Megacárcel para pandilleros de Bukele desata el debate regional por el llamado “populismo punitivo”

Construido en tiempo récord en una zona aislada de El Salvador, el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) se ha convertido en el símbolo de la cruzada que el Presidente Nayib Bukele ha llevado adelante. Defendida a cabalidad por el mandatario, la cárcel ha sido objeto de debate entre numerosos analistas de Latinoamérica. Acusaciones de violaciones a los derechos humanos por organismos internacionales y el poco respeto a la presunción de inocencia se cruzan con visiones que respaldan el actuar de Bukele.

Desde teólogos cuestionando la puesta en escena de cuerpos tatuados y encadenados de pies y manos, hasta historiadores que sopesan los beneficios y cuestionamientos que acarrearía el aplicar la política Bukele a países vecinos como Costa Rica, son algunas de las olas que ha generado el inicio del funcionamiento de la cárcel.

Ubicada en Tecoluca, a unos 74 km al sureste de San Salvador, la megacárcel cuenta con 166 hectáreas compradas por el Estado, de las cuales 23 fueron utilizadas para la construcción de sus ocho pabellones rodeados por 2,1 kilómetros de un muro de concreto de 11 metros de altura. En ella cabe una población penal de 62.975 personas, la que cuenta con sus primeros 2.000 internos desde el viernes 25, cuando empezó formalmente su operación, y junto a ello, se reinició el debate.

Ante las acusaciones de no respetar los derechos humanos de las personas acusadas de pertenecer a pandillas, el Presidente de El Salvador se defendió afirmando que nadie se preocupó por las víctimas. “Pobrecitos los criminales, pobrecitos cómo les estamos violando sus derechos en las cárceles; pobrecitos cómo les quitaron las colchonetas..., pero no dijeron nada cuando ellos les quitaron la vida a los salvadoreños”, afirmó.

“Esta será su nueva casa, donde vivirán por décadas, mezclados, sin hacerle más daño a la población”, dijo Bukele en un video compartido a través de sus redes sociales el día en que llegaron los reos. Su política, definida por expertos en derechos humanos como “populismo punitivo”, ha sido objeto de discusión nuevamente gracias a la descripción del interior del Centro de Confinamiento del Terrorismo.

“La megacárcel es un símbolo de sus políticas punitivas en materia de seguridad. Es probable que le ayude a mantener los índices de popularidad con los que cuenta, pero la historia de El Salvador demuestra que es improbable que este encarcelamiento masivo lleve a mayor seguridad a largo plazo”, dijo a La Nación el subdirector en funciones de Human Rights Watch (HRW), Juan Pappier.

Mientras organismos como Human Rights Watch y Cristosal denuncian haber encontrado más de 1.000 casos de situaciones graves de violaciones a los derechos humanos cometidos por soldados y policías durante el régimen de excepción a diciembre del año pasado, Amnistía Internacional expresó “su profunda preocupación” por la creación de la megacárcel, llamando al mandatario a “cambiar de rumbo” en su llamada guerra contra las maras.

“Amnistía Internacional ha denunciado un claro patrón de violaciones de derechos humanos bajo el enfoque de seguridad pública actual en El Salvador. La construcción de esta nueva prisión podría suponer la continuidad y el escalamiento de estos abusos”, dijo el ente haciendo un llamado “a la comunidad internacional para que actúe”.

La réplica de Bukele fue directa hacia sus críticos, asegurando que “no dijeron nada cuando ellos le quitaron la tranquilidad a nuestro país, cuando ellos han hecho que corra sangre en nuestro país y cuando ellos han causado, de hecho, que en nuestro país no se desarrolle como debería ser”.

Pero la discusión sobre la eficacia de la política de Bukele y la posible implementación en otras naciones ha trascendido hacia la región. Bernardo Vega, historiador y exgobernador del Banco Central, escribió una columna en el medio costarricense Acento, donde se pregunta si países como Panamá y Costa Rica deberían imitar a Bukele.

“Por todo el mundo circulan fotos de miembros de las bandas en cárceles salvadoreñas casi desnudos y maniatados. Líderes políticos y ciudadanos centroamericanos, hasta peruanos y chilenos, han admitido su admiración por esa política de Bukele. Pero este, al mismo tiempo, ha eliminado el derecho a un juicio justo para los acusados de pertenecer a las bandas quienes tienen poco acceso a abogados”, argumentó Vega. “Bukele puede haber fracasado al adoptar la criptomoneda, pero le ha ido bien en la lucha contra las bandas. ¿Países como Costa Rica, Panamá y el nuestro tratarán de emular a Bukele, o somos demasiado democráticos para hacerlo?”, afirmó el historiador, ponderando entre los pros y los contras.

