Mantenerlo centralizado e integrar mecanismo de selección: las ideas que toman fuerza en la mesa que busca mejorar el Sistema de Admisión Escolar

Cómo se piensa mejorar el SAE
Cómo se piensa mejorar el SAE

Los consejeros convocados después del acuerdo alcanzado en la discusión presupuestaria recién pasada ya terminaron de recibir a los actores del Sistema de Admisión Escolar y se aprontan para emitir un informe en marzo, que luego será utilizado como insumo para que el Mineduc haga los cambios comprometidos.


Durante la última semana de enero se llevó a cabo la séptima sesión de la mesa técnica que busca mejorar el Sistema de Admisión Escolar (SAE) y que fue acordara en el Protocolo de Acuerdo para destrabar la Ley de Presupuestos 2025 con el objetivo de proponer mejoras al proceso de admisión escolar para aquellos establecimientos que reciben financiamiento del Estado. Ese 27 de enero la instancia, compuesta por 11 consejeros, estableció los primeros acuerdos y nudos que luego en marzo deberán destrabar para estampar en un informe que el Mineduc debiese utilizar de insumo para hacerle cambios al sistema.

Desde su conformación la mesa recibió a más de 40 actores del sistema educativo, principalmente aquellos que utilizan el SAE, para que compartieran su experiencia. Con esas presentaciones la mesa técnica avanzó en un diagnóstico, observando aspectos positivos y negativos. Todo ello luego será utilizado para el informe que diga hacia dónde deberían apuntar las propuestas de mejora.

Y más allá de que la mesa emitió un comunicado conjunto en el que de forma generalizada entregó “un diagnóstico global” y la identificación “de las dimensiones del proceso donde deberían concentrarse las propuestas de mejora y optimización”, según explicaron, hay algunos temas que ya están más o menos claros, y otros que están sobre la mesa y que tendrán que ser acordados cómo abordarlos.

“Por una parte, se reconoce al SAE como un sistema de asignación que ha contribuido a la transparencia del proceso, que ha facilitado la postulación de las familias y restringido toda forma de discriminación arbitraria. Los directores de establecimientos educativos, por su parte, reconocieron el aporte que la centralización ha significado para una adecuada gestión escolar”, decía hace unos días el comunicado de la mesa técnica, que sumaba que sin embargo también se observó una percepción “de despersonalización del proceso de postulación, una falta de flexibilidad del sistema para resolver situaciones específicas, y el surgimiento de nuevos desafíos al interior de las escuelas, como la necesidad de adhesión al proyecto educativo o la inclusión efectiva de estudiantes con necesidades educativas especiales”. También se dejaba de manifiesto la necesidad de “alternativas de fortalecimiento de los liceos de alta exigencia académica”.

Conocedores del proceso detallan que si bien esta instancia tiene como propósito orientar el trabajo de las indicaciones que ingresará el Mineduc al Congreso y no tienen un carácter de vinculante, sí lo considerarán como tal. De hecho, es visto como un espacio ”central” porque permite volver ineludible la evidencia, tanto de lo positivo como de lo que hay que mejorar, para lo cual, añaden las mismas fuentes, “hay voluntad de cambio”.

Las propuestas de cambio

Quizás si el mayor de los cambios que se busca proponer para introducirle al SAE -el Mineduc ya se ha abierto a esta idea- tiene que ver con darles algún porcentaje de selección a colegios con alta exigencia académica, algo que hoy la Ley de Inclusión ya permite cumpliendo ciertos requisitos, pero que en la práctica, según se ha analizado, al ser demasiado rigurosos deja a pocos establecimientos posibilitados de acceder a ello. Hoy, por ejemplo, apenas son tres recintos en Chile los que tienen esta excepcionalidad: el Liceo Abate Molina de Talca, el Liceo Bicentenario Polivalente Nuestra Señora de la Merced de San Carlos, y el Liceo Bicentenario de Excelencia Polivalente de San Nicolás.

Actualmente la ley detalla que -a través de las seremis de Educación- el Mineduc “excepcionalmente autorizará para establecer procedimientos especiales de admisión, a partir de 7º año de la educación general básica o el equivalente que determine la ley, a aquellos establecimientos educacionales cuyos proyectos educativos tengan por objeto principal desarrollar aptitudes que requieran una especialización temprana, o a aquellos cuyos proyectos educativos sean de especial o alta exigencia académica”. Y se detalla que “la referida autorización solo podrá otorgarse para un 30% de sus vacantes”, se detalla.

“Respecto a los cambios que hemos discutido, aún nos falta afinar los detalles y mecanismos específicos, pero destaco tres puntos. Primero, fortalecer y ampliar el mecanismo excepcional que ya existe para los liceos de alta exigencia académica en el SAE, pero que es muy acotado y en los hechos tiene poco impacto”, dice la consejera María Paz Arzola, investigadora y coordinadora del Programa Social de Libertad y Desarrollo, donde está a cargo de los estudios sobre educación.

