Materiales más baratos y compras a empresas de su propio director: los cuestionados convenios de Arquiduc y el Minvu durante el gobierno de Piñera

La mañana del 4 de abril pasado, dos meses antes de que estallara el caso Democracia Viva y la atención del país se volcara hacia los convenios con fundaciones, una reunión copó la agenda del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de la Región de O’Higgins.

Eran las 11:00 de la mañana y en las oficinas ubicadas en Rancagua, Roxana Leal, encargada de Asentamientos Precarios en la región, recibió a Carlos Acuña Arévalo (47), director de la fundación Arquiduc, exmilitante de Renovación Nacional y exfuncionario del Gobierno Regional de O’Higgins y del Servicio Local de Educación durante los gobiernos de Sebastián Piñera.

Al encuentro, del cual quedó un acta como registro, la nueva administración del Serviu citó a Acuña para ver la situación de dos convenios por los que Arquiduc, una fundación dedicada al rubro de la educación, recibió $ 121.802.032 en junio y julio de 2021, cuando Manuel Alfaro Goldberg (Independiente cercano a Evópoli) era director del Serviu.

El primero de ellos, denominado “Programa de intervención educativa para el autocuidado de familias de campamentos”, buscaba capacitar a los habitantes de 12 campamentos de la región para reconocer y mitigar situaciones de emergencia como incendios. Con un costo total de $ 56 millones y un plazo de ejecución de 12 meses, también se les entregarían “kits de emergencia” a cada asentamiento, entre los que se incluía un extintor de 50 kilos.

El segundo convenio llamado de “habitabilidad primaria” consistía en instalar un total de 92 luminarias solares en las calles de seis campamentos de la región, los que no cuentan con iluminación pública y cuyos habitantes viven “colgados” a la luz. En este caso, el costo sería de $ 65 millones por un plazo de seis meses.

Pero algo andaba mal. “Carlos Acuña explica las complicaciones en la ejecución de los convenios debido a la distancia y cambio de profesionales en terreno, que impidieron la ejecución al 100%”, se lee en el acta de la cita de abril. Con el plazo de los convenios vencido hace meses, Arquiduc había entregado sólo algunas de las rendiciones que mensualmente debía hacer llegar al Serviu detallando en qué habían usado los dineros públicos.

Días más tarde, personal del Serviu fue a ver las obras en terreno, donde aparecieron las sorpresas. Instalados en medio de la humedad y el barro de los campamentos, los postes de las luminarias ya estaban oxidados. Pese a que se había pagado por acero galvanizado, material que resiste la corrosión, Arquiduc había usado fierro, que cuesta menos de la mitad. Además, muchos de los vecinos tuvieron que hacer los hoyos e instalar ellos mismos los postes.

Pero lo más grave, a juicio del Serviu, era que Arquiduc había comprado los materiales a una empresa que era propiedad de su mismo director, Carlos Acuña. Así quedó en evidencia en la factura electrónica N°43 emitida el 28 de febrero de 2022, a días del cambio de gobierno, por “Sociedad Abbott Acuña y Compañía Limitada”. En ella le vende a la fundación Arquiduc 92 luminarias solares y 92 “postes galvanizados”, y no de fierro, por un total de $41 millones.

Por ello, el 14 de julio pasado el Serviu de O’Higgins notificó a Arquiduc que debe devolver la totalidad de los $ 121 millones que recibieron por los dos convenios a más tardar el 28 de julio próximo. De esta manera, la fundación cercana a la centro derecha se convirtió en la segunda institución a la que se le pide restituir los dineros, tras Democracia Viva. A ellas, se sumó fundación EnRed, la que deberá devolver los recursos que recibió por convenios en Valparaíso.

Además, la autoridad local presentó una querella por los delitos de negociación incompatible y tráfico de influencias. Se trata de la única acción judicial presentada por el gobierno en todo Chile en medio del caso fundaciones, aunque un 78% de los convenios cuestionados de seremis se suscribieron durante este gobierno.

