Más de $200 millones para “sanar” deudas de Archifarp y pagos a “funcionarios fantasma”: los informes de la Fiscalía para imputar por corrupción a Jadue

Declaraciones, recibos, cuentas bancarias, mensajes de WhatsApp y una serie de antecedentes policiales y judiciales son parte del expediente del caso en que la Fiscalía indaga por cohecho, fraude al Fisco y lavado de activos al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC).

La Fiscalía Centro Norte lo indaga desde el 2022 a raíz de una serie de convenios entre la empresa Best Quality SPA, vendedores de insumos médicos, y la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), que estaba presidida por Jadue.

Uno de los trabajadores de Best Quality SPA afirmó -en una declaración judicial- que el propio Daniel Jadue les habría solicitado un “bono” adicional de insumos a cambio de dejarlos como “proveedores estrella” de la agrupación de farmacias. Todas estas imputaciones han sido rechazadas por el propio alcalde y su abogado, Ramón Sepúlveda.

Pero en el Ministerio Público, y según lo señalado en la audiencia de formalización, están convencidos de la presunta responsabilidad penal de Jadue en los delitos por los cuales se le enfrentaron cargos. ¿En base a qué?

Entre los últimos peritajes de los investigadores hay tres que llegaron a manos de la fiscal Giovanna Herrera, durante la semana pasada. Son tres informes del OS-7 de Carabineros en que se detallan los ingresos y egresos de dinero de Achifarp y la Municipalidad de Recoleta, en que se concluyen algunas inconsistencias en el manejo contable de los más de $3 mil millones que se manejaban en la asociación.

“Análisis de Ingresos y Gastos Achifarp”. Así se titula el informe policial que ayer llegó a la Fiscalía, enviado por la Jefatura de Investigación Patrimonial y Anticorrupción del OS-7.

En el análisis se revisaron antecedentes bancarios -provenientes del alzamiento de secreto bancario- de la sociedad, detectando que los ingresos totales de Achifarp sumaron, entre 2017 y 2022, $3.233 millones, donde su principal fuente corresponde a entidades públicas en un 81,6%, observándose también ingresos de personas naturales y entidades privadas.

Sin embargo, el informe advierte que si bien los egresos totales de la asociación ascienden a $3.557 millones, donde su mayor gasto está en el pago a proveedores con un 68,1%, “se observan pagos sin identificar por parte del Banco Estado, en conjunto con pagos a personas naturales, las cuales no prestaron ningún servicio a través de honorarios o sueldos, tampoco son proveedores, por lo que se desconoce a qué corresponden estos pagos”.

Otro de análisis por parte de la policía remitidos a la Fiscalía dio cuenta del estudio a los aportes recibidos por la asociación, en que Jadue oficiaba como presidente.

El objetivo de la revisión fue analizar el uso de los fondos extraordinarios solicitados a la Municipalidad de Recoleta para la fabricación del medicamento Interferón, para el tratamiento del Covid-19, la cual se basaba en un convenio celebrado con la Universidad de Concepción, del 12 de junio de 2020.

Ese estudio también dejó dudas en los investigadores, considerando el hallazgo de la policía en ese uso de fondos. “Producto de la revisión efectuada de los movimientos bancarios producidos desde la fecha del ingreso de los aportes extraordinarios de la Municipalidad de Recoleta por un total de $204.976.800, se evidencia que estos dineros fueron utilizados completamente en saldar las obligaciones financieras que tenia Achifarp con terceros, y que ninguna parte de estos fondos fueron utilizados para la fabricación del medicamento Interferón”, se detalla en el informe fechado el 28 de mayo.

Pero hay más. El tercer informe sobre las cuentas corrientes de Achifarp también detectó inconsistencias, al analizar los “abonos” realizados por entidades públicas, pero también privadas.

Sobre este punto se concluyó que “en consideración a los antecedentes expuestos y producto de la revisión efectuada a los fondos recibidos en la cuenta corriente de Achifarp se llega a la conclusión que esta les vendió productos a entes privados y a personas naturales en forma directa, a pesar de que no tenía la facultad para realizar este tipo de operaciones”.

Se evidenció, además, el incremento de ingresos a la asociación de personas naturales entre los años 2021 y 2022; e ingresos de entidades privadas, siendo los mayores en los años 2020 y 2021.

Para la Fiscalía, según lo expueso por el fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz, el rol de Jadue en Archifarp fue fundamental.

Armendáriz detalló operaciones de venta de productos que no fueron rendidos, de un vehículo y del propio acuerdo con Best Quality que no fue informado al resto del consejo de la organización.

“Durante los años 2020 a 2022 el imputado Daniel Jadue, en su calidad de presidente de la Achifarp como alcalde de la Municipalidad de Recoleta, concertado con los imputados Raúl Daniel Moraga Lagarrigue y José Matías Muñoz Becerra, en su calidad de secretarios ejecutivos de la Achifarp, teniendo a su cargo la gestión y salvaguarda del patrimonio social, realizaron una serie de actuaciones, ejerciendo abusivamente sus facultades, toda vez que actuaron sin autorización ni conocimiento del directorio ni el resto de los socios, contraviniendo el objeto y fines de Achifarp”, expuso ante el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago.

El fiscal Armendáriz también detalló las demandas que han presentado aquellos proveedores y extrabajadores en contra de Achifarp, así como también las operaciones que hicieron para subsanar las deudas, lo cual a juicio de la Fiscalía Centro Norte reveló las dificultades económicas que generó la administración de Jadue y compañía.

Seguido de eso, el Ministerio Público comenzó a detallar los hechos de la formalización sobre el negocio realizado entre Achifarp y la empresa Best Quality. En esa línea, Armendáriz sostuvo que Jadue “en su calidad de funcionario público, como presidente de la Achifarp y de alcalde, el 1 de julio del 2020, en reunión sostenida en las oficinas de la alcaldía de la Municipalidad de Recoleta, con don César Ramírez, vendedor de Best Quality S.P.A., durante la negociación de la compra de insumos a esa empresa relatada precedentemente, le solicitó un beneficio económico como bonificación a cambio de concretar el negocio, consistente en una donación de productos”.

Lo que resta, ahora, son los descargos de la defensa de Daniel Jadue, como también que se discutan las medidas cautelares del jefe comunal, donde la Fiscalía irá por la prisión preventiva del militante PC.