Así también coincide Magdalena Vergara, investigadora de IdeaPaís y también miembro de la mesa técnica: “Entre los acuerdos más valiosos está el fortalecer las escuelas de alta exigencia, permitiendo mayores porcentajes de selección”.

El cómo hacerlo es algo que todavía está en desarrollo.

Hay, además, otra idea en el ambiente: la de darles mayor margen de acción a los directores de establecimientos y que apunta a flexibilidad administrativa para atender casos excepcionales, “pero sin pasarse a un extremo de total libertad”, advierte en privado uno de los consejeros.

Este, de hecho, es uno de los tres puntos que mencionaba Arzola como uno de los que se han discutido: “(Destaco) la posibilidad de introducir un margen que permita a los directores atender situaciones excepcionales, aunque recurrentes y que requieren de su respuesta inmediata para ser resueltos”.

Vergara, de hecho, aporta algo en una línea similar y asevera que se le debe dar “más flexibilidad al SAE, que hoy es excesivamente rígido”, sumando que la herramienta debe tener la capacidad de “valorar los proyectos educativos”. Esto último, según se vio en el proceso de escucha, tiene relación con que los directores de establecimientos advirtieron que el SAE les asigna familias que no conocen del proyecto educativo de su colegio. Por eso Arzola dice que también se deberían “implementar medidas que permitan resguardar también otro tipo de proyectos educativos que lo requieren”.

Sobre las materias anteriormente mencionadas -y otras-, Gonzalo Muñoz, integrante de la mesa técnica, académico UDP y miembro del Consejo Nacional de Educación, asevera que “hay que hacer cambios en distintas áreas que ya hemos identificado”, y enumera algunas: fortalecer los proyectos de alta exigencia académica (como los liceos emblemáticos), flexibilizar el sistema para atender casos especiales y mejorar la comunicación y operación del SAE “para que la experiencia que tienen las familias con este sistema de admisión sea mucho más positiva que lo que ocurre hoy”. También menciona “mejorar la manera en la que las familias adhieren a los proyectos educativos” y “evaluar los criterios de priorización”.

Acerca de esto último, el comunicado de la mesa técnica ya había esbozado que acordaron un “ajuste de los criterios de priorización” y algunos consejeros consultados señalan que esto apunta a hechos como asegurar que el SAE deje juntos a hermanos que no tienen el mismo apellido, o que determine mejor la prioridad de vulnerabilidad, entre otras cosas.

En tal sentido, Mauricio Bravo, vicedecano de Educación de la U. del Desarrollo y otro de los integrantes de la mesa, pone en carpeta que “el SAE debe implementar mecanismos que permitan distribuir de manera más equitativa a los estudiantes con necesidades educativas especiales en las diferentes aulas. Actualmente estos estudiantes tienden a concentrarse en algunas escuelas, superando los límites recomendados por la evidencia para atenderlos adecuadamente. Si no se toman estas medidas, el sistema educativo podría estar cumpliendo con incluirlos, pero no estaría garantizando su derecho a recibir una educación de calidad”.

Lo bueno del SAE

A lo largo del proceso de esta mesa se han identificado además aspectos positivos de la herramienta. En general, los consejeros coinciden y dicen que se deben mantener las características del SAE que impiden la discriminación, que es transparente, que es más justo en el acceso a la información y, sobre todo, que es centralizado, con todo lo que ello implica.

“La mesa técnica ha llegado a un diagnóstico mixto, que detecta problemas del SAE, pero que también reconoce los avances que ha implicado este sistema de admisión para las familias y estudiantes, por ejemplo al impedir la discriminación y facilitar la experiencia de las familias en los procesos de postulación gracias a una plataforma que funciona de forma transparente y centralizada. Es por eso que nadie está pensando en hacer borrón y cuenta nueva, y el esfuerzo lo estamos concentrando en mejorar sustantivamente el SAE”, señala en tal sentido Muñoz.

Vergara coincide con él en el sentido de que lo que se mejore debe “mantener el sistema centralizado de postulación”, mientras que Arzola entiende que entre las cosas positivas del SAE “está que facilita la postulación al centralizar en un solo lugar información sobre los establecimientos disponibles y sus características generales”. No obstante, añade, la plataforma “puede ser mejorada incorporándole más datos y filtros que permitan acompañar más efectivamente el proceso de postulación de las familias”.

Del mismo modo, desde la UDD Bravo señala que el SAE “ha permitido reducir asimetrías de información para que los padres puedan tomar mejores decisiones al momento de elegir un colegio para sus hijos”. Pero, suma, “esto aún es insuficiente, por tanto, se debe avanzar en entregar más y mejor información sobre los diferentes proyectos educativos”.

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