“Entendemos que se trata más de un efecto psicológico que real. Nosotros no somos parte de las instituciones que recibieron dinero y que ahora tienen que explicar qué hicieron con él. Nuestro trabajo es medible, está a la vista de las personas y hay total trazabilidad de los recursos entregados”, respondieron desde Arquiduc.

Ubicado al norte del río Cachapoal, a un costado de la ex Ruta 5 Sur en la comuna de Rancagua, está el campamento Ribera del Río, uno de los seis asentamientos beneficiados por el proyecto de luminarias a cargo de la fundación Arquiduc.

Entre sus calles -llenas de pozas de agua y barro, producto de las últimas lluvias- viven alrededor de 180 familias, muchas de las cuales se dedican a la extracción de áridos del mismo río. Se trata de un terreno que desde hace 40 años es usado como campamento. Allí, frente a un depósito de chatarra, vive María Isabel Cifuentes (52).

“A la gente de la fundación la conocí por intermedio de la olla común que estábamos haciendo aquí en el campamento por el Covid. Ahí llegaron ellos, se presentaron y dijeron que querían hacer una reunión con la presidenta, que era yo. Ofrecieron postes de luz, alumbrado público, dijeron”, relata Cifuentes sobre la llegada de Arquiduc.

“Ya, les dijimos, sería genial porque aquí la oscuridad es mucha en la noche. Después vino un caballero y dijo ‘hagan hoyos cada 20 metros’, y cada vecino hizo el hoyo como pudo. Algunos pagaron por una máquina para sacar la tierra, pero la mayoría lo hizo a picota y pala”, complementa María Isabel, quien desconocía que Arquiduc recibió los recursos para comprar, instalar y dejar funcionando cada una de las luminarias.

Una prueba de ello quedó en una de las rendiciones que la fundación presentó al Serviu, a las que La Tercera tuvo acceso. En el documento que da cuenta de las actividades ejecutadas en noviembre de 2021, en al menos tres casos quedó registrado que “se conversa con algunos integrantes del campamento indicándoles que se les solicitará colaboración para la realización de excavaciones”.

“Después ellos trajeron un saco de cemento por poste, que era como para dos o tres carretillas, pero después un saco lo dividieron para dos casas, para dos postes, el resto lo rellenaron con piedras y tierra”, asegura Cifuentes.

Juan Machuca, otro de los vecinos del campamento, recuerda que él mismo tuvo que mezclar el cemento e instalar algunos de los postes. “Vinieron, me dejaron el poste, un saco de cemento y el foco. Me acuerdo que hasta tuve que conseguir una herramienta para atornillar la luz arriba del poste”, afirma. Hoy muestra con decepción cómo el foco solar que está fuera de su mediagua no funciona.

Pero desde Arquiduc aseguran que eso ocurrió sólo con ocho postes que sobraron según el proyecto original, y que fueron regalados a los vecinos del campamento.

Sobre el material de los postes, los vecinos dicen que no tenían idea que debían ser de acero galvanizado para evitar su oxidación. “Llegaron y trajeron estos postes, no nos dijeron nada más y uno teniendo luz lo recibió contento. Es malo el material, yo creo que van a durar unos tres o cuatro años y se van a quebrar con tanta humedad, pero uno no sabía que tenía que ser así”, concluye María Isabel Cifuentes.

De acuerdo a la inspección en terreno realizada por el Serviu de O’Higgins el 18 de abril pasado, “se instalaron postes de fierro de 4 mm de espesor por 4 metros de alto, directamente sobre fundaciones de hormigón preparadas in situ, en detrimento de lo ofrecido en el presupuesto y en el convenio, donde se indica que se instalarían postes de 6 metros (de altura) por 4 pulgadas galvanizado más canastillo de anclaje”.

