A las 18 horas de este martes, en las inmediaciones del Plaza Baquedano-Dignidad, estaban convocadas distintas organizaciones de liberación homosexual para manifestarse ante la reforma que permitirá en Chile el matrimonio entre parejas del mismo sexo.

Sin embargo, las celebraciones quedaron en suspenso, pues la Comisión de Constitución del Senado propuso a la Sala enviar la iniciativa a una comisión mixta debido a discrepancias con las últimas correcciones que hizo la Cámara. La propuesta fue acogida, por lo tanto, la eventual aprobación de la ley quedó pospuesta para el próximo martes.

Presentada en septiembre de 2017, en la recta final del gobierno de Michelle Bachelet y luego reactivada por la administración de Sebastián Piñera, en junio pasado, la historia detrás de la eventual Ley de Matrimonio Igualitario es más larga y se remonta a 2010, cuando el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) inició una ofensiva mediática y judicial que incluso llevaría a presentar una demanda ante organismos internacionales.

El 23 de septiembre de 2010, tres parejas homosexuales concurrieron a la oficina central del Servicio de Registro Civil de Santiago con el fin de pedir una cita para casarse. Uno de los protagonistas fue César Peralta Wetzel, quien con su pareja de entonces, Hans Arias, buscaban contraer matrimonio.

En la misma fecha, también se presentaron Víctor Arce y José Miguel Lillo, quienes se habían casado en Argentina y pretendían legalizar su relación en Chile. Lo mismo buscaban Stephane Abran y Jorge Monardes, que habían celebrado su matrimonio igualitario en Canadá.

Esta acción mediática había sido coordinada por el Movilh, que tras la negativa de parte de los funcionarios del Registro Civil a realizar la ceremonia, asesoró a estas tres parejas para que presentaran recursos de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago. El caso fue derivado al Tribunal Constitucional y luego recayó en manos de la Corte Suprema, que ratificó que no había espacio legal para el matrimonio igualitario en Chile.

Con ese antecedente, las parejas -asesoradas por los abogados Ciro Colombara, Branislav Marelic y Hunter T. Carter- hicieron una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CDIH), en mayo de 2012, que acogió su reclamo y obligó al gobierno chileno a negociar ante una inminente sentencia adversa.

El expediente ante la CIDH fue rotulado como el caso Peralta Wetzel y otros, debido a que él tomó un rol protagónico en la presentación internacional.

César Peralta relata que ya no está emparejado con quien inició este proceso y comenta que hoy vive desde hace ocho años con otra persona. Aun así, dice que sigue empujando la demanda para que el Estado chileno cumpla su compromiso y se abra a legislar sobre el matrimonio igualitario. “Obviamente esta demanda no se hizo de manera exclusivamente personal. Se hizo por toda la comunidad”, señala.

Agrega que históricamente las demandas de la comunidad LGTB han sido usadas políticamente, ya sea por la entonces Concertación, el gobierno de Bachelet y ahora por la centroderecha con Sebastián Piñera. “Aunque los gobiernos siempre se suben al final de sus períodos para ganar algunos votos, el resultado es una lucha de toda una comunidad”, sostiene.

Desde la concurrencia a las oficinas del Registro Civil y el posterior proceso judicial en Chile y el extranjero, la ofensiva fue coordinada por el Movilh, que históricamente ha sido liderado por Rolando Jiménez.

De hecho, el Movilh fue inscrito como parte peticionaria ante la CIDH, junto a las tres parejas demandantes.

Por ello, esta organización fue parte de las negociaciones con el gobierno de Bachelet, que partieron en 2014 y que culminaron en un “Acuerdo de Solución Amistosa” en junio de 2016. Ese compromiso, sin embargo, demoró más de un año en ver la luz a través de un proyecto de ley, a pesar de que dentro del comité político de la entonces Presidenta había ministros(as) que eran partidarios(as) de legislar.

Para Jiménez, este tema ha sido una causa de años. Ayer y hoy sostuvo conversaciones telefónicas con diputados y senadores, incluso con la presidenta del Senado, Ximena Rincón (DC).

Crítico del papel que jugaron las administraciones de Bachelet y de Piñera, al menos en sus primeros años, dice que el proyecto “estuvo parado tres años y medio en la Comisión de Constitución del Senado, en un retraso inexplicable”, y apunta a la “porfía” de la expresidenta, ya que no quiso ingresar esta reforma por la Cámara de Diputados, donde aparentemente había menos resistencia.

A juicio de César Peralta, Jiménez puede tener “seguidores y detractores”, pero su rol en este proyecto y en otras causas lo ha transformado en un “ícono” del movimiento homosexual.

Aunque las fuerzas políticas que integraron la Concertación y la Nueva Mayoría hoy están respaldando esta reforma, cuando el debate se inició en 2010, a partir de las acciones del Movilh, había cierta resistencia en ese conglomerado.

Por ejemplo, el programa del segundo gobierno de Bachelet, para el período 2014-2018, no se comprometía directamente a enviar una iniciativa y señalaba que antes debía realizarse “un debate abierto, con participación amplia”.

Dentro del PS, uno de los que tenían dudas era el entonces presidente del partido y diputado Osvaldo Andrade, quien lideró su colectividad entre 2010 y 2015.

“No estoy de acuerdo con el matrimonio igualitario. La sociedad chilena todavía no está preparada para asumir una propuesta de esa naturaleza”, dijo Andrade en 2010, postura que reiteró en 2013, lo que le valió críticas tanto del Movilh como de la Fundación Iguales.

