el organismo que defiende al Fisco sostiene “una serie de actuaciones, maniobras ilícitas y delictuales realizadas durante la administración de la exalcaldesa de la comuna de Maipú, Cathy Carolina Barriga Guerra y los demás responsables que llevaron a dicho municipio, durante su periodo, a un déficit de, a lo menos $ 30.622.935.635, al mes de junio de 2021. Déficit detectado por el órgano contralor, al examinar el cumplimiento de la normativa contable y reglamentaria que regula el proceso de formulación, ejecución y control presupuestario”.

Barriga ejerció como jefa comunal entre el 6 de diciembre de 2016 y el 30 de junio de 2021, periodo en el que el CDE apunta que tanto ella como otros funcionarios municipales de su confianza, “realizaron una serie de actos constitutivos de delito que ocasionaron un sobreendeudamiento del municipio en más de 30 mil millones de pesos. Las maniobras dolosas desarrolladas permitieron aparentar una solidez financiera que no era tal, rebajando arbitrariamente e ilegalmente el resguardo de recursos a proyectos aprobados por el Concejo municipal y redistribuyéndolos para financiar actividades propias del programa de la exalcaldesa, alejándose de la planificación financiera y de inversiones elaboradas para el ejercicio correspondiente”.

Una de las aristas que indaga la fiscal de Alta Complejidad Oriente, Constanza Encina, y quien solicitó formalizar a la exalcaldesa, es justamente actos que fueron descubiertos en la investigación penal y es que para hacerse de recursos, sostiene la querella, tuvieron que falsificar actas y redistribuir dineros que habían sido aprobados para otros fines en el seno del concejo municipal de Maipú.

“Dichas acciones generaron un perjuicio patrimonial evidente al destinarse fondos públicos, al margen de toda norma y principio de gasto fiscal, a proyectos y gastos no sustentados contablemente, a través de falsificaciones documentales que permitieron entregar antecedentes e información mendaz. Al efecto, los imputados participaron en la elaboración de documentos, informes, balances, entre otros, que aparentaron la disponibilidad de recursos, a fin de contraer nuevas obligaciones en representación del Municipio, sin contar efectivamente en la realidad con tales fondos para su ejecución, originando un grave perjuicio al patrimonio municipal” se lee en el documento.

El CDE, además, atribuye a Barriga participación directa en estas maniobras, una visión totalmente distinta a la que tiene Barriga quien cuando fue a votar en las más recientes elecciones aseguró que todo se trataba de una “persecución política” de su sucesor, el alcalde Tomás Vodanovic (RD), asegurando que a ella no la perseguía ni la Fiscalía, ni la Contraloría y que todo se trataba solamente de la tramitación de un caso por la acción criminal presentada por el actual jefe comunal.

Pese a esta visión de la imputada, el CDE -tras analizar el expediente judicial- aseguró que “las conductas desplegadas por los imputados se enmarcan en una estructura defraudatoria liderada por la exalcaldesa y sus funcionarios colaboradores, quienes, ocupando cargos estratégicos, blindaron su actuar, evadiendo los controles internos y la fiscalización del Concejo; todo ello bajo el amparo de una irregular delegación de funciones entre las distintas Direcciones Municipales, a través de un decreto alcaldicio, que allanó el camino a las maniobras dolosas contraviniendo la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, el Reglamento Interno del Municipio del año 2011 vigente en su gestión y los diversos dictámenes de la Contraloría General de la República que se han pronunciado sobre la materia”.

La acción criminal presentada por el organismo que es liderado por Raúl Letelier se divide en cuatro capítulos:

1: Generación de un déficit por más de 30 mil millones de pesos, mediante las siguientes maniobras:

a) Delegación de atribuciones.

b) Sobreestimación del presupuesto municipal.

c) Modificación de los certificados de disponibilidad presupuestaria.

2: Adulteración de informes de ejecución presupuestaria.

3: Contratación a honorarios, y sucesiva renovación de contrato, de persona que no prestó servicio alguno, y que presentó licencias médicas durante más de tres años.

4: Rendición de información presupuestaria falsa en la cuenta pública del año 2020.