En el mercado, un poste de fierro similar al instalado por Arquiduc tiene un valor aproximado de $ 70 mil, mientras que el poste de acero galvanizado que se debía instalar ronda los $ 250 mil. Por ello, y pese a que parte de los recursos sí fueron gastados en luminarias, el Serviu pidió a Arquiduc devolver la totalidad de los dineros por no cumplir con los plazos del convenio y porque “las obras no cumplen con el estándar técnico solicitado”.

Pero desde Arquiduc se defienden y aseguran que ese mismo 18 de abril se les entregaron actas de finalización del proyecto en las que nada se dice de la materialidad de los postes. Por ejemplo, para el caso del campamento Río Peuco de San Francisco de Mostazal, se lee que “se recepcionan 23 luminarias solares en óptimas condiciones”. Mientras que en el asentamiento Villa María de la comuna de Requinoa, se dejó por escrito que “se verificó la instalación de 11 luminarias conforme al proyecto realizado”.

“Hemos entregado rendiciones al ministerio desde el 2021 y nunca nos han respondido nada. Hasta ahora”, cuestionan desde la fundación, la que ya ingresó un recurso de apelación para evitar tener que devolver todos los dineros recibidos por los convenios.

Un megáfono recargable, dos linternas, una radio a pilas, tres silbatos, una pala y un extintor de 50 kg. Eso es parte del “kit de emergencia” que Arquiduc entregó en 12 campamentos de la región de O’Higgins como parte del convenio “campamento preparado” por el que recibió $ 56 millones.

En parte de las rendiciones que la fundación asegura haber entregado al Serviu en enero y febrero de 2022, se muestran una serie de fotografías en las que se ve a los habitantes de los asentamientos con los implementos de seguridad. Además, existen actas en las que los vecinos aseguran haber recibido los kits y participado de charlas informativas para identificar los riesgos de su campamento.

Pero en marzo de 2022, y a cinco meses de iniciada la ejecución del convenio, Arquiduc dejó de presentar las rendiciones de cuentas que debía entregar a lo largo de un año. Desde la fundación reconocen que no realizaron el 100% de las labores comprometidas en el acuerdo, pero no sinceran cuál fue el real avance del proyecto. “Estamos 100% disponibles para atender las consultas que se nos estime pertinente hacer sobre nuestras actividades y servicios”, señalaron por escrito.

Al mismo tiempo, aseguran que durante la administración de Sebastián Piñera, el Serviu de O’Higgins sí aceptó algunas rendiciones presentadas, como ocurrió con los meses de julio, agosto y septiembre de 2021, lo que consta en dos informes técnicos firmados por la encargada de Asentamientos Precarios, Roxana Leal. Se trata de la misma funcionaria que citó a Carlos Acuña a rendir cuentas del proyecto en abril pasado.

“En base a la información contenida en el informe mensual de actividades presentado por la fundación Arquiduc respecto de las acciones realizadas el mes de julio, se puede comentar que estas se encuentran correctamente ejecutadas”, se lee en uno de los informes.

Pero ahora, tras el escándalo de Democracia Viva y otras decenas de fundaciones que están siendo investigadas por el Ministerio Público a lo largo del país, aparecieron una serie de antecedentes que no habrían sido detectados antes en las rendiciones de gastos presentadas.

Se trata de facturas de las empresas “Deportes San Agustín SpA” y “Sociedad Abbott Acuña y Compañía Limitada” con las que Arquiduc justificó parte de los gastos realizados. Ambas firmas son propiedad de Carlos Acuña Arévalo, director ejecutivo de Arquiduc, quien se compró a sí mismo los materiales.

Por ejemplo, Arquiduc rindió dos facturas de “Deportes San Agustín” por casi $ 900 mil por materiales de oficina y didácticos, y otras dos facturas de Abbott y Acuña por $ 600 mil por “traslado de trabajadores”. Lo mismo, pero con monto muy superiores, ocurrió en el convenio de las luminarias solares, donde Arquiduc compró a Abbott y Acuña 92 focos led y 92 postes galvanizados por $ 41 millones.

