No han sido días fáciles para Manuela Royo Letelier. La abogada y licenciada en Historia asumió una de las tareas desafiantes de la Convención Constitucional: la coordinación de la Comisión de derechos humanos, verdad histórica y bases para la justicia, reparación y garantías de no repetición.

Desde que fue electa en ese cargo el pasado 27 de julio -con el respaldo de la Lista del Pueblo, Movimientos Sociales y otros apoyos desde la izquierda-, la convencional por el distrito 23 ha recibido cartas y llamados de distintas organizaciones y sobrevivientes de la dictadura por la controvertida presencia del exalmirante de la Armada y exedecán de Augusto Pinochet Jorge Arancibia.

“Es difícil compartir un espacio con él, un espacio donde además hay compañeras que estuvieron presas en dictadura, que fueron torturadas. Y no es que uno pueda censurar a nadie, porque eso no corresponde, pero sí hay una carga emocional y simbólica para todo un pueblo”, dice.

La discusión se tomó la comisión esta semana. A los reclamos de la machi Francisca Linconao -quien pidió que Arancibia salga del grupo- se opusieron los reproches de convencionales de Chile Vamos, los que acusaron una censura “impresentable”. También el abogado de DD.HH. Luciano Foullioux planteó sus reparos a excluir al almirante (R) de la instancia. Royo -mujer de izquierda y feminista- dice que ha buscado jugar un rol institucional, ordenando y dando espacio para que todos hablen. Hoy, a través de su cuenta de Twitter, reiteró que derivará el caso a la comisión de ética de la Convención.

Royo no es una desconocida para la izquierda y el mundo de los derechos humanos. A sus 38 años y en su rol de abogada y activista, la “militante” de Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente (Modatima) y quien compitió en un cupo del Partido Igualdad en el Pacto Apruebo Dignidad, ha defendido a imputados mapuches en icónicas y graves causas penales en La Araucanía. Entre ellos, a la propia machi Linconao durante el largo juicio por el asesinato del matrimonio Luchsinger MacKay.

Justamente, durante la sesión de este jueves, la convencional Ruth Hurtado advirtió en la Comisión de DD.HH. que el rol de Royo en ese caso también generaba incomodidad en la Macrozona Sur, provocando un momento de tensión en la instancia. “Cada vez que uno quiere echar a andar algo cuesta, ha habido errores de conducción, pero hasta aquí ella había estado bien. Desde hoy, tengo una pésima percepción, porque al expresar una opinión distinta me censuraron”, acusó la representante de Vamos por Chile.

El hecho provocó que otros convencionales también salieran a cuestionar su rol. “Desde mi punto de vista, la coordinación de la comisión ha manejado muy mal este tema. Primero porque no ha restringido el tiempo de las intervenciones, segundo porque no hemos resuelto nada, y hoy se comete un acto que no es propio de quien coordina, que es interrumpir a quien está expresando sus ideas. El rol de los coordinadores debe ser imparcial”, afirmó Ruggero Cozzi (RN).

Una mirada distinta tiene la convencional Carolina Videla (Apruebo Dignidad), quien sostiene que “ha sido importante el rol que ha jugado Manuela, tratando de mantener el respeto al interior de la comisión, escuchando a todos y todas. Me pongo en sus zapatos y sé que no es fácil. Ha sido difícil, porque hay que enfrentar la provocación de Arancibia”.

Nació en 1982, en plena dictadura, en Santiago. Pasó por el colegio Institución Teresiana, Calasanz y Colegio Latinoamericano de Integración, en Providencia. “Siempre me echaban de todos lados, era como la oveja negra”, dice mientras se ríe en uno de los jardines del ex Congreso.

Luego entró a Historia en la Universidad de Chile. Fue con las redes que empezó a activar en la facultad que Royo comenzó a participar en organizaciones sociales asociadas a la educación popular. Hizo clases en el preuniversitario Alfonso Chanfreu y en el preuniversitario popular de la población Nuevo Amanecer de La Florida.

A esas alturas, salió de su casa para irse a vivir con amigos a la población Lo Hermida. Ahí terminaron conformando el colectivo Álex Lemún, en honor al joven mapuche que a los 17 años murió de un disparo mientras intentaba repeler a piedrazos un allanamiento en Ercilla, tras la toma de tierras por parte de la comunidad a la que pertenecía. Su trabajo en esa orgánica la llevó tiempo después a forjar un vínculo inquebrantable con la causa mapuche.

