Fact checking al Frente Amplio: mayoría de penalistas refutan argumento sobre caso Campillai para oponerse a ley Nain-Retamal

Este miércoles el proyecto de ley Naín-Retamal dio su primer paso en el Congreso. La iniciativa legislativa, que lleva el nombre de dos funcionarios de Carabineros asesinados, fue aprobada en la Cámara de Diputados y pasó al Senado, que reagendó para el próximo martes el inicio de la discusión.

Sin embargo, la votación no concitó el apoyo de parte del oficialismo, específicamente de integrantes del Frente Amplio y el Partido Comunista, quienes incluso argumentaron su oposición a la moción asegurando que si una ley como esta hubiera estado vigente cuando sucedió el caso que afectó a la senadora Fabiola Campillai, se la habría obligado a ella probar que no había méritos para que un funcionario de Carabineros le lanzara una lacrimógena en la cara.

Pese a que el Ejecutivo hizo un llamado a apoyar la iniciativa, esto no generó consenso en el oficialismo. El punto que menos apoyo tiene en cierto sector de la izquierda, son los artículos sobre la legítima defensa privilegiada, es decir, una presunción del uso justificado del arma de servicio por parte de funcionarios policiales. Por lo mismo, la ministra del Interior, Carolina Tohá, planteó que se introducirán indicaciones en la Cámara Alta.

Durante la discusión en la Cámara, tanto el PC como el Frente Amplio prefirieron abstenerse o ausentarse en algunas de las 24 votaciones. Una de las que argumentó su posición en contra fue la diputada de Revolución Democrática (RD), Maite Orsini. Para eso, citó el caso de la senadora Campillai, quien perdió su visión tras recibir el impacto de una lacrimógena disparada por el excarabinero Patricio Maturana. “Si este proyecto hubiese sido ley cuando la senadora Fabiola Campillai recibió una lacrimógena en el rostro, ella hubiese tenido que probar que no hizo nada para provocar la reacción del policía que atentó en contra de su vida”, dijo antes de abstenerse. Dicho argumento fue repetido posteriormente por la diputada de Comunes, Camila Rojas, quien a diferencia de Orsini votó derechamente en contra.

El ejemplo del caso Campillai levantado desde el FA no concita apoyos en la mayoría de los abogados consultados para esta nota. El penalista Cristián Muga explica a La Tercera PM que “ni este proyecto ni la regulación existente amparan el uso excesivo de la fuerza. Es tiempo de dejar atrás la desconfianza en el actuar de las policías, para dar paso a un trabajo parlamentario que mejore las instituciones policiales y profesionalice sus acciones”.

A juicio del profesional, “lo valioso de este proyecto no está en lo técnico, porque el actuar de Carabineros no requiere una causal de justificación nueva o reforzar alguna existente. El valor de este proyecto está en reforzar legalmente el rol que cumplen las policías en un Estado de derecho”. En ese sentido, explica, con o sin ley Naín-Retamal el resultado en el juicio Campillai habría sido el mismo.

En esa línea, Catherine Lathrop considera que la labor de Carabineros se “criminalizó indiscriminadamente, lo que nos llevó a tener que legislar para equilibrar la balanza”. Por lo mismo considera que este no modifica el proceso de prueba durante un proceso penal, como lo plantearon los diputados del Frente Amplio. “En el aspecto técnico, la carga de la prueba siempre será y así ha sido de quien persigue y busca una condena, por lo que esta ley en nada hace variar la carga de la prueba y, en consecuencia, quien diga lo contrario solo busca confundir a la opinión pública con dichos que no son efectivos y buscan crear falsas apariencias de impunidad”, apuntó.

Gabriel Zaliasnik comparte las críticas a los argumentos de los parlamentarios oficialistas que rechazaron el proyecto, porque a su juicio “los problemas que plantean quienes se opusieron al proyecto son en alguna medida bastante artificiales. Uno podría criticar el proyecto si quisiera en el sentido que pudiera tener alguna redundancia desde el punto de vista de incorporar esta legítima defensa privilegiada cuando podrías en estricto rigor hoy por hoy tener el mismo reconocimiento con las normas actuales, sin embargo, también es cierto que como consecuencia del esfuerzo por deslegitimar el actuar de las policías,(...) el proyecto de ley termina dando un efecto en lo que se propone el país por delante: restablecer de alguna manera un cierto estándar de orden y seguridad en el cual se pueda llevar adelante o conformar un estado de derecho realizado plenamente”.

