La ingeniera comercial de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI) Marcela Ferrada Culaciati (51), se transformó en la gran protagonista del último requerimiento por actos colusorios que presentó la Fiscalía Nacional Económica (FNE) en contra de las tres principales compañías de transporte de valores del país: Prosegur, Loomis y Brink’s Chile.

La exejecutiva, originaria de la ciudad de Arica, se desempeñaba como directora comercial de Brink’s Chile desde noviembre de 2012. Antes de asumir dicho cargo fue gerenta de Servicios de Transantiago en marzo de 2010. En este puesto fue responsable de las áreas de marketing, información y atención al usuario en el Ministerio de Transporte.

Durante ocho años fue una de las empleadas de mayor confianza en el área comercial y marketing de la compañía de capitales estadounidenses. Sin embargo, su vida tuvo un vuelco el 1 de octubre de 2018, cuando presentó una solicitud formal para acogerse al beneficio de delación compensada. La petición fue presentada por ella de manera individual.

Este miércoles la FNE acusó a tres compañías de fijar precios en un requerimiento ante el Tribunal de Defensa de La Libre Competencia (TDLC) en que detalla que un grupo de ejecutivos sostuvo reuniones en las que dialogaron las condiciones comerciales que mantenían con bancos en el transporte de valores.

Casi tres años más tarde, la FNE concluyó su investigación. Tras reunir numerosas pruebas documentales -mensajes de WhatsApp y planillas en formato Excel, entre otras-, en los que se fijaron precios entre 2017 y 2018 y que fueron en buena parte proporcionadas por Ferrada, la autoridad antimonopolio exigió multas por US$63 millones (81.585 Unidades Tributarias Anuales, UTA). Junto con ello, la FNE pidió sanciones monetarias a ejecutivos de manera individual. Eso sí, el organismo solicitó dejar fuera de sanción a la exejecutiva, ya que su declaración resultó ser pieza clave para establecer la acusación.

Según la FNE, la entonces directora comercial de Brink’s, Marcela Ferrada, velaba por el cumplimiento de metas, participaba de la definición de tarifas y se relacionaba con clientes. En esta calidad, intervino en la ejecución del acuerdo, elaborando insumos relevantes y preparando ofertas previamente coordinadas entre las empresas requeridas.

Según conocedores del proceso, una vez que acudió a la FNE a denunciar la supuesta colusión, Brink’s Chile no la despidió y la ejecutiva comenzó a presentar una serie de licencias médicas durante muchos meses. Su relación de trabajo terminó por mutuo acuerdo de las partes el día 31 de diciembre de 2019. Es decir, un año, tres meses y seis días después de denunciar el presunto acuerdo entre las compañías.

Quienes conocen a Ferrada destacan su valentía y espíritu de emprendimiento en importaciones de telas y la compra de propiedades. En efecto, actualmente, la empresaria cuenta con propiedades en las comunas de Maipú, Las Condes y Pucón.

Entre sus cercanos le llaman “Chela” y uno de sus amigos en Facebook es Pedro Herane, gerente general de Viña San Pedro, controlada por el grupo Luksic. Ambos estudiaron ingeniería comercial en la Universidad Adolfo Ibáñez entre los años 1989 y 1993, y aún conservan la amistad.

Hace once años la exejecutiva de Brink’s Chile constituyó dos sociedades que dan prueba de su ánimo emprendedor. En las primeras dos sociedades que creó, su madre Andrea Culaciati Solervisens figura como socia. Se trata de Asesorías y Comercializadora Markar Limitada y Producciones y Telares Deco Tomé Limitada. Ambas fueron inscritas en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago en octubre y noviembre de 2009 con un capital de $500.000 y $11.000.000, respectivamente.

Cuatro años después, el 10 de septiembre de 2013, Ferrada se asoció con Francisco Ortúzar Silva, y con un capital de $20.000.000 constituyó Inmobiliaria Las Pataguas Limitadas, la cual mantiene propiedades en la Región Metropolitana y en la Región de La Araucanía.

Marcela Ferrada Culaciati declinó efectuar comentarios sobre este artículo.

La Fiscalía pidió multar a los tres gerentes generales: el argentino Alberto Bálsamo Barreiro (Brink’s), con 149 UTA (US$ 115 mil); y los chilenos Marco Malverde Muñoz (Prosegur), con 134 UTA (US$ 104 mil), y Cristián Catalán Jerez (Loomis), con 114 UTA (US$ 88 mil)

Sin embargo, a la fecha Alberto Bálsamo no es ejecutivo de la compañía. Desde principios de 2020 hay un nuevo gerente general y asumió una nueva administración, los cuales provienen de otras industrias.

Frente a la arremetida de la FNE, las empresas ficharon connotados estudios de la plaza. Prosegur es representada por el estudio Ferrada Nehme, encabezado por la abogada Nicole Nehme, quien participó en el caso de la colusión de las farmacias, uno de los casos más relevantes del sistema de libre competencia chilena.

En paralelo, Prosegur contrató los servicios de los abogados Julio Pellegrini y Pedro Rencoret del estudio Pellegrini & Rencoret para asesorar a los ejecutivos que están siendo acusados en el requerimiento de la Fiscalía.

Por Loomis actúan los abogados Jorge Bofill y Vanessa Facuse, socios del estudio Bofill, Escobar, Silva Abogados. Por Brink’s, en tanto, participará el abogado Claudio Lizana, del estudio Carey & Cía.

Si bien ninguna de las partes efectuó comentarios sobre este artículo, trascendió que entre cercanos a las compañías existen reparos al requerimiento de la FNE. De hecho, las reuniones y el intercambio lo entienden bajo la molestia que existe en el sector por “los bajos montos que pagan los bancos” por el transporte de valores.

Asimismo, las fuentes consultadas desestiman las acusaciones de la FNE y señalan que el transporte de valores afecta a los bancos o clientes similares, pero no afecta de ningún modo a los consumidores y no es de consumo masivo ni de primera necesidad.

Asimismo, ven poco probable que la FNE presente una querella penal en el Ministerio Público una vez que obtenga una eventual sentencia favorable en el TDLC. En efecto, la Guía Interna para la Interposición de Querellas por el Delito de Colusión de junio de 2018 estableció entre los requisitos para esto que el hecho se haya prolongado por un período de tiempo significativo (tres o más años). Esto ya no se produjo. Lo que se describe en el requerimiento son algunos meses entre el 2017 y 2018.

Otro de los requisitos que tampoco se cumpliría es que la conducta afecte bienes o servicios de consumo masivo o de primera necesidad.

No obstante, la decisión final la tiene la FNE, que cuenta con la facultad de presentar la acción penal, pues los supuestos hechos se produjeron después de la entrada en vigencia de la nueva ley, en 2016.

La ley establece que ello sólo puede hacerse tras la sentencia del TDLC y de la Corte Suprema si es que las partes presentan reclamaciones. Desde la FNE declinaron responder consultas sobre este artículo.