Mecanismo Izurieta: maniobras del general (R) para proteger bienes abren causa por lavado de activos que involucra a dos fiscales de la zona Oriente

El excomandante en jefe del Ejército Óscar Izurieta Ferrer lleva poco más de una semana detenido en el Batallón de Policía Militar de Peñalolén. Llegó hasta allá el jueves 10 de febrero y su permanencia en ese centro de reclusión fue confirmado esta semana por la Corte Marcial luego de que la ministra en visita Romy Rutherford lo sometiera a proceso por malversación de caudales públicos y también por el posible ilícito de falsedad de documento militar. Todo en el marco de la arista que indaga el uso irregular de los gastos reservados de esta rama castrense.

Hoy las esquirlas del escenario judicial que enfrenta el exmilitar llegaron hasta su familia, pues maniobras para deshacerse de su patrimonio han involucrado a su esposa y sus dos hijas, una de ellas fiscal del Ministerio Público, organismo que este viernes determinó abrir una investigación penal por lavado de dinero.

Todo esto tiene su origen en el procesamiento, cuando la magistrada responsabilizó al exuniformado por el mal uso de fondos asignados a la institución “por un monto total $ 6.374.996.162 actualizados a la fecha y que corresponden al periodo entre marzo de 2006 y marzo de 2010″, que es cuando ejerció como máxima autoridad del Ejército. Sin embargo, a días de esta resolución se conocieron nuevos antecedentes que acorralan judicialmente a quien también ocupó el cargo de subsecretario de Defensa. En el denominado caso “Fraude en el Ejército” la jueza Rutherford no sólo descubrió desvíos de gastos reservados, sino que hace poco más de un año el inculpado dio inicio a una serie de movimientos sospechosos para reestructurar su patrimonio, deshaciéndose de casi todos los bienes que logró adquirir durante su vida.

¿Cómo fue que Izurieta pasó de tener un patrimonio millonario hasta inicios de 2021 a quedarse sin nada a su nombre? La respuesta a esa pregunta se la dio a la propia jueza Rutherford la semana pasada. La ministra, quien lo interrogó como inculpado, ahondó en sus preguntas en ese punto, ya que a esa altura estaba al tanto de los movimientos de traspaso de bienes, que estaban a su nombre, a distintos miembros de su familia.

De hecho, según fuentes conocedoras de la investigación que lleva adelante la ministra, debido a estas operaciones patrimoniales la jueza ya había abierto una arista de carácter reservado por el eventual delito de lavado de activos. El tema es que Rutherford no puede indagar hechos actuales, así que lo que estaba alistando era un dossier para que el Ministerio Público abriera una investigación, sin embargo esto se adelantó y el material ya fue remitido a la Fiscalía.

Este jueves CNN Chile dio a conocer que una de las personas que recibió los bienes del general (R) era su hija María Constanza Izurieta, quien además es fiscal de la zona Oriente, y que en las operaciones aparece como ministro de fe su marido, el también fiscal Andrés Iturra. Tras esto durante la jornada de hoy el fiscal nacional Jorge Abbott anunció la apertura de una indagatoria por lavado de activos en contra de ambos persecutores.

La situación, en todo caso, fue descubierta hace meses por Rutherford en el marco de sus pesquisas. Ya antes le había pasado algo similar. En los casos de los también excomandantes en jefe del Ejército Juan Miguel Fuente Alba y Humberto Oviedo se abrieron investigaciones en la fiscalía por lavado de activos al detectarse los mecanismos usados por los exgenerales para hacer traspaso de sus bienes. Esto bajo la lógica que, de ser hallados culpables en el denominado caso “Fraude en el Ejército”, tendrán que devolver a las arcas fiscales el dinero que malversaron.

Hasta el momento el modus operandi revelado por Rutherford tiene como principal sospecha que los exuniformados se habrían enriquecido desviando los recursos de los gastos reservados y luego, ya fuera de la institución castrense, habrían ejecutado operaciones con sus familiares para resguardar sus dineros. Si se logra probar ese esquema, el delito base sería la malversación de caudales públicos y a ese ilícito se sumaría el eventual blanqueo de capitales.

