Más de 30 reuniones: el intenso lobby de las aplicaciones de transporte por nueva Ley Uber

La inquietud de las aplicaciones (EAT) de transporte en Chile frente a la Ley 21.553 -más conocida como Ley Uber- no es reciente. Desde el comienzo de su trámite legislativo en 2018, el gremio dio inicio a una serie de reuniones vía lobby con parlamentarios con el fin de exponer ciertas observaciones hacia el proyecto mismo, así como intentar integrar algunos cambios con el fin de que la legislación no los impactase de una forma que no querían.

Solo como ejemplo, en 2018 más de diez diputados de distintas bancadas registraron reuniones vía lobby con Uber, sindicatos de taxis colectivos y asociaciones gremiales de aplicaciones de Chile. Ese panorama se intensificó desde 2021 hasta abril de 2023, justo cuando impulsada por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) se promulgó la Ley 21.553, que busca regular las aplicaciones de transporte mediante un registro electrónico que abarque a las empresas, conductores y vehículos que proporcionan este servicio.

Es más, a solo días de su promulgación, Uber solicitó una reunión con el ministro de la cartera, Juan Carlos Muñoz, con el fin de presentar su visión respecto a la regulación. Nueve días más tarde, Cabify pidió una cita similar con el titular del MTT, donde detallaban su intención de “revisar en conjunto con el gerente general la puesta en marcha de la ley de aplicaciones de transporte. Desde Cabify existe total disposición a hacer este proceso más expedito y garantizar a los miles de conductores de aplicación resguardar su fuente de trabajo. El equipo de Cabify ya se ha reunido con la jefa de División de Normas; por lo mismo, insistimos en una reunión con el ministro”.

Pero las reuniones siguieron intensificándose una vez que el ministerio publicó el borrador del reglamento que entrega los principales requisitos y especificaciones con los que deberán contar las empresas de aplicaciones. En noviembre de este año, el seremi de la Región Metropolitana (RM), Rodrigo Valladares, se reunió vía meet junto a Daniel Martínez, Juan Jofré y Tamara Moreno, registradas como “personas naturales”, quienes buscaron discutir los alcances de la normativa, además de resolver con la autoridad las siguientes interrogantes: “¿Cuál es la justificación de la prohibición ante una figura que promueve la movilidad sustentable? ¿Se prohíbe el capooling centralizado o descentralizado o ambas?”.

Según datos revisados por La Tercera en las distintas plataformas de la Ley de Lobby de autoridades, jefes de divisiones, diputados y senadores, hasta la fecha las empresas de aplicaciones de transporte, conductores y personas naturales han registrado al menos 22 reuniones vía lobby con integrantes del MTT: tres con el ministro Muñoz; cuatro con el seremi de la RM, Rodrigo Valladares; tres con la jefa de División de Normas y Operaciones, Cecilia Jorquera; una con el jefe de gabinete del ministro, Roberto Flores, y nueve con el exseremi RM Roberto Santa Cruz.

A esto se suman más de 30 reuniones con parlamentarios entre 2022 y 2023, entre quienes destacan Miguel Angel Calisto (Demócratas) (dos reuniones), Felipe Camaño (Ind.) (dos reuniones), Karen Medina (PDG) (cinco reuniones), Gaspar Rivas (PDG) (dos reuniones) y Leonidas Romero (Republicanos) (tres reuniones).

Los senadores también han sido protagonistas de algunas de estas citas, donde destacan las reuniones registradas en 2023 sobre la Ley EAT y su reglamento con Francisco Chahuán (RN), Juan Antonio Coloma (UDI), Rodrigo Galilea (RN) Sebastián Keitel (Ind.) y Alejandro Kusanovic (Ind.). Este último registra cinco reuniones de este tipo solo este año.

Sumado a las reuniones, las aplicaciones han levantado una ofensiva en contra del reglamento a través de una campaña publicitaria y por redes sociales. Hace unos meses, Uber lanzó “Deja Moverme”, que busca persuadir a los usuarios a firmar una solicitud en contra del reglamento, ya que con su entrada en vigencia, desde el próximo 19 de enero, se encarecería en un 50% el precio de los servicios, además de reducir a la mitad los conductores disponibles, sobre todo en zonas periféricas y rurales.

Ante este y otros cuestionamientos, el ministro (s) Jorge Daza confirmó a este medio posibles ajustes al borrador de reglamento de Ley Uber. Esto debido a que durante las últimas semanas han escuchado atentamente las opiniones de las aplicaciones para “poder ajustar el reglamento en la mejor medida que podamos, de acuerdo a los espacios que nos propone la propia ley”, tales como la antigüedad del año de la primera inscripción y la cilindrada de los vehículos.