Apenas llegó al cargo de alcaldesa, se detalla en el documento, “la querellada Cathy Barriga creó, al margen de la ley, un sistema de administración que le permitió organizar internamente el municipio para evadir posteriormente los controles internos y la fiscalización del Concejo Municipal, verificando de este modo las acciones defraudadoras materializadas. En efecto, la exalcaldesa al asumir sus deberes funcionarios, mediante la dictación del Decreto Alcaldicio Nº 4182 de 09/12/2016, redistribuyó funciones de forma contraria a las normas que rigen la función pública, mediante la figura de delegación de firma bajo la fórmula “por orden del alcalde”.

Lo que se ha podido establecer en la investigación penal es que fue justamente esta “nueva distribución de funciones” las que permitieron a Barriga hacerse de recursos públicos y “saltarse” las fiscalizaciones. El mecanismo consistió en permitirle al Administrador Municipal (cargo de confianza de la alcaldesa) tomar decisiones relativas a la adquisición de bienes, efectuar pagos municipales, suscribir, modificar y poner término a los contratos del personal a honorarios, entre otras, todas funciones propias de la Dirección de Administración y Finanzas (que no es cargo de confianza).

“En definitiva, los cambios de roles y funciones realizados por la querellada Barriga entre las distintas Unidades Municipales, que posteriormente le permitieron realizar las acciones defraudatorias, implicaron eliminar los controles cruzados que la normativa municipal dispone, justamente, para el control del presupuesto y de los gastos realizados”, se lee en el libelo.

Rodeándose de funcionarios de confianza, sostiene el CDE, la exalcaldesa impidió los “controles cruzados” que existen en el municipio. “Mediante esta estrategia de traspaso ilícito de funciones, la ex alcaldesa Cathy Barriga pudo incrementar el déficit municipal, ocultando el verdadero estado contable del municipio, evitando los controles cruzados respecto del estado financiero, radicando el conocimiento y resolución de este en solamente personal de su confianza, para efectos de desarrollar sus propios proyectos mediante el desfinanciamiento de otros ya comprometidos, irrogando un endeudamiento incontrolado para la Municipalidad”, se lee en el escrito.

Sobreestimar el presupuesto municipal, según la indagatoria de la fiscal Encina, le permitió a la imputada poder “inflar ingresos”. De eso da cuenta uno de los funcionarios del área de presupuesto de Maipú que declaró ante el Ministerio Público y que aseguró que en la era Barriga era común “informar en la contabilidad, en la cuenta presupuestaria que correspondía a ventas de terreno, informando terrenos que se iban a vender, lo que nunca ocurría, pero permitía aumentar el monto de los ingresos que se esperaba percibir”.

Para el CDE en este caso “existe un patrón común en la administración de la Municipalidad de Maipú entre los años 2020 y 2021 (auditados por la Contraloría General de la República), consistente en una sobreestimación de los ingresos y una subestimación de los gastos y deudas que no son debidamente ingresadas en la contabilidad, y por ende se ocultan, en un contexto doloso de cambios ilegales de funciones, para evitar los controles sobre los gastos de los fondos públicos administrados, con documentos mendazmente concebidos y de un conjunto de acciones desarrolladas, todo lo que conforma la administración desleal de los mismos”.

Uno de los testigos clave, mencionado por el CDE, da cuenta que Barriga tenía plena conciencia de lo que estaba ocurriendo. “Expone que la alcaldesa estaba en conocimiento de lo que ocurría, tenían 28 mil millones de pesos en deuda sin pagar del año 2020 y no llegarían ingresos en ese periodo de tiempo, por lo cual la deuda pasaría al otro periodo”. Lo que no sabía era que en 2021 perdería el sillón municipal contra quien hoy se ha convertido en el principal denunciante del caso, el actual alcalde Tomás Vodanovic.

La Fiscalía y el CDE evalúan pedir la prisión preventiva de la exautoridad, principalmente por la gravedad de los delitos presuntamente cometidos y el erario fiscal involucrado.

Con todo, la hora de Barriga ya llegó y la próxima semana deberá presentarse ante la justicia. En esa misma audiencia también serán formalizados los exfuncionarios Ana María Cortés de la Secretaría Comunal de Planificación; Luis Japaz, quien fue asesor de la exalcaldesa Barriga; Andrea Díaz, otrora administradora municipal; Andrea Monsalve, periodista, y María Palma, exdirectora de Control. Esta última, únicamente por el delito de falsificación de instrumento público.