Algunos recuerdan que en 2014 un grupo transversal de diputados -entre ellos los DC Víctor Torres, Matías Walker, Gabriel Silber, Roberto León y Aldo Cornejo; los PPD Daniel Farcas y Marco Antonio Núñez; el RN Joaquín Godoy, el PC Hugo Gutiérrez y el liberal Vlado Mirosevic- presentaron una moción para permitir el casamiento entre parejas del mismo sexo. Sin embargo, la propuesta no tuvo ningún avance.

Según algunos autores de esa moción, Andrade, quien presidió la Cámara entre 2016 y 2017, mantuvo hasta el final sus reparos.

Sin embargo, cuando el proyecto de Bachelet llegó al Senado, en septiembre de 2017, el ambiente en esa corporación tampoco era el propicio.

La Nueva Mayoría, conglomerado que apoyó a la Presidenta en su segundo mandato, estaba en proceso de desintegración. El PS había optado por Alejandro Guillier como presidenciable, en desmedro de Ricardo Lagos Escobar, y la DC había decidido llevar una carta propia: la senadora Carolina Goic.

Del punto de vista electoral, el avance de esta reforma complicaba particularmente a Goic, pues dividía a sus simpatizantes.

Entonces, el presidente del Senado, Andrés Zaldívar (DC), fue clave en el congelamiento en el que cayó el proyecto.

“Es un tema que es complejo en su discusión, tanto como el aborto, requiere un tratamiento delicado, porque hay que respetar las posiciones que va a haber, posiciones absolutamente contradictorias”, dijo el entonces senador falangista en Radio Cooperativa, el 28 de agosto de 2017, días antes de que la iniciativa ingresara por la Cámara Alta.

En esa ocasión abogó para que el Ejecutivo de Bachelet no le pusiera presión al Congreso. “Personalmente, no veo por qué haya que ponerle urgencia. Es un tema que requiere una discusión delicada con respeto a los pensamientos de distintos sectores”, indicó Zaldívar.

La exigencia de la DC fue recogida. De hecho, al matrimonio igualitario recién se le puso algún tipo de urgencia en la actual administración de Piñera.

Piñera, por su parte, en la campaña de 2017 se mostró contrario a legislar. Si bien en su anterior administración apoyó la unión civil, el tema le había traído costos políticos. De hecho, José Antonio Kast era diputado UDI y lideró una rebelión contra esa iniciativa con letreros de signo “Pare”

Por ello, en los inicios del segundo gobierno del Presidente no era un tema fácil de discutir. Así, la oposición al matrimonio igualitario fue liderada particularmente por el entonces ministro del Interior Andrés Chadwick, ya que los otros miembros del comité político eran de pensamiento más liberal y tenían una posición favorable.

Si bien en sus años como senador, Chadwick, junto a Andrés Allamand (RN), había sido uno de los autores de la unión civil que posteriormente sería patrocinada por el gobierno, creía que ese tipo de contrato social bastaba, por lo que no era partidario de legislar sobre matrimonio igualitario.

Incluso, en 2011 presentó una reforma constitucional junto a Pablo Longueira (UDI) para consagrar que el matrimonio quedara relegado exclusivamente a un hombre y una mujer. No obstante, esa moción fue retirada, ya que suponía que la Carta Fundamental dejaba abierta la posibilidad de que el matrimonio sí podía extenderse a parejas del mismo sexo.

Al asumir en el segundo gobierno de Piñera, en marzo de 2018, Chadwick remarcó la distancia de la actual administración con el proyecto de Bachelet.

“Hemos señalado que somos partidarios del matrimonio heterosexual y somos partidarios, como ya ocurre y queremos perfeccionar, del Acuerdo de Vida en Pareja, que establece la institución de convivencia, regulada y legal, con sus derechos y sus deberes, y con la dignidad correspondiente, a aquellas personas del mismo sexo que quieran contraer un compromiso legal”, sostuvo en septiembre de 2019, cuando el entonces presidente del Senado, Jaime Quintana, intentó reactivar el debate.

No obstante, la salida de Chadwick del gabinete fue un factor que habría pesado en el cambio de pensamiento que tuvo posteriormente el Mandatario.

Un paso clave para reactivar el proyecto, que llevaba años entrampado sin movimientos en el Senado, fue la decisión de Piñera de apoyar esta reforma.

El sorpresivo anuncio lo realizó el Mandatario en su última cuenta pública del 1 de junio, generando el malestar de parlamentarios de la UDI y desacomodando, incluso, al jefe de asesores presidenciales, Cristián Larroulet, pues la medida no estaba en el borrador del discurso. Este último se enteró, literalmente, por la prensa.

Para dar el paso, Piñera consultó a sus ministros del comité político, que a diferencia de inicios de su mandato, apoyaban unánimente la idea del matrimonio igualitario.

Sin embargo, una de las personas que más influyeron en la decisión presidencial fue Benjamín Salas Kantor, abogado y exasesor de relaciones exteriores del Mandatario, quien desde que trabajaba en La Moneda monitoreaba la presión internacional por este proyecto, que había surgido de un compromiso adquirido por Bachelet ante la CIDH.

Además, Salas (hijo de la exministra Pauline Kantor), junto a la jefa de gabinete de Piñera, Magdalena Díaz, eran parte de un ala más liberal dentro del Segundo Piso de La Moneda, por lo que algunas fuentes de Palacio confirman que fue clave en el sorpresivo anuncio de Piñera.