Más supremos bajo la mira de la Fiscalía: la causa por tráfico de influencias que acecha al ministro Carroza

Hace justo tres meses, la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, recibió un encargo especial por parte de la Fiscalía Nacional. El jefe del Ministerio Público, Ángel Valencia, envió una instrucción a la persecutora para que abriera una investigación que se hiciera cargo de los chats -publicados por Ciper- revelados en un informe elaborado de la PDI luego de incautar el teléfono del exjuez Juan Poblete en el marco de las diligencias de la Operación Topógrafo.

En esos chats quedó en evidencia la manera en que los ministros de la Corte Suprema piden a los jueces inferiores los votos para nombrar notarios. Así fue como los hechos salpicaron al supremo Mario Carroza. En abril de 2021 el magistrado envió un mensaje al exministro Poblete -a solicitud del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Antonio Ulloa- para pedirle que ayudara a un postulante al cargo de notario titular en Tierra Amarilla.

-Carroza: Te quiero decir algo que me pidió Ulloa, a ti como amigo no puedo pedírtelo sino es de manera sincera, te lo reenviaré: “Hay un concurso de notario de Copiapó con asiento en Tierra Amarilla en el cual no alcanzaré a votar y quería votar por un exalumno y ayudante de derecho procesal en la Universidad Alberto Hurtado, que actualmente es un extraordinario amigo. Se llama Patricio Corominas Mellado y es muy cercano a Miguel Aylwin Oyarzún, que ya le consiguió el voto con Pablo Krumm. Con dos votos queda en terna”. Esto fue lo que me pidió, no te sientas comprometido conmigo. Un abrazo amigo.

-Poblete: Que extraña actitud de Ulloa... si cosas así me ha pedido en otras ocasiones y nunca se lo he negado. ¡Plop! Lo que tú me pidas, con todo gusto. Abrazo.

-Carroza: Cuídate. No confíes en nadie. Siempre a la defensiva. Se trata de sobrevivir en ambiente hostil.

-Poblete: Sí, lo mismo para ti. Hay gente que la ambición la enceguece y, también, su afán de trepar.

Ese tipo de antecedentes son parte de los hechos que están siendo revisado por Perivancich y su equipo. Según el profesor de derecho procesal penal de la Universidad Diego Portales Cristián Riego, uno de los posibles delitos que deberá ser investigado por el Ministerio Público es el tráfico de influencias. “De manera preliminar y viendo los hechos que hicieron que se abriera esta investigación se puede perfilar un tráfico de influencias. Ese tipo penal requiere que un funcionario público le pida a otro funcionario público un favor. Esto habrá que examinarlo en concreto durante el proceso, pero a priori puede configurarse ese ilícito, incluso sabiendo que la experiencia muestra que en este tipo de cosas no suele haber retribución monetaria ya que son cuestiones más bien de amistad o de favores que luego se retribuyen por otro lado”, dice Riego.

Por su parte, el penalista y exfiscal Carlos Gajardo cree que la “hipótesis en que esto podría ser delito, y por eso debe ser investigado, es que se acreditara algún tipo de pago de, por ejemplo, el funcionario público nombrado hacia quien ejerció la influencia. En ese caso uno podría entender que hay un delito de cohecho o algo semejante a eso”.

Gajardo explica que en general “el delito de tráfico de influencias está pensado sobre la base de que estas influencias se ejerzan para obtener una decisión en un contrato, negocio u operación”. Por eso es de la idea de que “en esa categoría no cabe un nombramiento judicial ya que la normativa exige que la persona que ejerce esa influencia tenga un interés económico o patrimonial”.

En esa línea, el expersecutor destaca que esto debería seguir un carril ético: “Estas conductas deben sancionarse sobre todo desde el ámbito de las investigaciones que se efectúen por la Corte de carácter disciplinario y debieran servir para modificar este sistema de nombramientos que es muy defectuoso; no favorece la meritocracia y favorece las influencias, el besamanos y el amiguismo”.

La Tercera consultó al equipo de Perivancich sobre los hechos que están siendo indagados y sobre la eventual calidad de imputado de Carroza, pero desde esa fiscalía no quisieron comentar la situación. Sin embargo, fuentes del Ministerio Público afirman que las gestiones de Carroza sí están siendo indagadas en el marco de la indagatoria abierta por instrucción de Valencia.

La causa además, según las mismas fuentes, está investigando la posible violación de secreto que efectuaron otros judiciales. Se trata del notario Francisco Leiva -hermano del diputado PS Raúl Leiva-, quien, en los mismos chats dados a conocer por Ciper, da señales de que le habría revelado al exministro Poblete extractos del cuaderno de remoción que se abrió en su contra y que terminó en su expulsión del Poder Judicial.

El caso de Carroza con el notario de Tierra Amarilla no solo está en sede penal, sino que también escaló al plano político. En la Cámara se vive un vendaval de acusaciones constitucionales en contra de magistrados de la Corte Suprema. Ya hay confirmados tres libelos en contra de supremos: uno contra Ángela Vivanco, otro contra Sergio Muñoz y un tercero contra Jean Pierre Matus. Sin embargo, la bancada RN está analizando presentar una cuarta acusación, justamente contra Carroza.

“Todos los ministros de la Corte Suprema que hayan estado involucrados en estos casos de corrupción y que transgredieron la independencia de los poderes del Estado, al hacer mal uso de su cargo y utilizarlo para el tráfico de influencias, deben ser acusados constitucionalmente. En el caso particular del ministro Carroza, hay antecedentes jurídicos de sobra que respaldan esta petición que hice a mi bancada para incluirlo en el libelo acusatorio que vamos a presentar. El señor Carroza ha sido un símbolo de reiteradas faltas a la probidad, donde utilizó sus influencias para privilegiar la nominación de ciertos notarios, lo que se habría repetido a nivel nacional y eso debe ser investigado”, afirma la diputada Camila Flores (RN), quien promueve este libelo acusatorio.

El ministro fue consultado este jueves por la opción que abrió la diputada Flores. “El Congreso, en este caso los diputados, tienen todo el derecho porque están usando sus facultades fiscalizadoras y me parece muy bien que ellos lo ejerzan”, aseguró en los pasillos del Palacio de Tribunales.

Esos no son los únicos flancos que enfrenta Carroza, el emblemático juez cuya carrera está marcada por la investigación de causas de violación a los derechos humanos cometidos por la dictadura y por su paso como presidente -en dos ocasiones- de la Asociación Nacional de Magistrados. El juez además enfrenta un proceso iniciado por sus propios pares ante la Comisión de Ética.

Carroza ya acudió ante la comisión que integran el presidente del máximo tribunal, Ricardo Blanco, y las ministras Gloria Ana Chevesich y Andrea Muñoz. La instancia a su vez también recibió el testimonio del ministro Ulloa. Fuentes judiciales comentan que el magistrado de la Corte de Santiago testificó de manera voluntaria y cumpliendo su “obligación como funcionario judicial”. En dicha declaración habría entregado mayores detalles sobre lo ocurrido con el nombramiento de notarios.

Con todos esos antecedentes, la comisión prontamente comenzará a redactar el informe del caso. En ese documento debería proponerse alguna sanción ética, en caso de que así se estime conveniente, y, eventualmente, se debería proponer al pleno la apertura de una investigación disciplinaria.