Para el penalista Felipe Barruel, socio de Barruel & Borzutzky, quienes se abstuvieron o rechazaron “a nuestro modo de ver las cosas, malamente usaron el caso de la senadora Campillai”. Agrega que “es efectivo que existiría una presunción legal. Es decir, que debería ser el Ministerio Público o incluso la víctima quienes deban demostrar que no se cumplen los requisito de la legítima defensa. En el caso de la senadora Campillai, creemos que es una comparación absurda puesto que está demostrado en el juicio y posterior sentencia que ella no estaba participando de ninguna manifestación o marcha que se encuadre o que hubiera permitido a los condenados para repelerla”.

Matías Balmaceda, socio de BCP Abogados, profesor de Derecho Procesal Penal de la Universidad Finis Terrae y ex defensor penal público, explica que con el proceso legal actual “cuando los policías disparaban, ellos debían probar que hubo una agresión ilegítima, que hubo proporcionalidad en el medio empleado y que hubo falta de provocación por parte de ellos. Hoy, con esta nueva técnica legislativa, lo que hace el legislador es presentar una presunción de que estas tres circunstancias ocurren en la especie, de manera que el funcionario policial queda amparado”.

Por lo mismo, agrega que “si es que las cosas no pasaron así, como que no hubo una agresión ilegítima o proporcionalidad, el Ministerio Público podrá en el futuro imputar al policía, entendiendo que hubo un exceso en la legítima defensa, y adicionalmente está la posibilidad de que pueda discutirse estos tres componentes de la legítima defensa privilegiada. Aunque pueda creerse que habrá una manga ancha a los policías, el Ministerio Público siempre tendrá la posibilidad de controvertir estos tres presupuestos que ha establecido el legislador”.

Opinión distinta tiene el abogado Pelayo Vial, quien apoya lo señalado por la diputada Orsini, ya que a su juicio “la legítima defensa ya está en la legislación, y para que exista debe haber una agresión previa, pero podría ser excesivo, entonces comparto estas aprensiones de los parlamentarios. Este proyecto podría generar situaciones muy complejas”.

Para el académico de la UDP, Cristián Riego, “la presunción de inocencia dice que siempre corresponde la carga de la prueba al acusador, en consecuencia, este tipo de privilegios probatorios quedan totalmente fuera de lugar. Entonces lo que dice la diputada en este caso, bueno sí, es así, si yo acuso a un carabinero de haberme herido y el carabinero dice que lo hizo en legítima defensa, el que tiene la carga de la prueba no es la víctima, sino el fiscal”.

Esta mañana, en Radio Infinita, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, sostuvo que el actual proyecto “adolece de un gran defecto, y es que dispone de la ‘legítima defensa privilegiada’ en el Código Penal y eso tiene varios problemas”.

Para la abogada penalista Paula Vial, aún existen elementos que no están insertos en la discusión. Esto, porque a su juicio “algunas de las cuestiones que han aparecido, por ejemplo, que se les reconozcan o no la calidad de imputado creo que también hay un error de base gravísimo porque la calidad de imputado, aunque uno no quiera estar, también te da derechos y garantías. Y si un carabinero fuera imputado respecto de la eventual comisión de un delito, aun cuando señalara que actuó en legítima defensa, restarle la calidad de imputado sólo lo puede perjudicar porque ya no tendría los derechos asociados”.

Por su parte el académico de la UDP, Mauricio Duce, cuestiona el aumento de la pena que este tipo de legislaciones puede plantear. El abogado afirma que “el aumento de pena para los delitos que se cometen contra Carabineros es una medida que no va a producir ningún efecto, porque la verdad es que los aumentos a delitos que ya tienen penas que son muy altas en verdad son marginales, y no va a cambiar nada, pero sí tienen el riesgo de exacerbar tanto la pena que pongan contra la espada y la pared a los jueces en casos que no sean tan graves pero que en la práctica tengan una pena mucho más grave de lo que es razonable”.