Izurieta se casó con Ginetta Fornazzari el 8 de noviembre de 1973. Ambos, al momento de contraer matrimonio, lo hicieron bajo la figura de la sociedad conyugal. Estuvieron en ese régimen civil durante décadas, hasta que el 14 abril del año pasado tomaron una decisión. Ambos llegaron hasta una notaría en Providencia para pactar separación total de bienes. Ese acto, que quedó inscrito en mayo de ese mismo año, fue clave para una serie de movimientos patrimoniales que el exsubsecretario de Defensa comenzaría a ejecutar meses después y que ahora lo tienen bajo la mira de la fiscalía por una nueva arista en su caso judicial. Todas estas actuaciones las hizo a sabiendas de que era indagado por el “Fraude en el Ejército”, de hecho ya en 2019 La Tercera advertía sobre su complejo escenario judicial.

Por eso cuando el general (R) fue consultado al respecto, el exjefe del Ejército entregó en detalle su versión de los hechos la cual quedó registrada en el procesamiento que esta semana despachó Rutherford en su contra. Izurieta se deshizo de sus bienes no porque los haya vendido a terceros, sino que porque se los dejó a su esposa e hijas. Para eso se asesoró con el estudio Pool y Compañía Abogados y el traspaso lo hizo bajo la figura legal de la donación.

Todo fue realizado casi un año antes de que Rutherford tomara la decisión de procesarlo. El exuniformado declaró que sus hijas pagaron todos los impuestos correspondientes a esta operación, que Fornazzari se quedó con una propiedad y el resto quedó dividido entre sus hijas.

¿Por qué se desprendió de todo? La respuesta a esa pregunta, por ahora, solo existe en voz del mismo Izurieta y la jueza lo dejó consignado en el procesamiento: “Él se preocupó cuando en el penúltimo control se detectó su cáncer a la próstata. Menciona que se sumó una incertidumbre política no menor, por lo que hizo la separación de bienes y las donaciones en vida. Expresa que sus hijas fueron muy solidarias y pagaron todos los impuestos y al estudio de abogados que hizo todo esto, el estudio Pool y Compañía Abogados, particularmente Patricio Pool, quien le sugirió la metodología cuando le dijo que quería realizar la separación de bienes para dejar asegurada a su señora, y hacer las donaciones en vida con el resto de sus propiedades”.

Izurieta dijo que cuando asumió como comandante en jefe del Ejército tenía cuatro propiedades. Entre ellas estaba una casa en Las Condes que compró en 1985 luego de su paso por Medio Oriente. También tenía un departamento adquirido en 1989 en esa misma comuna y un tercero en Peñalolén que compró en 2001. A ese listado se sumaba, en ese entonces, una casa en el condominio Santa María de la comuna de Santo Domingo. Ese terreno lo compró en 1999 y construyó la casa en 2002.

Las donaciones hacia sus hijas partieron en septiembre del año pasado. A su hija Carolina Izurieta le donó la propiedad ubicada en la comuna de Santo Domingo además de un departamento, bodega y dos estacionamientos de un edificio de Las Condes. Izurieta contó que esta última propiedad la pagó al contado con ahorros que tenía en fondos mutuos del Banco Santander y con seguros con ahorros de Chilena Consolidada en 2014. La jueza le preguntó por la magnitud de sus ahorros y el exuniformado le dijo que en el banco pudo haber tenido cerca de $ 200 millones, que llegó a tener $ 300 millones y que le iba bien con las inversiones ya que en promedio ahorraba $ 5 millones mensuales.

Sin tener certeza del dato, ya que comentó explícitamente que la cifra puede ser errónea, declaró ante la jueza que a sus dos hijas “las equilibró” con $ 400 millones cada una como resultado de sus donaciones.

A su hija María Constanza Izurieta -quien es la fiscal ahora indagada y que también será sumariada junto a su esposo- le donó el departamento de Las Condes que adquirió en 1989. A eso se sumó otro dos bienes inmuebles, dos estacionamientos y una bodega ubicados en esa misma comuna. Esta propiedad la compró en 2008, costó cerca de 6 mil UF y lo pagó -según él- con ahorros y un crédito hipotecario de 2 mil UF que pidió al Banco Santander.

