Mauricio Duce e imputados en prisión preventiva de la crisis social: “El sistema penal se ha comportado con los mismos parámetros previos al 18-O”

Un proyecto de ley, presentado por un grupo de senadores de oposición, llevó a la sede legislativa un tema que ha sido levantado por algunos usuarios de redes sociales y ha aparecido en las últimas convocatorias de manifestaciones. La iniciativa pretende indultar a todos los imputados por delitos vinculados al 18 de octubre. La moción forma parte del debate, iniciado por ciertos sectores, que plantean que se ha hecho un uso abusivo de esta medida cautelar. El asunto ya ha sido estudiado, preliminarmente, por la Dirección de Estudios de la Corte Suprema.

Así, en un informe publicado el año pasado concluyeron, entre otras cosas, que de las 1.509 solicitudes de prisión preventiva realizadas entre el 18 de octubre y 7 de noviembre, 280 fueron rechazadas. Esto equivale a un 18,6%. El porcentaje supera levemente el rechazo registrado durante 2018, cuando en promedio se negó el 13,9% de las solicitudes de prisión preventiva.

El abogado y académico de la Universidad Diego Portales, Mauricio Duce, lleva años investigando el sistema penal y, en específico, la aplicación de la prisión preventiva. En medio del debate por indultar o no a imputados detenidos por diversos delitos relacionados a la crisis social, en conversación con La Tercera PM, Duce retrocede varios años en su análisis y dice que para dar una discusión a fondo el primer paso es entender lo que se quiso cambiar con la Reforma Procesal Penal y qué fue lo que pasó con esa modificación en las décadas siguientes. En ese marco, el académico advierte que el sistema ha ido “retrocediendo” y que paulatinamente se ha ido cultivando ”un problema muy grande”.

¿Cuál fue el objetivo de la reforma?

Racionalizar el uso de la prisión preventiva. Durante toda la vigencia del sistema inquisitivo, el porcentaje mayoritario de los que estaban en cárcel estaba en prisión preventiva y el minoritario eran personas condenadas.

¿Qué se quiso cambiar?

Se intentó instalar un modelo que se denomina cautelar, es decir, comprender la prisión preventiva como una excepción. En 2007 un 22% de las personas en la cárcel estaban cumpliendo prisión preventiva y el otro 77% estaba condenado. Hoy día un 35% de las personas están presas en prisión preventiva.

¿Por qué aumentó?

Tan pronto comenzó a funcionar la reforma vino toda una línea de contrarreforma impulsada por todos los sectores políticos. Así fue como se empezaron a hacer reformas que volvieron un poco el modelo hacia la lógica antigua de entender la prisión preventiva como una consecuencia automática. Para los delitos más graves que tienen pena de crimen, el legislador aceitó el sistema para que esas personas cayeran bastante automáticamente en prisión preventiva.

¿Cuál fue la consecuencia?

Estas reformas, sumado a la presión pública y al deterioro de la calidad de trabajo del sistema, hizo que hoy día por regla general los delitos de pena de crimen tienden a quedar muy automáticamente en prisión preventiva con poca discusión. En segundo lugar, delitos que eventualmente no son de crimen pero que tienen alta connotación pública y generan escándalo, también van a quedar normalmente en prisión preventiva porque son pocos los jueces que en un escenario de mucha presión pública tienen la suficiente independencia para decir que no. Si la niegan, tienen una alta probabilidad de que eso sea revertido por la Corte de Apelaciones. Y, obviamente, si tienes el combo de un delito de gravedad con harta connotación pública es bien automático que va a quedar en prisión preventiva.

¿Cuáles han sido los efectos?

La Defensoría Penal Pública viene documentando hace bastante tiempo que todos los años estamos con cerca de tres mil personas que estuvieron en prisión preventiva y que luego no son condenadas.

Ahora, yendo al debate actual, ¿cómo ha visto el uso de las prisiones preventivas en los casos asociados al 18-O?

Existe una enorme dificultad para pronunciarse en esto, porque no hay plena claridad de cuáles son las causas que se generaron producto del estallido. En esto ninguna institución lo ha podido esclarecer con mucho detalle. Lo que muestra una primera imagen es que, en términos generales, el sistema penal se ha comportado con los mismos parámetros previos al 18-O. Es decir, el porcentaje de gente en delitos cometidos en este periodo que ha quedado en prisión preventiva es similar al porcentaje de gente que quedaba, previamente a esto, en prisión preventiva. En general las personas que tienen mayor probabilidad de quedar en prisión preventiva son aquellas que se les ha imputado, en el contexto del estallido, los delitos más graves, como lo son los vinculados a incendios y al porte y tenencia de armas.

Algunos sectores políticos comentan que el sistema ha sido especialmente duro.

En principio el sistema se ha venido comportando de una manera similar. No es que haya apretado o soltado la mano.

¿Qué le parece la consigna de que estos imputados serían presos políticos?

A nivel técnico, el mensaje “todos son presos políticos” es una etiqueta que se tiene que ver caso a caso. Probablemente vamos a encontrar algunos casos que nos escandalizarán, pero también vamos a encontrar muchas prisiones preventivas que son razonables y lógicas, porque hay delitos muy graves. Me parece que la única posibilidad de enfrentar seriamente estos casos es hacerlo uno a uno, dejando de lado las etiquetas.

¿Entonces este no sería un problema que surge por el estallido social?

Estos problemas del estallido son reflejo de problemas más persistentes que vienen de antes y que requieren una solución estructural, global y un debate más en serio. Mi temor sería que demos una solución particular a un problema genérico que se va a seguir produciendo y que, de paso, se legitime nuevamente el tipo de política criminal inadecuada de los últimos 10 años.

En esta discusión se ha planteado también que los jueces han sido más duros en estos casos.

Esto también viene de antes del estallido. Hay jueces que se toman mucho más en serio la Constitución y los tratados internacionales y están dispuestos a hacer un escrutinio más estricto para determinar cuándo es necesario la prisión preventiva siguiendo el espíritu original de la reforma. Pero hay jueces en el otro extremo que son quienes tienden a operar con mayor automatismo y a interpretar la ley de una forma que permite un uso más automático de la prisión preventiva. Y esto se tiene de antes, es un problema estructural general del sistema. Hoy día las cifras muestran que nueve de cada 10 solicitudes de prisión preventiva se aceptan y el 87% se gana ante el juzgado de garantía. Del resto, los fiscales apelan como en un 5% y de esas que apelan, ganan más o menos la mitad. Entonces, viendo los números gruesos, tienes un 87% que ganaste en garantía, un 3% que ganaste en apelaciones y ahí está el 90%. Ese es el comportamiento más o menos estable del sistema.

¿Qué opina del proyecto de ley de indulto?

En lo técnico, el proyecto hace distinciones muy gruesas y están metiendo bajo una misma etiqueta cuestiones que son completamente diferentes. Un proyecto de este impacto requiere un fundamento mucho más sólido de evidencia que, hasta donde yo conozco hoy día, no disponemos. Y al contrario, la evidencia con la que sí disponemos tiende a mostrar que el sistema se está comportando como lo hacía antes del 18 de octubre.