En México, Hernán Quezada, médico, teólogo moral y sacerdote jesuita, escribió en El Universal sobre la puesta en escena que acompaña todos los anuncios relacionados con las pandillas que Nayib Bukele levanta. “Las cámaras captan la llegada al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), muestran sus rostros duros, sus cuerpos tatuados. Cuanta ‘fealdad’ por todos lados, parecen ser el mismo humano multiplicado como virus peligroso, son desecho que hay que tirar, borrar, eliminar”, cuestionó.

“Soy cristiano y creo que Dios, al mirar el mal del mundo, al mirarnos enredados en nuestras propias iniquidades e injusticias, generando destrucción y muerte, no decidió borrarnos como basura, sino que apostó por redimirlo todo”, cuestionó el teólogo.

En conversación con La Nación, el politólogo Mauricio Jaramillo aseguró que este “es un fenómeno que apenas está empezando y veremos hasta dónde va a llegar”, puesto que “en América Latina hay un fuerte debate y en Colombia es un tema sensible, porque trae a la memoria la efectividad, muy entre comillas, de la seguridad democrática a expensas de los derechos humanos. Cuando eso ocurrió entre 2002 y 2010 (gobierno de Álvaro Uribe), la euforia de las victorias sobre la guerrilla y los rescates de secuestrados, nadie reparó en demasía en los excesos que se cometían. La justicia basada en la venganza no puede prosperar, en el fondo crea problemas hacia el futuro”.

Las encuestas, por otro lado, sirven como argumento al mandatario de que cuenta con el apoyo de la ciudadanía. En diciembre de 2022, una encuesta de LPG Datos levantada por el medio La Prensa Gráfica, de El Salvador, detallaba que el 87,8% de los salvadoreños aprobaba el trabajo de Bukele al mando de la nación, mientras que el 89,5% avalaba su guerra contra las pandillas.

Otro sondeo, de la ONG Fundaungo, aseguraba que el 89,8% de la población entrevistada aprobaba el estado de excepción, lo que significaba un aumento de seis puntos frente a la medición realizada en junio de ese año.

Todo empezó aquel fatídico fin de semana del 25 de marzo de 2022, donde 87 personas habrían muerto a manos de integrantes de las maras, grupos pandilleros de la zona. Desde ese día, el mandatario impulsó su polémica estrategia para “erradicar” a estas agrupaciones, como ha repetido en múltiples ocasiones, la que incluye un muy prolongado estado de excepción iniciado a fines de marzo –el que cuenta con amplio respaldo de la ciudadanía, según han constatado durante meses encuestadoras de todos los espectros políticos–, así como el CECOT, calificado por el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, como “la cárcel más grande de toda América”, donde “sería imposible que salga un reo”.

Entre las características de la cárcel de 6.000 metros cuadrados, destaca que solo hay 32 celdas de unos 100 m², las que recibirán “más de cien” reclusos, según confirmó el ministro Rodríguez a medios internacionales. Dos piletas con agua corriente y dos inodoros son parte de la infraestructura del espacio, mientras que los camarotes hechos con láminas de hierro no cuentan con colchones. El problema, denuncian agrupaciones de derechos humanos, es que solo habría 80 camas por sala.

Según Infobae, cada pabellón cuenta con “celdas de castigo”, habitaciones oscuras y sin ventanas que servirán como estrategias para combatir actos de mala conducta. “No se han construido patios, áreas de recreación, ni espacios conyugales”, agregaron las autoridades, detallando que los supuestos pandilleros solo saldrán de sus celdas para asistir a las salas donde se llevará adelante su proceso judicial virtual.

Otro detalle, esta vez administrativo, es la obligación que el Estado impone a las familias de los detenidos bajo el estado de excepción de pagar 170 dólares mensuales para que los presos tengan acceso a alimentos y productos básicos, denunciaron según Infobae. Según ellos, pagan 35 dólares por alimentación, 15 por artículos de higiene, 30 por vestimenta, 20 por limpieza de área y 70 dólares por misceláneos, detalle que no se puede corroborar a ciencia cierta debido a la política gubernamental donde se declara como reservada toda la información sobre prisiones y políticas de seguridad. Sin embargo, el propio mandatario ha compartido y retuiteado artículos donde se asegura que cobrará por alimentos dentro de la prisión.