En los alegatos ante la Corte Marcial, la consejera del CDE María Inés Horvitz fue quien dio la primera estocada en contra del exgeneral y su familia al revelar ante el tribunal de alzada castrense que junto a las acusaciones de malversar millonarias sumas de gastos reservados del Ejército, se habían detectado maniobras para evitar que los bienes adquiridos, y que son parte de su patrimonio, pudieran ser embargados.

Este jueves fue el propio CDE el que pidió a Rutherford que abriera una causa penal por eventual lavado de activos y enviara los antecedentes a la Fiscalía, por ser competencia del actual sistema penal el perseguir estos eventuales delitos. La jueza ya ofició al Ministerio Público para ponerlo al tanto de todos estos antecedentes.

Sobres sus ahorros, Izurieta declaró que la mayoría fue generado por los ingresos que recibía por concepto de arriendo, fondos mutuos y venta de dólares. Por ejemplo, por una de sus casas de Las Condes, percibía $ 500 mil mensuales por arriendo. Por su departamento en Peñalolén le entraban otros $ 350 mil, por el departamento de Las Condes ganaba otros $ 350 mil.

Además relató que paulatinamente fue vendiendo dólares que tenía en el extranjero cuando fue agregado militar en el año 2000. Esa venta de dólares habría durado hasta el año 2012. En el procesamiento se lee que “a veces usaba la tarjeta de crédito del HSBC para ahorrar plata acá y que además iba trayendo dólares desde el extranjero a razón de sumas menores de US$ 9.000 cada vez, para no tener problemas al ingresarlos”.

Actualmente tiene seguros de vida con ahorro en Sura y en Zürich Chilena Consolidada. En el primero tiene cerca de $ 130 millones pactado en un sistema de entrega de cuotas mensuales y en Sura tiene alrededor de $ 240 millones. A Rutherford le dijo que a la fecha ya no tiene inversiones, fondos mutuos ni depósitos.

El seguro con Zürich Chile Consolidada lo inició cuando partió como subsecretario de Defensa en 2010. Lo partió con $ 4 millones de ahorro mensual y luego lo subió a $ 5 millones. Actualmente recibe una pensión de $ 3,4 millones y una pensión de profesor militar de $ 600 mil.

El exuniformado también le detalló a la ministra Rutherford que producto del fallecimiento de su madre heredó $ 30 millones en 2006. Una de sus casas, que vendió a una inmobiliaria antes de estas operaciones con sus hijas, la compró en 3 mil UF y la vendió en casi 10 mil UF. Producto de esa transacción, más un crédito de mil UF, en 2009 pudo comprar en verde -sostuvo- el departamento donde vive actualmente que está ubicado en Vitacura. Esa última propiedad fue la única que quedó en manos de su esposa, luego de la separación de bienes realizada en 2021.

Después de desprenderse de todas sus propiedades, Izurieta solo se quedó con dos autos. Se trata de dos Ford Escape que están inscritos a nombre de su señora y que ambos suman, solo en evalúo fiscal, más de $ 33 millones. Fueron comprados en 2020 y 2021 con los recursos generados por la venta de otros autos que tenía previamente y por un crédito Forum.

Pese a haberse desprendido de todos sus bienes, Izurieta sigue estrechamente vinculado a ellos. No solo por el hecho de que se los donó a su propia familia nuclear, sino que por otro motivo. Tanto Carolina como María Constanza renunciaron a recibir los ingresos por el concepto de arriendo de esas propiedades que, por dos de ellas, se traducen en más de $ 1.800 millones. Por escritura pública sus hijas lo nombraron administrador de los bienes raíces por lo tanto a pesar de no ser oficialmente el dueño, sigue recibiendo los beneficios monetarios de estos bienes raíces. “Reconoce que efectivamente en el papel las propiedades están a nombre de sus hijas y él continúa percibiendo los arriendos de la misma forma que percibía antes de hacerles la donación, y continúa pagando las contribuciones como también lo hacía antes”, se consigna en el procesamiento.