En Valparaíso, donde Arquiduc también firmó un convenio por $ 100 millones en diciembre de 2020 para intervenir 13 campamentos, la situación es similar. La Tercera accedió a las rendiciones de la fundación ante el Serviu de la zona y pudo comprobar que se rindieron al menos cinco facturas de Deportes San Agustín por casi $ 6 millones para “materiales de oficina”, “material fungible”, y otra factura de Abbott y Acuña por $ 2.794.000 bajo el ítem “diseño y planificación y visitas a terreno”. Todas, empresas de Carlos Acuña, director de Arquiduc.

Pero el antecedente que activó la ofensiva judicial del Serviu de O’Higgins en contra de los convenios, fue la supuesta negociación incompatible y tráfico de influencias del que se acusa al exdirector de la entidad, Manuel Alfaro y a su asesor técnico, Gustavo Villalobos, ambos cercanos a partidos del gobierno anterior.

De acuerdo a la querella presentada por el Serviu el 2 de agosto pasado, Alfaro, quien se declara como independiente cercano a Evópoli y llegó al Serviu por Alta Dirección Pública tras 20 años de trabajo en el Ministerio de Defensa, habría conocido en Valparaíso el trabajo de la fundación de Carlos Acuña, militante de Renovación Nacional hasta marzo de 2020.

Decidido a llevar a Arquiduc a su región, tuvo los primeros acercamientos con la entidad en marzo de 2021, fecha en la que la fundación presentó su primera propuesta técnica formal. Fue en medio de ese proceso de revisión de antecedentes, cuando al interior del Serviu se detectó que Gustavo Villalobos, el asesor técnico de Alfaro, era miembro del directorio de Arquiduc.

Por ello, el 7 de abril de 2021 Villalobos notificó por escrito a Alfaro que “he tomado conocimiento, de manera informal, de que eventualmente, el Serviu y la Seremi de Vivienda de O’Higgins, a través del programa de asentamientos precarios, suscribirán un convenio de colaboración con la Fundación Arquiduc”.

En la carta, Villalobos agregó que “pertenezco a dicha institución desde el mes de junio del año 2018, meses antes de ingresar a trabajar al Serviu O’Higgins, y mi motivación de apoyar su existencia, se basa en la acción filantrópica de aportar desinteresadamente, con mi experiencia y conocimientos en infraestructura escolar para mejorar y potenciar la educación de los niños de nuestro país”.

Si bien los convenios cuestionados se firmaron en junio y julio de 2021, luego de que Villalobos se inhabilitó de participar en el proceso, para la actual administración del Serviu, “no obstante aquella declaración de abstención, en aquella época ya se encontraba todo zanjado en lo que respecta a funciones, presupuestos, plazos, etc., vale decir, ya se había formado el consentimiento según las normas del derecho civil”, se lee en la querella presentada.

Por escrito, Manuel Alfaro respondió a La Tercera que Gustavo Villalobos “tenía un cargo técnico al interior del Serviu de O’Higgins, sin injerencia en la aprobación y ejecución del convenio”. Pese a ello, el exdirector del Serviu señaló que “el Sr. Villalobos se inhabilitó y abstuvo de participar en todo el proceso vinculado al convenio suscrito entre el Seremi de Vivienda, el Serviu y Arquiduc de forma previa a la suscripción del mismo”.

Sobre los cuestionamientos a la falta de supervisión de los proyectos ejecutados por Arquiduc, entre ellos el uso de materiales de menor calidad, más baratos y la compra de insumos a empresas del mismo director de la fundación, Alfaro se limitó a señalar que “el inicio efectivo de la ejecución de las obras comenzó recién a principios del año 2022. Por lo tanto, su revisión, fiscalización y supervisión ha correspondido a la directiva del Serviu designada bajo la actual administración”.

Gustavo Villalobos no contestó ni las llamadas ni los mensajes enviados para este reportaje.