Maya Fernández, en medio del Ejército y Cultura: el flanco que abrió en Defensa la decisión de declarar un regimiento como sitio de memoria por los 50 años del Golpe

El Batallón de Infantería N°1 “Atacama”, la compañía de morteros, las tres compañías de fusileros y la dotación de Plana Mayor y Logística. Todas estas unidades componen el Regimiento N°23 de Copiapó, donde actualmente están apostados entre 300 y 500 efectivos del Ejército, quienes cumplen -entre otras cosas- labores de apoyo en la frontera, ejercicios militares y la recepción y prueba del nuevo material bélico que adquiere la institución.

Y es justamente por esta misión, y estas funciones, que en el Ejército no están conformes con la decisión que tomó el martes 17 de mayo el Consejo de Monumentos Nacionales, al resolver que sea decretado como sitio de memoria junto a otros seis inmuebles públicos, en el marco de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado.

La inquietud del Ejército radica en que al ser un recinto militar y ser declarado sitio de memoria, la unidad queda expuesta en términos de seguridad e inteligencia, dado que allí se desarrollan labores que no pueden quedar sujetas a las normas de un lugar declarado monumento nacional. Es decir, creen en la institución castrense que no podrían hacer ejercicios de explosivos, no podrían no abrir sus puertas al público y, tampoco, hacer remodelaciones que vayan en función de lo que se necesite para el entrenamiento de los soldados.

Todo esto fue expuesto por el comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga, a la ministra de Defensa, Maya Fernández, marcando el primer “téngase presente” de la máxima autoridad del Ejército sobre los “gestos” que el gobierno busca dar a 50 años del Golpe Militar, algo que está siendo impulsado con fuerza desde el Ministerio de las Culturas.

Según informó el Consejo de Monumentos Nacionales el 17 de mayo, en un comunicado de prensa, “en Atacama el primer sitio de memoria elevado a categoría de Monumento Histórico es el Regimiento N°23 de Copiapó, utilizado entre 1973 y 1976 como centro clandestino de detención, de tortura y de ejecución, el principal de la ciudad. Además, según testimonios de detenidos, fueron ejecutadas 13 personas en el caso Caravana de la Muerte. La solicitud fue presentada por Mario Silva Álvarez, presidente de la Agrupación de Familiares y Amigos de Ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos de la Región Atacama”.

El exministro de Defensa (2014-2015), Jorge Burgos, cree que “la ministra tiene que tomar una decisión difícil. Tiene que verlo bien. Lo que se podría hacer es disponer allí en la entrada un espacio de memoria, pero de ahí a calificarlo como monumento nacional, se pierde el carácter de unidad militar del regimiento y eso es bien jodido. Defensa tiene que buscar una alternativa distinta, pero está en un escenario complejo”.

Por su parte, Mario Desbordes, quien estuvo en la cartera en 2020, sostuvo que “la prioridad del gobierno y de la ministra debe ser que cualquier regimiento no pierda el uso normal que tiene y que no se desnaturalice su condición de unidad militar. Si se declara sitio de memoria, significa que queda abierto como una plaza pública y eso no puede ser. Se debe resguardar la seguridad del recinto y todo lo que conlleva (...). Me preocupa que este proceso de conmemoración de los 50 años sea llevado por la izquierda más dura, transformándolo en una reyerta entre los chilenos”.

Con la molestia del Ejército sobre la mesa de la ministra Fernández, en la institución esperan una señal. Hasta ahora, según las fuentes consultadas, no ha habido una respuesta oficial de la secretaria de Estado sobre cuál será su posición: si hará ver al Consejo la molestia de la entidad castrense, o bien dejará que siga su curso, no entrando en una pugna con el Ministerio de las Culturas. Esto último en la esfera militar es mirado con preocupación.

Consultado el Ministerio de Defensa sobre la postura de la ministra Fernández, hasta el cierre de esta edición no había una respuesta oficial.

En el Consejo, en tanto, se defienden: dicen que la resolución se tomó acorde a la norma, convocando a todos los consejeros de la instancia.

Al Ministerio de las Culturas, Defensa y el Ejército se sumó un nuevo actor: el Senado, específicamente la Comisión de Defensa Nacional, que citó para el 31 de mayo, a las 15 horas, a la ministra Fernández y a Jaime de Aguirre, titular de Cultura.

El motivo, según se consigna en la citación, es “escuchar a la señora ministra de Defensa Nacional y al señor ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, acerca de la declaración de cuarteles militares como Monumentos Históricos por parte del Consejo de Monumentos Nacionales”.

Consultado el senador miembro de la comisión, Pedro Araya (ind), señaló que “aquí no se puede negar la historia y en Chile se cometieron violaciones a los derechos humanos, se torturó y se mató a gente al interior de recintos militares. Entonces, ese punto no puede ser cuestionado hoy día, a mi juicio, por alguna autoridad. Probablemente lo que ocurre en el regimiento de Copiapó es que este regimiento aún está en funciones y debido a la tarea que deben cumplir los militares se hace complejo que pueda ser de libre acceso al público el regimiento en su conjunto”.

En tanto, Ronald von der Weth, asesor legislativo de RN en las comisiones de seguridad y defensa del Senado, afirma que “es un tema muy delicado, puede considerarse como una tuición indebida sobre una infraestructura crítica. Esta es una decisión, a mi juicio, ilegal y arbitraria que debe ser impugnada por el Ejército y el Ministerio de Defensa”.