En 2006 decidió entrar a estudiar Derecho en la Universidad Alberto Hurtado, mientras a la par siguió vinculada al colectivo de educación popular. Ahí conoció al werkén de Temucuicui y líder de la alianza territorial mapuche, Mijail Carbone, quien la invitó a ella y a sus compañeros a un guillatún de Temucuicui, en La Araucanía. “Recuerdo estar en medio del campo, en un juego de palín, explicándoles derecho penal a muchos mapuches, muchos tenían causas y no entendían nada”, recuerda.

Sus nexos con ese mundo se afianzaron cuando a Carbone lo detuvieron y condenaron a siete años de presidio por el delito de homicidio frustrado contra Carabineros. En ese tiempo, Royo hacía su práctica profesional en la Defensoría Penal Pública de Santiago y apoyó al comunero para lograr la nulidad del juicio, la que la Corte Suprema decretó en 2012.

Ese mismo año, después de titularse, Royo se dedicó de lleno a la defensa de los derechos humanos en el contexto mapuche: trabajó en la Defensoría Penal mapuche de Cañete y Collipulli y también en la Defensoría Penal Pública de Temuco. En 2015 llegó hasta la CIDH, donde junto con Carbone denunciaron vulneraciones en contra de niños y niñas en la zona.

En su rol de defensora, la abogada participaría de uno de los casos más mediáticos y controvertidos del conflicto: el crimen de Werner Luchsinger y Vivianne Mackay. En ese juicio, Royo defendió a la familia Catrilaf y en ocasiones también a la machi Linconao, quienes terminaron siendo absueltos.

Pero antes de que eso ocurriera, en 2018, la abogada enfrentó una polémica al ser apartada de la Defensoría Penal, tras participar en un video en que se acusaba de racismo al fiscal a cargo Alberto Chiffelle. En ese momento, la jurista acusó presiones de la derecha y del ministro del Interior de la época, Mahmud Aleuy.

Pero el caso Luchsinger Mackay marcaría a Royo también desde otro lugar: fue durante el juicio y en medio de su vinculación con la familia Catrilaf que conoció al padre de su hija mapuche Alma, con quien ha llegado varias veces a trabajar a la Convención Constitucional.

Ese hito la hizo reforzar más aún sus lazos con ese mundo y la Región de La Araucanía, en particular, donde vive actualmente junto a la comunidad Liempi Colipi de Curacautín.

Después de ser desvinculada del juicio, en 2018, la abogada entraría a trabajar al INDH de La Araucanía. Ahí, recuerda, le tocó acudir al Cesfam al que el 14 de noviembre fue llevado Camilo Catrillanca, comunero mapuche que fue asesinado por el exsargento Carlos Alarcón.

Royo había compartido con Catrillanca en varias oportunidades y fue una de las personas que vieron su cuerpo. “Me tocó estar cuando mataron a Camilo Catrillanca y tomar la denuncia del adolescente que presenció todo. De las cosas más horribles que he visto en mi vida... ver a alguien con quien había compartido con su cabeza reventada en una camilla fue muy fuerte”, sostiene.

Un año después, en pleno estallido social, desde el INDH Royo trabajó resguardando marchas, yendo a comisarías y haciendo denuncias de vulneración a los DD.HH. en las protestas. Sin embargo, según relata, su postura contraria a la fijada por el organismo de manera oficial en torno a que esos atropellos no eran sistemáticos habrían terminado en que cortaran su contrato.

Así llegó a defender a varios detenidos en el marco del estallido, principalmente de Santiago 1. “Por suerte, en realidad no por suerte, por trabajo, logramos la libertad de todos ellos, pero lamentablemente todas esas causas se encuentran vigentes”, dice.

“Levantamos Modatima Wallmapu y después de eso recibí el llamado de Rodrigo Mundaca y todo el apoyo del movimiento para presentarme”, recuerda Royo respecto de cómo es que llegó a la Convención. Fue el actual gobernador de Valparaíso quien la llamó para plantearle la posibilidad de competir.

Luego participó en el grupo de los convencionales autoconvocados que se conformó previo a la instalación del órgano y, asimismo, fue una de las firmantes de la controvertida “declaración de los 34”, en que cuestionaron las normas que habilitaron el proceso.

Sobre el acuerdo del 15 de noviembre, Royo asegura que “me pareció que la forma fue muy poco democrática, pero tampoco puedo negar que gracias a ese consenso llegamos a estar sentados acá todos y todas”.

Pese a los altos y bajos, que dice que han marcado este primer mes, la abogada resalta que “también ha sido muy lindo todo este proceso, encontrarnos con todas estas dificultades también nos ha hermanado. Hace unos cinco años era muy distinta, ahora me siento mucho más humilde, soy capaz de entender que también otros pueden tener razón y que esto es una construcción colectiva. Soy una más de 155, no soy mejor ni peor que nadie”.