Mapuches usurpando a mapuches: lo que reveló el operativo que impactó en el corazón del grupo radicalizado WAM

Cerca de las 5 de la madrugada de este jueves 200 funcionarios de la PDI comenzaron a desplegarse y allanar 17 domicilios en la comuna de Tirúa, Región del Biobío, en un procedimiento que buscaba detener a 19 sujetos responsables de la muerte de Manuel Huenupil (48), un comunero mapuche asesinado el 5 de mayo del 2022 en Carahue, Región de La Araucanía.

Pero este no se trataba de un procedimiento más, en la minuciosa investigación de dos años liderada por la Fiscalía Regional de La Araucanía había antecedentes de que no se trataría de un procedimiento fácil, sería peligroso y con alto riesgo. Y es que los funcionarios de la PDI, que contaban con el apoyo de la Armada, debían detener a miembros de la organización radical Weichán Auka Mapu (WAM), banda que se ha reivindicado una serie de atentados en la Macrozona Sur, especialmente al sur del Biobío.

Junto con eso, también existían antecedentes, dada la extensa investigación, de que se trataba de una organización dedicada al tráfico de drogas, al robo de madera y que tras el homicidio de Huenupil también había la disputa por un terreno ocupado, hace décadas, por la comunidad a la que este pertenecía.

Y la peligrosidad pronosticada por los investigadores y persecutores se cumplió. Pese a que el Ministerio Público le había solicitado al tribunal que las órdenes y registros, dada la peligrosidad, se concretaran durante la madrugada, igualmente uno de los sujetos buscados, identificado como Echivaldo Bastías Vidal (46), abrió fuego contra los policías e hirió a un funcionario, pero resultó muerto tras la respuesta de la policía civil.

Pese a eso, la policía logró la detención de ocho de los 19 sujetos que buscaban. Se trata de Jhony Hueniupil, Heraldo Norin, Gonzalo Antio, Damián Sáez, Jean Carlos Sáez, Jerson Sáez, Javier Mariñán y César Opazo. Los otros 10 sujetos, lograron escapar, entre ellos, Sergio Alejandro Henríquez Valenzuela (30), quien es sindicado, según fuentes de La Tercera, como uno de los líderes de la WAM.

El amplio y complejo procedimiento de esta madrugada deriva de lo ocurrido aquel 5 de mayo del 2022. Ese día, el comunero Huenupil, de la comunidad “Quidiqueo Huenupil”, llegó hasta el predio “La Suerte” acompañado de sus hijos. Ese terreno era ocupado pacíficamente, detalló la Fiscalía, desde hace muchos años por esa comunidad y aquel día iban a limpiarlo.

Sin embargo, al llegar al lugar se encontraron con tres sujetos que estaban extrayendo madera del terreno. Al consultarles, les dijeron que estaban trabajando para Sergio Henríquez, quien encabezaba el grupo “Weichan”. Sujeto que horas más tarde llegaría acompañado de un grupo de cerca de 20 personas, proveídos de armadas largas, cortas y fusiles, quienes buscaban intimidar a la comunidad que ocupaba “La Suerte”.

En ese momento, cerca del mediodía, los miembros de la WAM comenzaron a increpar a la comunidad integrada por Huenupil, afirmando que “no les temblaba la mano de disparar a alguien”. Y así ocurrió, en ese momento los sujetos abrieron fuego al aire y al piso, con el fin de que los comuneros dejaran el lugar.

Ante esa situación, los comuneros que ocupaban históricamente ese terreno comenzaron a huir, sin armas y solo en sus vehículos. En ese escape, y mientras recibían disparos, la camioneta Nissan Terrano que conducía Huenupil en compañía de sus hijos recibió un disparo por la parte posterior, rompió un vidrio y dio directamente en la espalda del comunero, de 48 años, quien falleció producto de las heridas.

El fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, afirmó esta mañana que con esta investigación “hemos demostrado también que sus blancos (de la WAM) no son el gran capital, sino que son personas humildes, chilenos o que pertenecen al pueblo mapuche; hemos demostrado también lo dañinas que son estas organizaciones en el contexto social, el perjuicio que les producen a las víctimas y hemos logrado reunir una serie de antecedentes que nos permiten identificar a sus integrantes y perseguirlos como corresponde, solicitando penas altas que se les han impuesto en varias ocasiones”.

Tras el homicidio del comunero mapuche, la Fiscalía comenzó a realizar una serie de diligencias para, inicialmente, identificar a quienes habrían estado aquel día de mayo en esa discusión que derivó en el asesinato del hombre de 48 años.

En esas labores se encontraban, según pudo conocer La Tercera, cuando en octubre del 2022 unos testigos del caso se acercaron a los investigadores para dar su testimonio o, mejor dicho, complementar sus declaraciones iniciales. Se trataba de personas que estuvieron aquel día en el lugar y que vieron cómo había ocurrido todo.

Esos testigos detallaron a los persecutores quiénes eran los que ese día llegaron a amenazar a los comuneros, así como también cuáles eran las identidades de quienes integraban la organización que ha realizado una serie de atentados en la zona, sindicando a Henríquez como quien encabezaba aquello. El “Mimi”, “Tito”, “Checho”, “Robin”, “Lali Moto”, son solo alguno de los apodos que dieron y que permitió situar a los miembros de la WAM en el lugar.

Pero además había otra pista: la policía recogió del lugar evidencia balística que calzó, según los peritajes, con otros 10 atentados en la Macrozona Sur.

Con los sujetos ya identificados, y pese a que la misma WAM había condenado la muerte de Huenupil a través de un comunicado, las diligencias permitieron ubicar en el lugar de los hechos a 22 personas, 19 de ellos buscados hoy por la policía. Junto con eso, también se interceptaron los teléfonos, los que permitieron dilucidar las comunicaciones, de las cual se desprende que más allá de una supuesta reivindicación de tierras, se dedicaban a actividades ilícitas como el robo de madera y diferentes labores de extracción relacionada a ese rubro.

Por otro lado, los sujetos también tenían diálogos sobre cómo comprar y vender drogas en la zona, algo de lo que incluso se jactaban. “Oiga acá le querían comprar para probar así un cuarto de hectárea, más o menos”, decía uno de los mensajes. En otras de las conversaciones también se hablaba de “probar la cosecha”.

En otra de las conversaciones se trató el precio de una sustancia ilícita, por “dos quinientos” y que se trataba de una droga buena “no como lo que andaba trayendo el ‘Tren de Aragua’”.

En las llamadas, los miembros de la WAM también hablaron de las armas que mantenían.

Las últimas horas, junto con el operativo, la zona sur de la Región del Biobío también fue escenario de un nuevo atentado de violencia rural, el cual fue reivindicado por la misma organización. El fiscal Garrido afirmó que este tipo de atentados “procuran lograr cierto control territorial para cometer delitos en impunidad, eso es lo que queda en evidencia, no se trata de organizaciones que tengan por finalidad una lucha reivindicativa”.

El persecutor, consultado respecto a que 10 de los hombres lograron fugarse, explicó que la lucha contra el crimen organizado en contexto rural “presenta particularidades y dificultades que son distintas a las que ocurren en las zonas urbanas”. En esa línea, afirmó que el “conocimiento del territorio, la extensión del territorio, las dificultades de ubicación en el mismo, requieren siempre de un despliegue importante de medios, y esto genera situaciones como las que hemos visto en este caso, que no es posible concretar toda la orden de detención”.

Esta tarde, en el Juzgado de Garantía de Carahue serán formalizados los ocho integrantes de la WAM detenidos por los delitos de homicidios y porte ilegal de armas. Todo mientras también se investiga la muerte del noveno integrante fallecido y se continúa la búsqueda de los otros 10 prófugos.

Tras el procedimiento se le preguntó al fiscal Garrido: “¿Está desbaratada la WAM?”. “Yo no utilizaría esa expresión en este momento”, respondió el persecutor.