Mascarillas por millones y detectives privados: Las claves del escándalo que remece al PP en España

Muchos hablan de un punto de no retorno en el Partido Popular (PP): o Díaz Ayuso o Pablo Casado. La rivalidad que lleva meses desarrollándose tiene hoy a España en vilo, luego de que la presidenta de la Comunidad de Madrid acusase de espionaje a la dirección nacional de su propio partido. ¿El motivo? Se sospechaba de irregularidades en un contrato público de la Comunidad madrileña, en el que el hermano de la presidenta, Tomás Díaz Ayuso, habría cobrado una comisión.

Estas son las claves para comprender el escándalo que tiene en vilo a la oposición española:

Este domingo el PP ganó –como se esperaba– las elecciones regionales en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, pero a pesar de los twits y comunicados felicitándose, la sensación al interior de la colectividad liberal era de decepción. Se había ganado el primer lugar en la cámara castellanoleonesa, pero se estaba lejos de la mayoría absoluta por la cual el candidato a presidente regional, Alfonso Fernández Mañueco, había hecho campaña.

Para peor, Vox, el partido de extrema derecha, ganó este domingo los escaños que le faltaban al PP, poniendo a los conservadores en una disputa interna: aliarse con Vox para gobernar en Castilla y León, o darles la espalda y buscar los diez escaños restantes con los partidos regionalistas.

Precisamente lo de negociar o no con Vox separa a Isabel Díaz Ayuso de Pablo Casado: mientras la primera se ha mostrado dispuesta a negociar con el partido de Santiago Abascal, el segundo teme que una decisión como esa ahuyente al centro y sentencie al PP en las elecciones generales.

Díaz Ayuso y Casado se conocieron hace casi veinte años en las “Nuevas Generaciones” del Partido Popular, y en medio de un trato cordial, cada quien siguió su camino: Pablo Casado terminó siendo el presidente de la colectividad luego de la renuncia de Mariano Rajoy debido a los resultados de las elecciones generales de 2019. En tanto, Isabel Díaz Ayuso fue electa en 2019 como Presidenta de la Comunidad de Madrid, y en 2021 arrasó en la reiteración de esos comicios, permitiéndole perfilarse como una líder de primer orden dentro del PP.

Desde la presidencia de Madrid, Ayuso fue de las principales críticas al gobierno del PSOE y Pedro Sánchez: frente a las restricciones del gobierno nacional impuestas por la pandemia, Ayuso tomó decisiones de apertura que muchas veces sus mismos colegionarios criticaron. En tanto, Casado comenzó a ver amenazada su posición como líder de la oposición contra el ejecutivo.

Tres días después de las elecciones de Castilla y León, Isabel Díaz Ayuso acusó públicamente a la Dirección Nacional del Partido Popular –el bando de Pablo Casado– de haber contactado con una agencia de detectives. El fin de este contacto habría sido investigarla a ella y especialmente a su hermano, Tomás Díaz Ayuso, y así saber si habría cobrado una comisión por un contrato concedido por la Comunidad madrileña para la adquisición de mascarillas.

Durante las primeras horas, la polémica se centro en el espionaje más que en el contrato: según notificaron los medios El Mundo y El Confidencial, en diciembre la Dirección Nacional del PP había advertido a Díaz Ayuso, diciendo que tuviera cuidado con la legalidad del contrato de su hermano. Dos meses después, un funcionario del Ayuntamiento de Madrid contactó con una firma de detectives para hacer la investigación al entorno familiar. Como en el juego del teléfono, el dueño de la empresa de detectives le contó el encargo a un exministro de Rajoy, y este exministro a la presidenta de la Comunidad Madrileña.

Con esto, Díaz Ayuso tenía la bomba en su mano, lista para lanzarla en cualquier momento. Este miércoles acusó a la cúpula del PP de un montaje para destruirla políticamente, y entre acusaciones, polémicas y comunicados, terminó renunciando Ángel Carromero, un funcionario dentro del Ayuntamiento de Madrid, presuntamente relacionado con el espionaje.

Pero si el tema de los detectives no terminaba con eso, aún quedaba abierto el flanco del contrato, y los colaboradores de Casado en la dirección nacional del partido confirmaron que desde octubre están investigando el contrato del hermano de Díaz Ayuso, que se habría cifrado por 1 millón y medio de euros durante los peores meses de la pandemia. El problema no serían las mascarillas, sino la comisión cobrada por Tomás Díaz Ayuso, que según sus acusadores dentro del partido ascendía a 283 mil euros. Se trata, en específico, de dos contratos: uno que habría sido asignado a dedo a un amigo de la familia Ayuso Díaz, y otro de carácter público, el del millón y medio de euros por 250 mil mascarillas.

Este viernes, la presidenta de la Comunidad de Madrid emitió un comunicado en el que explicó y reconoció que su hermano cobró, no el monto indicado por el PP, sino 55.5850 euros más IVA, por el contrato de las mascarillas. Eso sí, niega que sea una comisión, sino más bien “una contraprestación por su trabajo”.

Ayuso acusó a la dirección de actuar de un modo “cruel e injusto” con ella, urdiendo una campaña de desprestigio contra ella. Asimismo, indicó que el mismo Pablo Casado le había dicho hace meses que ese acuerdo podía ser ilegal, y que esa información la había obtenido desde el Gobierno Central. “Es muy doloroso que dirigentes de tu partido te quieran destruir”, señaló la presidenta de la Comunidad Madrileña.

Por su parte, Casado y sus colaboradores de la dirección nacional del PP anunciaron un expediente con dos fines: sancionar las “acusaciones gravísimas, casi delictivas”, contra el líder del partido y su cúpula, y terminar la investigación sobre las supuestas irregularidades en los contratos del hermano.

Siendo estos problemas concernientes a la oposición, el gobierno de Sánchez decidió mantenerse al margen. Para referirse a la guerra en el PP, la portavoz del ejecutivo español, Isabel Rodríguez, declaró hoy: “Si el Gobierno hubiera tenido cualquier conocimiento de carácter delictivo, lo hubiese puesto en conocimento de la Fiscalía y la justicia. Tiene que aclararse el fondo de la cuestión. Que no nos usen, que no nos metan en su lío. El Gobierno aquí no tiene nada que ver. Que no nos usen como coartada”.